P. Rico-Denis Márquez busca garantizar por ley el derecho a información en español

San Juan, 8 sep (INS).- El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció que presentó un proyecto que busca establecer el derecho de toda persona en Puerto Rico a obtener copia traducida al español de cualquier comunicación oral o documento escrito de carácter oficial.

El proyecto 1753 incluye comunicación de cualquier agencia, departamento, subdivisión política, corporación pública, municipio, oficina o dependencia de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial del gobierno de Puerto Rico.

“El gobierno tiene que proveer a la ciudadanía una oportunidad real de acceder y evaluar la información en su poder. El Estado no puede imponer barreras que dificulten la comprensión de la información por parte del pueblo, y una de las barreras más evidentes es el idioma. De utilizarse un idioma que sectores no dominan, el gobierno no estaría cumpliendo con su deber”, apuntó.

El legislador independentista explicó que el lenguaje del artículo 2 de la Ley 1-1993 -a ser enmendado por el proyecto 1753- es insuficiente, porque que deja a discreción del gobierno las instancias en que deberá traducir una expresión o un documento oficial al español.

Agregó que según cifras oficiales brindadas por el propio gobierno, el 75% de las personas en Puerto Rico no domina el inglés, mientras que el 90% habla español en su hogar.

“Ante esta realidad, la disponibilidad de la información pública del gobierno en español no es un mero capricho o dádiva adicional que puede ofrecer a conveniencia, sino un derecho constitucionalmente obligatorio para satisfacer el derecho de los puertorriqueños a acceder y entender la información oficial en poder de quienes vienen llamados a representarles”, manifestó.

De hecho, sobre el tema, Márquez Lebrón narró que la insuficiencia del artículo 2 quedó en evidencia recientemente cuando Espacios Abiertos, organización sin fines de lucro dedicada a lograr el acceso a información pública, se vio forzada a demandar al gobierno para lograr obtener copia en español del denominado “Plan para la Recuperación de Puerto Rico”.

“La postura oficial del gobierno ante el tribunal fue que no tenía ninguna obligación de traducir el complejo documento de sobre 400 páginas para beneficio de los sectores que no dominan el inglés. Este proyecto busca establecer claramente ese deber constitucional. Exhorto a la legislatura a reconocer estatutariamente dicha responsabilidad”, acotó el abogado. INS

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