P. Rico-Aponte Hernández advierte sobre riesgos de legalizar máquinas de juegos de azar porque causan “grandes daños sociales”

San Juan, 6 sep (INS).- El representante José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), advirtió que se debe reevaluar cualquier posible enmienda al proyecto de reforma contributiva que contenga la autorización para que las máquinas de juegos de azar en la calle paguen premios.

El político recordó que existen estudios que establecen que los juegos de azar “causan grandes daños sociales y así ha quedado demostrado”, por lo cual una enmienda para legalizar esos juegos “es contraproducente a los mejores intereses del gobierno y del pueblo”.

“El argumento detrás de esa iniciativa es que la operación de las famosas ‘maquinitas’ generaría alrededor de 100 millones en impuestos nuevos. Esa premisa es falsa. Todo lo contrario, el uso de estas máquinas sería nefasto para nuestra economía, destruyendo fuentes de empleo y recaudos, además de aumentar dramáticamente los costos en servicios de salud y seguridad”, afirmó.

De acuerdo con varios estudios científicos, la prevalencia del juego patológico en los Estados Unidos fluctúa entre el 0.4 al 1 por ciento. Mientras que, en Puerto Rico, la tasa es más alta que en cualquier otra jurisdicción de la nación.

Un reporte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en julio pasado, confirmó que el 7.4 por ciento de la población de la isla podría ser jugador patológico y un 6.4 por ciento adicional podría tener problemas con el juego en el transcurso de la vida.

Según dijo Aponte Hernández, la adicción al juego o ludopatía tiene costos económicos y sociales reales para las personas y las familias, así como para la sociedad.

“Los costos sociales potenciales son incremento en las cifras de violencia doméstica, abuso infantil, divorcios, robos, suicidios, abuso de drogas, bancarrota, ausentismo laboral, pérdida de productividad, malversación de fondos, fraudes financieros, incrementos en los costos al sistema judicial criminal, entre otros”, señaló el lesgislador.

El National Coalition Against Legalized Gambling establece que el costo para el gobierno por cada jugador compulsivo ronda entre los 14,006 y 22,077 dólares por año.

“Esto supera por mucho cualquier proyección de ingresos que se ha brindado en relación con la operación de estas ‘maquinitas’. Por eso, entre otras cosas, nos oponemos a su legalización”, dijo Aponte Hernández.

Añadió que “la realidad es que no tenemos los recursos necesarios para controlar la proliferación de las máquinas de juego, así como tampoco hemos podido garantizar que el requisito de mayoría de edad para utilizar las máquinas de entretenimiento de adultos se cumpla”.

“El gobierno tendría que crear un nuevo sistema de inspección, asignando para eso millones de dólares que sencillamente no existen. Los costos superan por mucho, pero por mucho, cualquier alegado beneficio”, sentenció el representante. INS

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