Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 6 de septiembre de 2018
P. Rico Exigen a presidente del PPD que explique su relación con los $139.6 millones en contratos para empresa relacionada con su hermano Eduardo
San Juan, 6 sep (INS).- El senador y vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Abel Nazario Quiñones, exigió ayer del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, una explicación sobre su posible intervención y la de su hermano Eduardo Ferrer en la otorgación de $139.6 millones en contratos sin subasta con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
“En el 2007, el 2014 y el 2015, bajo las administraciones del PPD, se le otorgó contratos sin subasta y por varios años a una empresa relacionada a Eduardo Ferrer, por $139.6 millones. Eduardo Ferrer, quien compareció como abogado de un coacusado federal en caso de Anaudi Hernández y fue representante del PPD, admitió que tenía relación con esta empresa, pero nunca ha querido decir si recibió comisiones por estos contratos millonarios”, sostuvo Nazario Quiñones.
El senador del PNP detalló los contratos recibidos por la empresa Medsci Diagnostics, Inc., con la CFSE, y señaló que una investigación realizada demuestra una posible intervención del presidente del PPD en la otorgación de esos contratos.
“Hoy le estamos exigiendo a Héctor Ferrer que sea transparente con el pueblo y conteste los señalamientos. Existe información de personas cercanas a Héctor Ferrer con relación en la otorgación de los contratos con esta empresa, con vínculos con su hermano”, sostuvo el vicepresidente del PNP.
El senador explicó que para el contrato de $102.9 millones en el 2007 fue un ex empleado de Ferrer quien firmó y autorizó la contratación. Entonces, el director ejecutivo del Fondo era Carlos Ruiz Nazario, quien había trabajado laboró para Ferrer en la Cámara de Representantes.
“Casualmente, la tesorera de la campaña de Héctor Ferrer en el 2016 era la subdirectora del Fondo para la otorgación de otros contratos a Medsci Diagnostics, Inc. por $36.5 millones. A esta persona, luego Ferrer la nombra como subsecretaria del PPD en la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, para ambos periodos de millonarios contratos, personas allegadas a Héctor Ferrer tuvieron injerencia en el proceso para beneficiar a la empresa relacionada a su hermano, Eduardo Ferrer”, explicó el también subsecretario del PNP.
Por su parte, la representante por acumulación, María Milagros Charbonier, cuestionó las razones para otorgar estos contratos “sin subasta y con duración de hasta 7 años, para asegurar que se mantuviera durante los cambios de Administración, en contra de la Ley 237 de 2004, que exige los contratos sean por no más de un año”.
Los líderes novoprogresistas exigieron a Héctor Ferrer contestar las siguientes preguntas:
1. Si su hermano recibió una comisión por los contratos a empresa Medsci, por un total de $139.4 millones en el 2007, 2014 y 2015.
2. ¿Cuál fue la intervención de su ex empleado, Carlos Ruiz Nazario, en el contrato de 2007?
3. ¿Cuál fue la intervención de su ex tesorera de campaña, Guelmarie Vázquez Mestre, en los contratos de 2014 y 2015?
4. ¿Cuál fue la razón para proponer como subsecretaria de la Comisión Estatal de Elecciones a Guelmarie Vázquez Mestre, luego de que se le diera un contrato de decenas de millones a empresa relacionada con su hermano?
5. Si la razón para retirar luego ese nombramiento fue para evitar conflictos éticos, ante la intervención de Guelmarie Vázquez Mestre en los contratos de la empresa Medsci.
6. ¿Por qué todos estos contratos se otorgaron sin subasta y por términos de 5 a 7 años, contrario a la Ley?
“Le exigimos al presidente del PPD que sea transparente con estas preguntas, y no descartamos promover una investigación legislativa para conocer lo sucedido en la erogación de decenas de millones del pueblo, mientras se le quitaba el beneficio de retiro a los empleados públicos bajo la pasada Administración”, advirtieron. INS
P. Rico-Rivera Schatz no sabe todavía si el Senado dará paso a proyecto que limita el aborto, mientras intentan prohibir las terapias “reparativas”
San Juan, 6 sep (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció ayer que la Cámara Alta no tiene determinación alguna sobre si se le dará paso a los proyectos que limitarían el aborto y prohibirían la terapia de conversión Puerto Rico.
