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Cabo Rojo, 10 sep (INS).- El municipio de Cabo Rojo retuvo dos millones 56,176.80 dólares en fondos federales para un proyecto de mitigación de inundaciones en la comunidad Pole Ojea, luego de que Justicia fallara a su favor un recurso de mandamus interpuesto por el alcalde Roberto Ramírez Kurtz contra el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec).
El dinero corresponde al programa CDBG-DR-2008 otorgado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés), y el problema se suscitó porque Jesús Vélez Vargas se rehusaba a ordenar el desembolso.
“Muy pronto los residentes de Poleo Ojea verán el comienzo de la construcción del proyecto para evitar inundaciones en virtud de una estipulación lograda bajo la supervisión de la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, después que el Departamento de la Vivienda -agencia que sustituyo en ley a la Odsec-, retirara sus objeciones para desembolsar el dinero”, dijo Ramírez Kurtz.
El primer ejecutivo explicó que el municipio solicitó el desistimiento con perjuicio del recurso de mandamus e interdicto, que fue concedido por la jueza Roques Arroyo porque el litigio se tornó académico luego de que el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, enviara los documentos requeridos por la administración municipal en los cuales se retiraban las objeciones.
Las cartas que liberan los fondos y ordenan el desembolso al municipio de Cabo Rojo fueron emitidas por el Departamento de la Vivienda después que la jueza Roques Arroyo ordenara el 27 de agosto que las partes presentaran las estipulaciones de hecho en o antes del 29 de agosto.
La celeridad para la resolución del caso fue para evitar que los fondos se recapturaran al finalizar el año fiscal federal, el 30 de septiembre del año en curso.
El recurso de mandamus, sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente fue radicado contra Vélez Vargas “por mantener un patrón de conducta discriminatoria contra el municipio de Cabo Rojo, al ejercer su autoridad particularmente en lo que respecta a la evaluación y adjudicación de solicitudes; todo eso en clara violación de los derechos consignados en nuestra Constitución”.
Ramírez Kurtz había advertido que, además de la gran cantidad de dinero y esfuerzo invertidos por su administración en el cumplimiento con los requisitos para acceder a los fondos asignados por HUD bajo el Programa CDBG-DR-DREF 2008, la inacción de Vélez Vargas creaba una posibilidad real de que los mismos se recapturaran si no eran desembolsados antes del 30 de septiembre.
El recurso legal afirmaba que el daño al que se exponía el municipio “es sustancial e inminente ya que está en riesgo el acceso a unos fondos federales debidamente asignados, sin los cuales no será posible realizar un importante proyecto de mitigación de inundaciones en la comunidad Pole Ojea, que resulta indispensable para quienes allí residen y que el municipio no puede sufragar”. INS
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