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San Juan, 19 sep (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público cuestionó el gasto de 16 millones de dólares en la investigación sobre la deuda pública que realiza la Junta de Control Fiscal, la que -advierte- “de ninguna manera representa una auditoría de la deuda”.
La Comisión, corporación sin fines de lucro que tiene la única misión de realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo y es de naturaleza estrictamente ciudadana, dará continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97-2015, que fue eliminada.
“Luego de revisar el informe y escuchar la vista púbica de la Junta y Kobre & Kim, es lamentable que el país, en medio de toda esta crisis, esté pagando 16 millones de dólares por una investigación que está muy lejos de ser una auditoría de la deuda. El informe ni siquiera señala a los responsables de esta crisis”, apuntó Luis José Torres Asencio, profesor de derecho constitucional.
El vicepresidente de la Comisión señaló que el trabajo “tampoco contesta las preguntas más importantes sobre la constitucionalidad de la deuda y se publica en un contexto en el cual el gobierno y la Junta han anunciado acuerdos de restructuración de la deuda con los bonistas de AEE, Cofina y el BGF, que parten de la premisa de que esas deudas son legales y exigibles”.
Por su parte, José González Taboada, CPA e integrante de la Comisión, añadió que “la investigación no cumple con los elementos básicos de una auditoría de la deuda que tanto necesitamos. Por ejemplo, no se pasó juicio sobre los actos que llevaron al problema de endeudamiento que estamos sufriendo. Sólo se hace un relato de los hechos”.
La Comisión intentó infructuosamente comparecer a la audiencia llevada a cabo ayer y presentar una ponencia exponiendo las principales fallas del informe, así como la necesidad de realizar una auditoría integral ciudadana de la deuda.
“Resulta lamentable que la Junta le haya cerrado las puertas a la Comisión y al pueblo para participar efectivamente en la discusión del informe. Su proceder refleja que la audiencia no era más que un pretexto para intentar transmitir la impresión de que hubo alguna participación ciudadana en la evaluación del documento”, dijo Roberto Pagán, presidente de la Comisión.
Añadió que “el hecho de que controlaran quiénes servirían de ponentes en la actividad, así como que hasta se abstuvieran de mencionar y contestar las preguntas enviadas por la Comisión, revela que la audiencia pública es otra burla más al país”. INS
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