Mientras, se intenta prohibir las terapias reparativas, es decir, convertir a los niños gays en heterosexuales.
Durante una vista ayer sobre el proyecto 950 de la senadora Nayda Venegas, presente en la vista, mujeres que protestaban por el proyecto antiaborto fueron expulsadas del salón por los ujieres. Estas portaban pañuelos verdes que venteaban en señal de rechazo.
Sin embargo, cuando escucharon al sacerdote Carlos Pérez defender el proyecto limitante le vociferaron consignas sobre el derecho consignado en la jurisprudencia federal.
“Sáquenlas”, ordenó Rivera Schatz a los ujieres, quienes las sacaron a empellones.
“El hecho de que estas medidas estén en vista pública no significa que el Senado de Puerto Rico vaya aprobar o no aprobar cualquiera de las dos medidas. El Senado no tiene ninguna determinación hecha sobre ambas medidas, pero se le dará seria consideración a las dos”, sentenció Rivera Schatz al comienzo de la vista pública, que duró siete horas, de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas que preside.
Aclaró que las organizaciones que depusieron en la vista pública fueron las que expresaron interés en así hacerlo. Sin embargo, ante la convocatoria que generó el tema de parte de público a favor y en contra de ambas medidas sentenció que “no hay trato especial para nadie. Que quede claro”.
Ayer hubo 18 turnos.
Sobre el Proyecto del Senado 950, que prohíbe los abortos luego de las 20 semanas de gestación, la Comisión recibió 481 llamadas de las cuales 439 fueron a favor y 42 en contra. Asimismo, de 38 memoriales 14 fueron a favor y 24 en contra.
No obstante, el tribunal supremo federal reconoce el derecho al aborto, independiente de lo que opinen y deseen algunos grupos.
La senadora Venegas Brown, quien es fundamentalista, cree que la importancia de su proyecto redunda en el “consentimiento informado” sobre el proceso de aborto, aunque se le respeta a cada mujer el derecho de así hacerlo. El territorio de Puerto Rico, o ningún estado, puede legislar contra las leyes federales.
Rivera Schatz cree que “hay un consenso de que no se trata de quitarle un derecho a la mujer sino que lo haga con la conciencia realmente ilustrada. Eso es lo que me llevo de esta vista hasta ahora”, opinó Rivera Schatz.
Sin embargo, esa no es la opinión del Departamento de Justicia, que estuvo de acuerdo en que el proyecto no se ajusta al derecho vigente establecido por los tribunales de Estados Unidos.
La directora del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Sharee Ann Umpiere, tampoco endosó la medida porque reglamenta y limita le acceso al cuidado de las pacientes.
En su ponencia, informó que el 18 por ciento de las embarazadas en Puerto Rico son adolescentes, de las cuales 87 por ciento no están casadas.
Los senadores Eduardo Bhatia Gautier y José Nadal Power se expresaron en contra de la medida.
Con estas palabras, el doctor Caleb Esteban Reyes, en representación de la Asociación de Psicología, narró su experiencia durante un proceso de terapia de conversión que enfrentó durante su niñez y adolescencia.
“La persona que lo hizo se llamaba consejera pero no lo era (porque) era consejera espiritual. Era menor de edad y estaba enamorado de un amigo y dijo que esta bien ser gay pero en la próxima sesión dijo que tengo algo que podemos hacer, que era una técnica semiexorcista y cada terapia era más negativa y dejé de ir”, dijo Reyes quien se expresó a favor del Proyecto del Senado 1,000 que convertiría en delito practicar la terapia de conversión, también conocidas como reparativas a menores de edad.
“La diversidad sexual y la orientación sexual es parte integral del genero humano. Ningún tipo de terapia debe ir para cambiar a cada persona”, aseveró Caleb quien lamentó no poder hacer nada porque no hay una junta profesional que la regule. “Ella se autorregula ella misma”, comunicó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Katherine R. Gómez Sierra, explicó en un memorial explicativo que las terapias de conversión “no reducen ni eliminan” los síntomas psicológicos de la persona.
