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La periodista Istra Pacheco sometió la resolución que aprobaron sus pares en la Asamblea General de la Asppro. Inter News Service
San Juan, 4 ago (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) exigió hoy a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a convertir en acción sus repetidas expresiones de transparencias en el manejo de la información pública, reclamo que extendió igualmente al gobierno de Estados Unidos.
Mediante una resolución aprobada en su Asamblea General de medio término, celebrada en San Juan, la organización de los periodistas puertorriqueños recordó que como parte fundamental del ejercicio democrático, los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden directamente en su calidad de vida.
“Este derecho es reconocido internacionalmente como uno fundamental y esencial para promover la transparencia en las gestiones gubernamentales y la participación ciudadana en la toma de decisiones”, indica la resolución introducida por la periodista Istra Pacheco y aprobada por unanimidad en el cónclave profesional, donde se renovó parcialmente la junta directiva de la Asppro.
La entidad periodística trajo a colación que en los primeros días de su administración, el gobernador Rosselló Nevares sancionó dos órdenes ejecutivas que limitan el acceso a la información.
Se refirió a la OE-2017-10 firmada el 10 de enero de 2017 para establecer la “política pública de Transparencia y Accesibilidad a la Información Pública” que, contrario a su nombre y supuesta intención, introduce 13 justificaciones para que los documentos públicos se puedan mantener confidenciales, con una enorme, como “toda información de seguridad nacional” y “comunicaciones internas entre dependencias”.
La otra es la OE-2017-11, mediante la cual delega en el Secretario de Asuntos Públicos y de Política Pública la responsabilidad de “divulgar, previa autorización Gobernador, cualquier documento oficial, informe, legislación o de cualquier otro tipo que sea de carácter público de conformidad con las leyes y normas aplicables”.
De acuerdo con la Asppro, esto deja en manos del gobernador Rosselló Nevares determinar si la información es pública y si se puede divulgar.
Además, según la organización periodística, se ha sentado la base para dos proyectos sometidos ante la consideración de la Asamblea Legislativa: el P. de la C. 1095, que pretende establecer la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” y el P. del S. 236 que pretende crear la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”.
La primera medida, a pesar de contener lenguaje que refleja interés por crear un balance entre la necesidad de transparencia y la necesidad de confidencialidad en algunos aspectos de la información gubernamental, crea confusión al no especificar las circunstancias justificadas para mantener una información confidencial.
“Ello convierte al proyecto en una invitación para que el funcionario se invente cualquier excusa para negar el acceso a la información que se le requiera”, indica la resolución al referir que el procedimiento mediante el cual se aprobó este proyecto, la noche de un sábado y sin vistas públicas, pone en entredicho cualquier propósito de crear transparencia.
En lo concerniente al P. del S. 236, se establecería por ley 19 instancias en las que información no se puede hacer pública, basada no solo en lo que dispone la doctrina actual, sino además las que recogía la OE-2017-11.
La Asppro sostiene que muchas de esas instancias constituyen limitaciones mucho más amplias que las permitidas por la doctrina vigente, establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Igualmente se planteó que en los pasados meses, han ocurrido varios eventos que obligan a cuestionar el compromiso de la administración del gobernador Rosselló Nevares y el gobierno federal de Estados Unidos con la transparencia en la información.
En este aspecto se menciona la negativa a hacer público el borrador del presupuesto sometido por el gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la negativa a divulgar los planes fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como la orden a los empleados de la Oficina del Gobernador para que firmaran un documento de confidencialidad que afectaba su facultad para realizar denuncias contra otros compañeros de trabajo.
A la vez, en esa dirección se enmarca la contratación del principal oficial ejecutivo de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico sin dar a conocer su exorbitante salario, la renuencia a ofrecer información relacionada con las muertes a consecuencia del huracán María, y la negativa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que tiene un papel central en la recuperación del país tras la catástrofe, de divulgar información pública, forzando que varios medios noticiosos tuvieran que recurrir al tribunal para obtenerla.
La Asppro sostiene que la verdadera transparencia se ejerce partiendo de la premisa que todo documento e información gubernamental es pública y con las gestiones diarias que facilitan la documentación requerida.
“Esto requiere compromiso y voluntad, y hasta ahora, con tan solo algunos ejemplos mencionados, han demostrado que el discurso de transparencia no está respaldado por la voluntad demostrada de ser transparente”, aduce la resolución de La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, al reclamar se dejen sin efecto o se rechacen todas aquellas medidas que infringen o limiten el derecho del pueblo al acceso a la información pública, incluyendo las Órdenes Ejecutivas 2017-10 y 2017-11, el P. de la C.1095 y el P. del S. 236.
Igualmente, exige que la administración del gobernador Rosselló Nevares y el gobierno federal de Estados Unidos conviertan en acción sus repetidas expresiones en favor de la transparencia; eviten las decisiones y políticas que limitan acceso a la información, aseguren que sus funcionarios no impiden el trabajo de los periodistas, y manejen la información pública con completa y absoluta transparencia. INS
ndc
