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San Juan, 27 jul (INS).- La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera, revelaron hoy la presentación de 32 cargos criminales en contra de la corporación Axysnet, Inc., y una cantidad similar contra su presidente, Jorge A. Socca Calderaro, por apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados en perjuicio de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Hacienda.
La investigación comenzó con un referido de la OCPR, en el que se reveló que Axysnet, y su presidente-dueño cobraron por horas en exceso a las que trabajaron en ambas agencias, en donde prestaban servicios de consultoría y venta de sistemas de información mediante contratos de servicios profesionales.
La compañía firmó contrato de servicios profesionales por el término de un año con la OCPR y el Departamento de Hacienda en 2013.
La pesquisa de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, junto con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, arrojó que facturaron y cobraron por servicios que supuestamente prestó un programador, por lo cual se apropiaron de más de 70,000 dólares mediante ese esquema de fraude.
En la OCPR, firmó contrato en junio de 2013 con vigencia hasta julio de 2014 por servicios profesionales consultivos para dar continuidad a varias tareas que se estaban realizando en la División de Sistemas de Información.
El contrato duraba un año con un pago de 80 dólares la hora, hasta un máximo de 2,024 horas.
El acuerdo con el Departamento de Hacienda también se firmó de 2013 a 2014 con el fin de prestar servicios técnicos para el manejo y administración del impuesto a las corporaciones foráneas, emisión de créditos contributivos y otros, a razón de 60 dólares por hora para un máximo de 5,800 horas.
El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por las violaciones a los artículos 182, 202, 212 y 217 del Código Penal en concierto y común acuerdo entre ambos imputados y fijó una fianza global de 16,000 dólares.
La vista preliminar del caso fue citada para el próximo 8 de agosto.
Socca Calderaro se expone a ocho años de cárcel por los cargos de apropiación ilegal agravada y fraude, y a tres años de reclusión en los cargos de falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados, además de una pena de restitución.
La corporación se expone a multas, suspensión de actividades, cancelación del certificado de incorporación, disolución de la entidad, suspensión o revocación de licencias y restitución.
La investigación fue conducida por la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, junto a la agente especial Edna Cruz, adscrita a la División de Integridad Pública del NIE.
“Facturar y cobrar por servicios no prestados en las agencias de gobierno es ilegal y constituye un delito grave de apropiación ilegal, que no tiene derecho a probatoria”, indicó Vázquez Garced.
Agregó que la apropiación ilegal de fondos públicos pone en precario los recursos fiscales del Gobierno, máxime en una actuación como esta en las agencias de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.
“Las investigaciones continuarán hacia un gobierno con cero tolerancia a la corrupción y el aprovechamiento ilícito de algunos entes privados”, reveló Vázquez Garced
El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, afirmo que “nuestros empleados y contratistas tienen el deber de ejercer sus funciones garantizando el buen uso de los recursos y fondos públicos”. INS
ndc