Por el contrario, alegó que este tipo de tratamientos “añaden sintomatologías muy peligrosas como las ideas e intentos suicidas”.
Sin embargo, reconoció que las terapias de conversión nacen de un paradigma “no apoyado por la teoría psicológica (con origin usualmente religioso) en el cual supone que el ser humano debe ser heterosexual e identificarse con el género asociado al sexo que se le asignó al nacer”.
“Las terapias reparativas o de conversión han sido identificadas por la inmensa mayoría de organizaciones profesionales mundiales como inefectivas, engañosas y dañinas a nivel psicosocial”, señaló Gómez Sierra.
La pieza legislativa, es de la autoría de los senadores Bhatia Gautier, Juan Dalmau Ramírez, Miguel Pereira Castillo y Zoe Laboy Alvarado.
El RCM, los Departamentos de Justicia y de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) endosaron la pieza legislativa. Para la administradora de Assmca, Suzanne Roig Fuertes, este tipo de terapia “no tiene ninguna base científica”.
Sobre este proyecto, el presidente del Senado preguntó ” ¿dónde tiramos la raya? ¿cuan lejos de la autoridad del estado o de la autoridad de los padres? Para mi la raya va estar lo mas lejos del Estado posible. Para mi el padre y la madre van a tener la responsabilidad primaria”.
Por su parte, el sacerdote Carlos Pérez expresó su “oposición visceral a este tipo de proyecto” porque atenta contra el “derecho fundamental” de los padres de educar a los hijos “conforme a su consciencia”. Tampoco fue endosado el proyecto senatorial por las organizaciones Puerto Rico por la Familia y la Asamblea de Padres de Puerto Rico. INS
P. Rico-Charbonier se allana a que las parejas gay puedan adoptar
San Juan, 6 sep (INS).- A la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, no le cupo más remedio que allanarse a lo que es ley en todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y aceptó cambiar el lenguaje sobre las adopciones.
Ayer, la secretaria de Familia, Glorimar Andújar Matos, señaló que el nuevo Código Civil debe ser atemperado a la Ley de Adopción de Puerto Rico, que permite que parejas del mismo sexo puedan adoptar.
“Recomendamos que el articulado se atempere al ordenamiento jurídico vigente conforme establecido en la Exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 1654, para crear el nuevo Código”, expresó.
La funcionaria tuvo que aclararle que el Tribunal Supremo federal, en el caso Obergefell vs. Hodges, 576 U.S._ 2015, resolvió que el matrimonio es un derecho fundamental que corresponde a todas las parejas de conformidad con la Enmienda XIV de la Constitución, la cual reconoce protección igualitaria a todos los ciudadanos al amparo de la Ley.
“La decisión expresa que la Constitución de Estados Unidos reconoce este derecho y valida la decisión de la unión de parejas del mismo sexo”, señaló.
En el aspecto de las personas llamadas a consentir la adopción, la funcionaria recomendó que sea el Departamento y no el Ministerio Público, ya que Familia es la responsable por ordenamiento de tener bajo su tutela legal y cuidado a menores, o en su defecto, el Estado que es quien asume la responsabilidad a través del Departamento.
De otra parte, el presidente de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE), Manuel Fuentes Valentín, avaló que el Código considera de manera separada el problema jurídico de las iglesias y de las instituciones eclesiales.
“Precisamente, fundamentados en las cláusulas de ‘libertad religiosa y de la separación de la iglesia y el Estado’, se afirma que la incorporación de los entes eclesiales no constituye la personalidad jurídica de las iglesias, sino que, simplemente declara su existencia. Agradecemos grandemente este lenguaje que hace justicia a nuestra identidad constitucional”, dijo el ministro. INS
EEUU-Comisionada residente pide acelerar el desembolso a pequeños empresarios de la Isla
Washington, 6 sep (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón, miembro del Comité de Pequeños Negocios, cuestionó ayer a oficiales de manejo de desastres de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, siglas en inglés) la tardanza en el proceso de desembolso de préstamos por desastres a pequeños empresarios en la Isla.
