R. Dominicana-El segundo mandato del presidente Medina salpicado con grandes escándalos de corrupción (crónica)

Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 16 ago (INS).- El presidente Danilo Medina arriba al primer año de gestión de su segundo mandato con grandes escándalos de corrupción que mermaron su popularidad e incluyó el arresto de uno de sus principales ministros.
Los casos de la compañía constructora Odebrecht, la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos y del Consejo Estatal del Azúcar, entre otros, marcaron al Gobierno que tiene como busque insignia las visitas sorpresa para la generación de empleos e impulso de proyectos agrícolas a través de asociaciones y cooperativas.
En el caso de la multinacional carioca, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez sometió a la justicia a 14 personas, entre ellas un ministro y tres legisladores, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora brasileña en el país.
Del grupo, sólo dos guardan prisión por un año: el empresario lobista Ángel Rincón Rijo, llamado “El hombre del maletín”, y el ex ministro Víctor Díaz Rúa, hombre de confianza del ex presidente Leonel Fernández.
Ambos están presos por disposición de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Rondón fue que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa entregó en sobornos en el país, según le dijo en enero pasado el gerente general de Odebrecht local, Marcelo Hofke, al procurador general Jean Alain Rodríguez.
Por el caso también fueron llevados ante los tribunales Juan Temístocles Montás, primer ministro en funciones (de Industria, Comercio y Mypimes) que cae tras las rejas; el expresidente del Senado y actual jefe del Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal de la oposición, Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González.
Asimismo, los ex vicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Radhamés Segura y César Sánchez, el exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa) Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y Máximo De Óleo, ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y Bernardo Castellanos de Moya.
No escapan al caso los senadores Tommy Galán y Julio Cesar Valentín, del PLD, y el diputado opositor Alfredo Pacheco, a quienes les fueron impuestas medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva.
A todos, exceptuando a Ángel Rincón Rijo y Víctor Díaz Rúa, les fue variada la medida de coerción consistente en una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría General de la Republica.
Mientras que la venta a precio vil de los terrenos del sector Los Tres Brazos a la empresa Titulatec, que presionaba a moradores para que le pagaran los predios donde construyeron sus viviendas hace 20, 30 y más años, también afectó la popularidad del gobierno.
Los Tres Brazos es un sector ubicado en las cercanías del río Ozama, en el municipio Santo Domingo Este, poblado por personas de clase media y baja.
La empresa Titulatec alegó que compró tres parcelas por 80 millones de pesos dominicanos (170 mil 212 dólares estadounidenses) hace seis años y que tiene derechos legales para reclamar el cobro de los solares.
Fue en 2010, cuando la empresa inversiones Fernández Farache (Infepa), comenzó a vender los terrenos luego de un acto de compra a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que era la propietaria de los predios donde funcionaba una fábrica de calzados.
Más adelante se creó el consorcio Infepa-Titulatec, este último propiedad de José de Pool Dominici, quien era el encargado de vender los solares.
Esta situación obligó a que el Poder Ejecutivo designara una comisión para evaluar e investigar la venta de los títulos de esa zona. La comisión rindió un informe en el que recomiendan al presidente de la República no reconocer la transacción comercial.
El informe sostiene que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la Ley de Reforma de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
Otro hecho que afectó al presente Gobierno fue el asesinato de los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, dentro de la emisora 103.7 FM en la provincia de San Pedro de Macorís (Este), acción cometida por una persona, que luego se suicidó, y se sintió engañada en la compra de unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En este caso se vendió la misma propiedad a varios compradores.
La víctima del engaño compró tres terrenos pero no recibió ninguno, a pesar de haber invertido más 627 mil 739 pesos (13,356 dólares).
Este escándalo provocó la destitución del director de esa institución, José Joaquín Domínguez Peña, quien fue suspendido por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de febrero, en su lugar designado Pedro César Mota. INS
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