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Resumen de noticias para el viernes 10 de agosto de 2018
P. Rico-Estimado del costo del fraude ocupacional en la economía de la isla es de aproximadamente 1,954 millones de dólares, equivalente al 2.77% del Producto Bruto Nacional de 2017
San Juan, 10 ago (INS).- El estimado del costo del fraude ocupacional es de aproximadamente 1,954 millones de dólares, lo que es equivalente al 2.77% del Producto Bruto Nacional de 2017, según estableció un estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
“El fraude ocupacional es un problema global que representa una amenaza para las empresas hoy día. Es un gran fenómeno que afecta prácticamente a cada entidad y detectarlo representa un reto para muchas organizaciones. Entidades de distintos tamaños, del sector público y privado, han sido víctimas de este tipo de crimen, violentando la confianza del patrono y ocasionando un áspero y severo daño a la economía”, dijo el presidente del Colegio, CPA Ramón Ponte Tápanes, en un conversatorio con medios de comunicación.
Según informó el CPA Eduardo González Green, presidente del Comité de Servicios No Tradicionales del Colegio de CPA a cargo del estudio, dos organizaciones (la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y el Instituto de Auditores Internos Certificados) colaboraron con el Colegio en la tarea de recopilar y analizar información para este estudio que fue basado en una encuesta que se podía acceder vía Internet.
Abundó que el estudio de 2018 (hubo otro en 2006) fue diseñado para toda organización, incluyendo al gobierno.
“El total de personas que contestó la encuesta fue de 281, de los cuales 131 cumplieron con los requisitos establecidos que eran el de aquellas personas que hayan experimentado o participado en la investigación de algún incidente de fraude en los pasados tres años, donde dicha investigación haya concluido y el perpetrador haya sido identificado”, indicó.
Sobre la investigación, González Green estableció que “el estimado del costo del fraude ocupacional en el estudio de 2018 es de aproximadamente 1,954.66 millones, lo que es equivalente al 2.77% del producto bruto nacional del 2017 (70,565.4 millones). En el estudio de 2006, que no incluyó al sector de gobierno, la pérdida promedio informada por los participantes fue de 2.2% del producto bruto lo que equivale a una pérdida por fraude y abuso de aproximadamente 860 millones”.
Según el estudio, los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal) y estados financieros adulterados o fraudulentos.
El costo del fraude y abuso a la economía de Puerto Rico es de 1,954.66 millones (2.77% del producto bruto), “por consiguiente es un asunto considerable que se debe atender en las empresas y entidades”, dijo el ejecutivo.
Además, dijo que el costo por apropiación de activos y corrupción fue superior al de Estados Unidos.
Compañías con un sistema formal antifraude para recibir querellas informaron menos pérdidas y el robo de efectivo resultó ser el fraude más común, “por lo que se deben establecer controles contables rigurosos”.
A su vez, comentó que los esquemas principales para cometer fraude fueron la creación de documentos fraudulentos o la alteración de documentos, por consiguiente, un sistema de pre-intervención debe establecerse, entre otros asuntos.
La auditoría interna resultó ser la manera más efectiva para detener el fraude. INS
P. Rico-Bonistas del patio apoyan acuerdo para la reestructuración de la deuda de la Cofina
San Juan, 10 ago (INS).- El presidente de la junta de directores de Bonistas del Patio, Rafael Rojo, expresó ayer que dentro de un contexto de impago de la deuda del gobierno y de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, la propuesta reestructuración de la deuda de la Cofina “es un logro importantísimo para los residentes la Isla que prestaron su dinero al gobierno al comprar los bonos”.
Rojo dijo que, en la actualidad, estos inversionistas, que son en su gran mayoría retirados, no han recibido el pago de los intereses que representan su ingreso de retiro, desde junio del 2016.
Al respecto, aseguró que bajo la propuesta reestructuración “se pondría fin a años de incertidumbre, se evita un largo proceso judicial y podrían empezar a recibir pagos de interés de sus ahorros invertidos en los bonos de Cofina, comenzando en 2019”.