El Comité de Pequeños Negocios de la Cámara de Representantes federal presidio por Steve Chabot celebró una audiencia pública para fiscalizar la respuesta por parte de SBA ante el huracán María en Puerto Rico.
Entre las agencias federales que toman un rol activo en la respuesta y recuperación por desastres, SBA tiene un rol protagónico en la ayuda directa a pequeños empresarios, entre los que figuran la disponibilidad de préstamos para la reparación de vivienda de hasta 200,000 dólares y por reparaciones de negocios hasta 2,000,000.
En Puerto Rico, la división de desastres de SBA recibió 102,619 solicitudes de préstamos luego de María.
De estas, 52,045 han sido aprobadas, para un total de 1,835,548,900 dólares en préstamos de bajo interés.
Como parte del proceso de ayuda de emergencia de la FEMA, los sobrevivientes del huracán debían llenar la solicitud de préstamo de SBA y si era denegada automáticamente el solicitante accedía a las ayudas a través de la FEMA.
Esto se divide en 49,433 préstamos para vivienda, 2,188 para negocios y 424 para daños económicos, que suman 52,045 préstamos aprobados.
También se ven reflejadas asignaciones de fondos de 1,630,533,800 para vivienda, 182,950,900 para negocios, 22,064,200 para daños económicos que se traducen en 1,835,548,900 dólares aprobados.
Con el huracán Irma, esto se desglosa en 28 préstamos para vivienda, dos para negocios, siete para daños económicos que suman 37 préstamos aprobados.
De los fondos, 1,142,300 dólares son para vivienda, 238,800 para negocios, 272,000 para daños económicos, que se traducen a 1,653,100 dólares aprobados.
“Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, agradezco a la Administración de Pequeñas Empresas por su compromiso de mejorar las condiciones en Puerto Rico. Quiero agradecer al comité por celebrar esta audiencia sobre préstamos por desastre ya que se ha aprobado el dinero a los empresarios, el proceso de desembolso de estas ha tardado en algunos casos de uno hasta seis meses. Esa es la preocupación que recibo de los empresarios. Tenemos que acelerar el desembolso de los recursos aprobados por el Congreso”, expresó la comisionada en la audiencia púbica en la que el presidente del Comité reconoció el trabajo de González durante el huracán.
González Colón enfatizó la importancia de que la Administración de Pequeños negocios (SBA) revisen las metas programáticas desplegadas por la SBA para que el Centro de Desarrollo de Tecnología para Pequeñas Empresas de Puerto Rico tenga objetivos alcanzables para mantener la continuidad de los servicios que proveen.INS
P. Rico-JSF subraya la necesidad de un regulador independiente para la transformación del sector energético
San Juan, 6 sep (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) subrayó ayer que un regulador independiente es crítico para realizar la modernización y transformación del sector energético de Puerto Rico.
En una misiva al senador Larry Seilhamer Rodríguez, presidente de la Comisión Especial de Asuntos Energéticos, la Junta definió un regulador de energía independiente como un ente con el poder de tomar determinaciones a la par con los estándares de la industria y las necesidades de política pública.
El organismo también recalcó la importancia de tarifas justas, servicio confiable de calidad, inversiones juiciosas de infraestructura y un ambiente de trabajo libre de política.
“La presencia de un regulador fuerte e independiente es un elemento clave para inyectar confianza, estabilidad y previsibilidad en el mercado energético de Puerto Rico a medida en que hace la transición hacia un sistema moderno de energía”, dijo la directora ejecutiva de la JSF Natalie Jaresko.
Añadió que “igual de importante es garantizar un regulador que trascienda los ciclos políticos, promoviendo servidores públicos de carrera y asegurando fuentes independientes de financiamiento, sin la necesidad de asignaciones legislativas o gubernamentales o de desembolsos del gobierno central”.
Haciendo referencia a los requerimientos del plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la carta también identifica las medidas transformacionales necesarias más críticas, incluyendo la reestructuración exitosa de las obligaciones de deuda de la AEE, la privatización de los activos de generación de la utilidad, y la concesión del sistema de transmisión y distribución de la AEE. INS
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