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San Juan, 19 ago (INS).- Ante el nuevo plan sometido por la Junta de Control Fiscal y que contempla una reducción de un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados del gobierno, el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, y el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez sometieron un proyecto de ley para atribuirle a la secretaria del Departamento de Justicia la autoridad para instar cualquier acción legal ante cualquier foro con competencia, en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio público.
El Proyecto 1716 busca enmendar y darle mayor poder a la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos (Ley 106 de 2017), que declaró en estado de emergencia los sistemas de retiro del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno.
La exposición de motivos del proyecto 1716 expresa que “entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los distintos sistemas de retiro previamente existentes, se declara como política pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines”.
La ley 106 del 2017 declaró como política pública del gobierno de Puerto Rico la protección de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los sistemas de retiro mencionados anteriormente.
Asimismo, declara como política pública proteger el futuro de nuestros servidores públicos. Mediante la Ley 106, el Estado buscaría asegurar que los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas.
Inclusive, para lograr los propósitos de la Ley 106, se creó, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la denominada “Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas”, que es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y demás cuentas del gobierno, y que funciona bajo un esquema de “pay as you go” para el pago de las pensiones.
A pesar de que el gobierno central ha buscado alternativas para salvar las pensiones de los retirados, en un nuevo giro la Junta de Control Fiscal ha solicitado reducir el pago de las mismas.
Meléndez expresó al respecto que “la Junta de Control Fiscal insiste en eliminar el bono de Navidad de los empleados, los beneficios del plan médico, limitar las horas extras y también que se les recorte el pago de sus pensiones. De esto ocurrir, habrá una reacción en cadena que afectará aún más a la economía de Puerto Rico”.
Añadió que “los niveles de pobreza aumentarán significativamente, aumentará la emigración de nuestros puertorriqueños y el movimiento comercial se reducirá a niveles nunca antes vistos”.
El legislador afirmó que con este proyecto “buscamos proteger el futuro de nuestros pasados, presentes y futuros empleados gubernamentales. Nuestra secretaria de Justicia es la representante legal del gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico”.
“Y le estamos dando la facultad para que defienda el pago íntegro de nuestros pensionados y lo establecido en la Ley 106, porque como ha expresado el gobernador Ricardo Rosselló sobre este tema, es política pública de esta administración proteger el futuro de nuestros servidores públicos”, concluyó. INS
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