Añadió que el acuerdo consensual anunciado le permite al gobierno de Puerto Rico “comenzar a recuperar su credibilidad en los mercados financieros lo cual es vital para la recuperación económica y reconstrucción de Puerto Rico”.
Además, indicó que la propuesta, que representaría un acuerdo consensual entre el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas, se basa en el acuerdo previo que habían negociado los dos agentes nombrados por el Tribunal Federal para representar los intereses del gobierno y de los acreedores de la Cofina, respectivamente, anunciado el 5 de junio.
“Lo anterior representa un adelanto importantísimo para Puerto Rico ya que se trata de la reestructuración de la emisión de deuda más grande del Gobierno, totalizando 17.6 billones, y en la que más residentes puertorriqueños invirtieron, con tenencias de casi cinco billones entre los individuos y fondos mutuos de Puerto Rico”, manifestó Rojo.
De acuerdo con el portavoz, “ahora el acuerdo debe pasar por un proceso de votación por todos los tenedores de esta deuda, según requerido por el proceso de certificación para un acuerdo consensual bajo la Ley Promesa, lo cual se espera tome varios meses y podría completarse antes de fin de 2018”.INS
P. Rico-Pesquera anticipa que en “próximas semanas” se darán resultados de estudio de la UGW sobre muertos tras huracán María y afirmó que solo ahí se actualizará número oficial de 64 fallecidos
San Juan, 10 ago (INS).- El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, anticipó ayer que en las “próximas semanas” se darán a conocer los resultados del estudio de la Universidad George Washington (UGW) sobre la cifra de muertos tras el huracán María y afirmó que solo ahí se actualizará número oficial de 64 fallecidos, que ha sido cuestionado por distintos sectores del país y el extranjero.
“El 9 de febrero, el Congreso federal aprobó la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2019. En la sección 21210, se requirió que el Gobierno de Puerto Rico presentara un plan de recuperación de 180 días. Este informe, que se envió ayer a los miembros del Congreso, destaca la visión de transformar a Puerto Rico dentro de los próximos diez años. Incluye un análisis de las consecuencias del huracán en el que se incluyeron los datos de mortalidad”, contó el funcionario.
Según Pesquera, “inmediatamente después del huracán María, utilizamos la metodología de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) para evaluar que el número de muertos en Puerto Rico era 64. Ese número no es el número oficial de muertos: siempre anticipamos que el número aumentaría a medida que se realizaran más estudios oficiales”.
Recordó que el 4 de enero pasado el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó una investigación, ya que las directrices del CDC “resultaron insuficientes para dar cuenta de la mortalidad en el peor desastre natural que Puerto Rico jamás haya visto”.
“En febrero, anunciamos que encargaríamos un estudio epidemiológico independiente de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, porque queríamos que los epidemiólogos profesionales llevaran a cabo un informe independiente. El 1 de junio, el Registro Demográfico de Puerto Rico dio a conocer datos a los medios que indicaban que hubo un exceso de 1,400 muertes en los cuatro meses posteriores al huracán María. Ese número no fue el resultado de un estudio independiente: es matemática simple. Esta no es la cantidad oficial de muertes atribuibles al huracán María”, aseguró.
Sobre el asunto, anticipó los resultados oficiales del estudio de la UGW “en las próximas semanas. Una vez que se publique el estudio, el gobierno de Puerto Rico actualizará el número oficial. Debemos a la gente de Puerto Rico tener un número preciso, junto con los datos que necesitamos a fin de estar mejor preparados para futuras situaciones de desastre. Con esta información, podemos entender qué procedimientos deben implementarse en Puerto Rico para evitar que vuelva a ocurrir una pérdida tan alta de vidas”. INS
P. Rico-Se une a prestigiosa empresa de patología la doctora Conte Miller
San Juan, 10 ago (INS).- Luego de que la patóloga María Conte Miller sorprendiera al país con un comunicado de prensa en el que criticó duramente al Negociado de Ciencias Forenses (NCF), el cual dirigió durante la administración del gobernador Luis Fortuño, surgió que pasó a trabajar con el grupo Southern Pathology.
