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Los abogados de los sindicatos acusaron al gobierno de interferir con los agremiados. /Inter News Service
San Juan, 19 jul (INS).- Los abogados de los sindicatos del sector público solicitaron a la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, durante una audiencia hoy en el Centro Judicial de San Juan, que ordene al Departamento del Trabajo dejar de promover la desafiliación de sus miembros en las agencias del gobierno.
El licenciado Manuel Rodríguez Banchs sostuvo en sala que la actuación del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares para promover la desarticulación de los sindicatos en el sector público nada tiene que ver con la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus v Afscme, que prohíbe el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados de la unión.
“La opinión del caso Janus en ningún momento, en sus 48 páginas, se habla de desafiliación, este caso no es sobre los afiliados”, estableció de forma contundente la licenciada Yarlene Jiménez Rosado al rechazar los planteamientos del abogado del gobierno Iván Ramírez Camacho, en representación del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez.
El letrado, quien intervino acompañado de su colega Arlene Salas, había argumentado que el proceder de Saavedra Gutiérrez, al emitir un memorando para cancelar la pertenencia a un sindicato del sector público respondía a lo establecido por el caso Janus.
Saavedra Gutiérrez emitió un memorando, en combinación con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, que “cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliación”, que fue rechazado por la vía judicial por Servidores Públicos Unidos (SPU), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación Central de Trabajadores (FCT) y la Unión del Personal Profesional, Administrativo, Secretarial y de Oficina del Departamento de Educación (PASO, SPT/SPU).
Estos gremios, que también tienen entre sus abogados a Genoveva Valentín Soto, Mariana G. Iriarte y Arturo Escribano Ríos, entienden que el propósito, mediante órdenes de los supervisores tiene como propósito debilitar esas organizaciones y liquidar el derecho a la negociación colectiva contenido en la Ley 45.
Un segundo memorando, que deja sin efecto el primero pero mantiene una interferencia con los agremiados, también fue impugnado por los abogados laborales.
La jueza Roques Arroyo pidió a los abogados que entregaran sus argumentos por escritos antes del mediodía de mañana, viernes, y a los representantes del gobierno que sometan su réplica a las 4:00 de la tarde para proceder con celeridad. INS
ndc
