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Santiago de Chile, 25 ago (INS).- En el marco del llamado “Caso Riggs”, que investigó el origen de la fortuna del fallecido genocida chileno Augusto Pinochet, llegó a su fin este viernes, luego de que la Corte Suprema determinara el decomiso de bienes y cuentas bancarias de la familia por 1,6 millón de dólares.
Por cuatro votos contra uno, la sala penal del tribunal máximo del país acogió el requerimiento del Consejo de Defensa del Estado para recuperar los dineros públicos malversados en Estados Unidos, a 14 años del descubrimiento de las cuentas del general en ese banco norteamericano.
El fallo ordenó la restitución de bienes que heredó Pinochet a su viuda e hijos cuando falleció, el 10 de diciembre de 2006.
El año pasado, una Corte de Apelaciones había ordenado la restitución de unos seis millones de dólares a la familia del general, que habían sido previamente decomisados en 2004.
El dictamen del Supremo establece que los herederos perderán los bienes “no por ser autores del delito de malversación de caudales públicos, sino porque esos bienes provienen de éste” y porque los adquirieron con posterioridad al inicio del juicio.
“Se decreta el decomiso de los bienes indicados (…), que al momento de ser objeto de las medidas cautelares que los afectan, eran de propiedad de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, o bien de alguna de sus sociedades, por un monto equivalente a US$1.621.554.46”, concluye la resolución.
En 2004, un comité del Senado de los Estados Unidos, investigando cuentas sospechosas tras el ataque a las Torres Gemelas, reveló la existencia de cuentas secretas en el banco Riggs y en otras entidades financieras.
En ese entonces, se reveló que el Riggs había ayudado a Pinochet a mover discretamente sus bienes de Reino Unido a EEUU cuando fue arrestado en Londres, en octubre de 1998.
Las millonarias cuentas bancarias secretas de Pinochet fueron objeto de la pesquisa cuando el exdictador no pudo justificar la procedencia del dinero.
Pinochet fue procesado por fraude y malversación de fondos públicos en conexión con el caso Riggs pero fue exonerado después de su muerte, en 2006, cuando tenía 91 años.
La sentencia también condenó a tres miembros en retiro del Ejército de Chile por el delito de malversación de caudales públicos: Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mclean y Eugenio Castillo Cádiz, quienes recibieron una pena de cuatro años de cárcel con el beneficio de libertad vigilada. INS
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