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Santo Domingo, 7 sep (INS).-Al alegar problemas de salud, salió hacia España el ex ministro Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados en el escándalo de corrupción promovido en el país por la constructora brasileña Odebrecht.
Víctor Díaz Rúa en foto de archivo mientras era conducido a una de las audiencias por el caso Odebrechet. / Inter News Service
El ex funcionario viajó amparado en la autorización de la revocación provisional por 15 días de un impedimento de salida decretado en su contra durante una audiencia donde se conoció la medida de coerción relacionada al caso.
El permiso para abandonar el territorio nacional, que sorprendió a la sociedad dominicana debido a la gravedad del proceso judicial, le fue otorgado el 3 de este mes por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que conoce el expediente, quien le advirtió que debe presentarse para la continuación de la audiencia preliminar, que se reinicia el primero de octubre.
Díaz Rúa, antiguo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, viajó en el vuelo 088 de Air Europa, según consta en el registro de salida de la oficina de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional Las Américas. El motivo de la partida es para someterse a un chequeo médico.
La solicitud de ausencia para esas diligencias se formalizó a través de los abogados del encartado, Miguel Valerio Jiminián y Ramón Emilio Núñez, el 29 de agosto, alegando que el imputado “no representa peligro de fuga y que necesita recibir tratamiento por dolores agudos debido a problemas ortopédicos en sus rodillas”.
Aunque el viaje se produjo el pasado miércoles, no trascendió a la prensa nacional, sino ayer.
De acuerdo a un medio local, se sospecha que el imputado habría salido con familiares cercanos, pero esto no se pudo comprobar porque al parecer sus acompañantes no se registraron en el momento que él lo hizo.
Díaz Rúa está acusado junto a otras siete personas de ser beneficiario de los 92 millones de dólares entregados por el consorcio carioca, a cambio de obtener millonarios contratos para la construcción de obras estatales.
El magistrado Ortega Polanco varió la medida de coerción contra éste el 8 de septiembre de 2017, de nueve meses de prisión preventiva, al pago de 50 millones de pesos dominicanos (998 mil 502 dólares), impedimento de salida sin autorización hasta que dure la investigación del caso de corrupción y además la obligación de presentarse los primeros jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción (Pepca).
El exministro enfrenta la acusación de Asociación de Malhechores, prevaricación, sobornos, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito, y otros delitos, junto al empresario Ángel Rondón Rijo, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, senador Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Jesús Vásquez Martínez y Porfirio Andrés Bautista García.
Estos dos últimos fueron presidentes del Senado de la República y son actuales dirigentes del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), la segunda fuerza política del país. INS
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