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San Juan, 1 sep (INS).- El presidente representante José “Memo” González Mercado, del Partido Nuevo Progresista (PNP), imputó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) haber dilatado de forma caprichosa la extensión del contrato que provee los servicios médicos que reciben los miles de confinados en el país.
El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes recalcó que la decisión inicial de la JSF de paralizar la extensión del contrato a finales de julio “colocó en un riesgo totalmente innecesario a la población penal”.
“No se puede microadministrar un gobierno desde siete sillas en una lujosa oficina de Hato Rey. La Junta sabe de antemano que ese contrato se tenía que renovar, lo mismo sucedió el año fiscal anterior, 2017-2018, se renovó sin problemas, porque los confinados merecen servicios médicos. Paralizar la adjudicación este año fiscal (2018-2019) fue una acción poco responsable y dicta mucho de una sana administración de los recursos del estado”, dijo el representante del Distrito 14, el cual comprende los municipios de Arecibo y Hatillo.
El legislador del PNP reiteró que “no entendemos razón alguna para haber colocado en riesgo los servicios que reciben nuestros confinados que no sea por capricho, (pues) no había ningún fundamento”.
Afirmó que el Departamento de Corrección “hizo todo para que fuera un proceso claro y que resultó en ahorros”.
González Mercado dijo, además, que “la decisión inicial de la Junta fue de invalidar el contrato, pero doce días después rectificó”.
“En esas dos semanas pudo haber pasado una emergencia, una tormenta o huracán nos pudo haber azotado y por las nefastas acciones de la Junta, miles de hombres y mujeres estuvieron a la merced de complicaciones”, recriminó el legislador del PNP.
El DCR mantiene una población de 9,345 confinados en unas 28 instituciones correccionales a través de todo Puerto Rico. INS
ndc