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Por Obed Betancourt
San Juan, 22 ago (INS).- El gobierno podría estar invirtiendo su dinero en empresas que rayan en la usura, y venden armas, mientras, por otro lado, legisladores presentan proyectos de ley para regular los intereses que pueden cobrar esas mismas empresas de llamados “préstamos abusivos”.
Los esfuerzos contradictorios del gobierno para capitalizar sus haberes mientras a la vez pone en riesgo esa misma inversión no es nueva, sin embargo, la información surge en momentos en que la junta de control fiscal impone estrictos controles a las finanzas gubernamentales.
Los estados financieros no auditados del gobierno central 2014 reflejan que ciertos fondos de pensiones de los empleados públicos del gobierno central, los maestros y la Universidad de Puerto Rico son administrados por firmas de inversión que ponen esos dineros en empresas que la Legislatura, aunque sin éxito, ha tratado de regular, imponiendo entre otras cosas, un tope al interés de los préstamos que ofrecen.
A ese año, $206.3 millones de los fondos de pensión del gobierno central, y $23.5 millones de la UPR, eran manejados por el Grupo Guayacán y Advent-Morro. Este grupo de inversión ha puesto su dinero en empresas con perfil usurero.
Más recientemente, el administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, indicó a la prensa que también tiene una parte de su cartera de inversión bajo la administración de los fondos creados por el Grupo Guayacán-Advent Morro, sin saber, admitió, dónde exactamente invertía esta empresa de inversión los dineros que manejaba.
El Grupo creó varios fondos de inversión. La CFSE invirtió en una clínica de salud en construcción en Caguas, en cuya actividad de colocación de primera piedra asistió Rodríguez, sin saber con exactitud cuánto de los dineros de su agencia se invirtió ahí. El presidente de Advent-Morro, Cyril Meduña, también participó en la actividad.
Advent-Morro Equity Partners, Inc. tiene en su cartera sobre una veintena de compañías. Sin embargo, destaca entre ellas a la cadena de empeño La Familia, que tiene 21 sucursales en la isla y Florida.
La Familia es una casa de empeño y joyería fundada en el 2009 en la Isla, y provee préstamos pequeños a cambio de objetos como colateral. Más recientemente, la empresa incursionó en los controversiales “title loans”, o préstamos por el título del auto.
La cadena, en Florida, empeña y vende armas de fuego, asegura en su página web. La mayor parte de sus clientes en Florida son puertorriqueños.
El presidente y principal oficial ejecutivo de La Familia, David Ashe, es también socio de Advent-Morro.
La Familia en la Isla se fundó con una inversión de medio millón de dólares.
En los estados financieros auditados de la UPR, 2014, se indica que entre diversos fondos de Guayacán y Advent-Morro, estos le administran $23.5 millones.
Hace unos meses, el representante José Enrique Meléndez presentó el Proyecto de la Cámara 800, que introduciría y regularía en Puerto Rico los préstamos por depósito diferido o “payday loans”.
Estas son transacciones en las que el cliente toma adelanto de pequeñas sumas de dinero, sin colateral, vencederos al día de pago del que toma prestado.
“Descritos por algunos como una alternativa para atender gastos imprevistos y por otros como ‘préstamos abusivos’, los ‘payday loans’ han sido objeto de debate en Estados Unidos, donde surgieron en la década de 1990, y en Puerto Rico, donde una pieza legislativa trató sin éxito de introducirlos en 2006”, explicó el legislador entonces.
“Estos préstamos se están haciendo en Puerto Rico, pero a través de la Internet”, advirtió el legislador.
La intención detrás de este proyecto, sin embargo, es establecer una política pública que permita defender a los sectores empobrecidos de la Isla y controle el avance de los prestamistas usureros.
El Proyecto de la Cámara 2091, de 2006, tuvo esas mismas intenciones y fracasó.
Por otro lado, la representante Yashira Lebrón ya intentó en el 2015 regular la industria de préstamos sobre títulos de vehículos (“title loans”), a los fines de imponer un tope en los intereses que estos pueden cobrar a los individuos que se acogen a este sistema de préstamos.
La legisladora sostiene que estos préstamos tienen términos usureros que se elevan hasta un 240% sobre el préstamo otorgado. Son los sectores ya empobrecidos los que acuden a solicitar estos préstamos pues no tienen garantías suficientes para tomarlos de la banca, o tienen dañado el crédito.
Lebrón sostuvo en la justificación de su proyecto que muchas veces los clientes terminan perdiendo su vehículo ante la imposibilidad de repagar el préstamo.
La ley 23 de 2011 (Ley para regular los negocios de casas empeño) regula también esa transacción financiera.
El Proyecto de la Cámara 1288, de 2001, que intentaba enmendar la Ley de Préstamos Personales Pequeños para impedir que continuasen elevándose las tasas de intereses de los préstamos pequeños, y fijando un tope de 10% por encima del “Prime Rate”, tampoco tuvo éxito.
Las leyes que impedían la usura en la Isla, aprobadas desde el 1902, fueron desregularizadas a través de todo el siglo XX. En 1998 la Ley facultó a la Junta Financiera de OCIF para dejar a la libre competencia los intereses a ser cobrados por las compañías de préstamos personales pequeños.
Meléndez no descartó investigar en la Cámara de Representantes si el gobierno y la UPR tienen inversiones en estas empresas de costo caro para el cliente, y que incluso venden armas en Florida. Igualmente señaló que se puede solicitar una investigación administrativa al gobierno para que se asegure de que las inversiones que haga sea donde se adelante la política pública.
Meléndez condenó esa inversión, de evidenciarse que en esas empresas hay dinero del gobierno.
“El poco dinero que tiene el gobierno se debe invertir en instrumentos que promuevan la política pública del gobierno, y esas (empresas de usura y armas) no lo son”, afirmó. INS
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