No se sabe desde qué fecha Conte Miller trabaja con el grupo de especialistas, el cual tiene sobre 30 años de servicio en el país. Conte Miller dirige el centro de Ponce.
Estos indican en su portal digital que “Southern Pathology ha ampliado su menú de pruebas para incluir patología anatómica, citopatología, estudios moleculares, sala de autopsias”, entre otros servicios.
Conte Miller es la única patóloga forense del grupo.
Ademas del original centro en Ponce, el prestigioso centro abrió oficinas en la avenida Américo Miranda, en Río Piedras, apenas a pasos del Negociado de Ciencias Forenses.
Las críticas de Conte Miller sorprendieron entre otros al secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera.
Este indicó que la patóloga era miembro del Comité Ejecutivo del Departamento de Seguridad Pública (DSP), un grupo consultor y de análisis de los negociados al que pertenecen los comisionados de los siete que componen el DSP.
Indicó Pesquera que mientras formó parte del comité, Conte Miller no levantó críticas al NCF.
Al contrario, sostuvo que ya el Comité trabajaba planes para la recuperación del NCF, en los que ella participó y conocía.
Un día renunció y al otro día sacó un comunicado de prensa criticando al NCF, que logró su acreditación mientas ella fue la directora. Para lograr la tarea de acreditación, se ha indicado, la tarea se le encomendó a la hoy comisionada interina Mónica Menéndez, quien para aquella época era su ayudante especial. INS
P. Rico-Se alborotan las redes sociales cuando trasciende contrato de $480,000 otorgado a Héctor O’Neill
San Juan, 10 ago (INS).- Las redes sociales se alborotaron ayer cuando trascendió la imagen de un contrato supuestamente otorgado al exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill por $480,000 en la Cámara de Representantes.
Las redes sociales reaccionaron inmediatamente con gruesos comentarios de repudio tanto contra O’Neill como contra la Cámara de Representantes y su presidente, Carlos “Johnny” Méndez, que firma todos los contratos en ese cuerpo.
El contrato entró en vigor en julio de este año hasta el vencimiento del año fiscal, en junio de 2019.
Los servicios contratados son de “consultoría administrativa”.
El número de contrato es el 2019-000138, por 480,000 extendido a Strategic Solutions, LLC.
O’Neill enfrenta juicio por hostigamiento sexual en el trabajo, un delito que lesionó severamente su imagen y tuvo que renunciar a su posición de alcalde de Guaynabo, aun sin una sentencia judicial.
No obstante, entre la sorpresa y el repudio de las personas que de inmediato reaccionaron, nadie se fijó que hay una diferencia en los documentos contrastados que posiblemente puede demostrar que son empresas distintas y que la reacción contra el exalcalde fue muy inmediata, al menos por el contrato, pues en cuanto a sus acusaciones las mujeres en la Isla se organizaron rápidamente y presionaron fuertemente para que el Departamento de Justicia acelerara su investigación y presentación de cargos.
El Departamento de Estado tiene una empresa con fines lucrativos incorporada a nombre de Héctor O’Neill, con sede en la urbanización El Álamo, E-11 de la calle Guadalupe, en Guaynabo. Esta empresa se dedicaría a “consultoría en gobierno”.
El nombre de la empresa es Strategic Government Solutions, LLC.
Mientras, la empresa que contrató con la Cámara es Strategic Solutions, LLC.
No se sabe si la Cámara, al registrar el contrato en la Oficina de la Contralora, omitió el nombre intermedio de la empresa o no, y si lo omitió, habría que indagar si fue a propósito para que no se identificara al dueño.
La otra alternativa posible es que no sea la misma empresa.
Igualmente el registrante de Strategic Government Solutions podría ser Héctor O’Neill, hijo, cuyo segundo apellido es Rosa, contra quien se presentaron en la corte federal acusaciones por un patrón de hostigamiento sexual, un delito parecido al del padre. INS
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