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San Juan, 15 jul (INS).- La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, se expresó confiada ante la resolución del Tribunal Supremo en el caso de las escuelas chárter, que detuvo la decisión de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
“Aunque algunos medios destacan la paralización de la inconstitucionalidad de las chárter, nadie puede obviar las contundentes expresiones del juez asociado Luis Estrella Martínez, quien declaró sobre la plenitud del derecho fundamental a la educación que tienen los estudiantes y catalogó de irregular el proceso de cierres realizado por el Departamento de Educación”, afirmó.
El juez señaló: “Al igual que la controversia de los cierres de escuelas públicas, la búsqueda de esa ruta no puede afectar garantías individuales y principios constitucionales”.
Al decir de la sindicalista, “en ese ámbito están en peligro garantías de padres, madres y estudiantes de escuelas cerradas en un proceso irregular”.
Díaz también destacó que otra de las expresiones hace la advertencia de que las escuelas chárter no pueden implantarse violándole los derechos al magisterio.
“Las advertencias son claras cuando dicen: ‘En el eventual camino de la implantación no pueden afectarse los derechos de las escuelas públicas existentes que sean certificadas como Escuelas Públicas Alianzas. El balance de intereses así lo exige”, advirtió la presidenta de la AMPR.
Y apunta que “también recuerda que la entidad privada tendría que administrar la escuela como pública y no como privada y anticipa nuevas controversias si se violan esos requisitos operacionales. En cuanto a los empleados públicos de esas escuelas ‘heredadas’, establece que no pueden estar expuestos a perder su interés propietario en sus empleos públicos y convertirse en empleados privados de esa entidad”.
De acuerdo con Díaz, “los derechos adquiridos que garantiza la Ley 85-2018 a los maestros incluyen su convenio, su permanencia, el retiro, la jornada laboral, el proceso de reclutamiento a través del registro de elegibles, su salario básico, la certificación, entre otros, y no cederemos ninguno. De eso se trata nuestra lucha: mejores condiciones de empleo para el mayor aprendizaje posible en los estudiantes”.
Díaz y los abogados de la AMPR se mantienen en su posición de que el modelo chárter establecido en la Ley 85 viola el derecho fundamental a la educación de los estudiantes consignado en la Constitución y “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que es inconstitucional”.
Sobre los tantos casos de fraude que se han visto en Estados Unidos por administradores de escuelas chárter, la presidenta de la AMPR hizo un llamado a la secretaria de Educación, Julia Keleher, para que diga de una vez las empresas que podrían estar a cargo de las escuelas alianzas.
“Aprovechamos la oportunidad para insistir en que la secretaria Keleher deje de esconderle al país los nombres de las entidades privadas a quienes les quiere entregar los fondos públicos de la educación de los niños. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son esos mercaderes que quieren lucrarse a costa del sufrimiento de los niños”, aseveró la sindicalista.
Díaz fustigó además que “a sólo tres semanas de que comience el nuevo curso escolar, la secretaria Keleher continúa insistiendo en un proceso de matrícula en línea inaccesible para muchos padres de los niños de las escuelas públicas”.
Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR, explicó que “la mayoría de los estudiantes son de escasos recursos y muchos no tienen Internet ni saben manejar la tecnología. Además, son más de 100 las escuelas cuyos padres radicaron demandas por el cierre injustificado y arbitrario”.
“Con sólo leer los cientos de comentarios de padres que escriben en el Facebook del DE relacionados con la matrícula en línea, queda demostrado el fracaso de un proceso sistematizado, que nos parece necesario, pero cuya implantación no ha sido adecuada, limitando el acceso a la matrícula a miles de niños en Puerto Rico”, indicó.
Agregó que “la secretaria está moviendo los recursos a ciegas, improvisando, como si fuera un juego de fichas. Ella obvia que el magisterio tiene derechos y no vamos a cederlos. Un ambiente laboral sano es de beneficio para los estudiantes. ¿Por qué Keleher insiste en crear caos e incertidumbre entre los maestros? Que lo explique”. INS
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