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Resumen de noticias para el viernes 29 de junio de 2018
P. Rico-Departamento de Justicia inicia investigación por posible fraude contra exadministrador de Servicios Generales
San Juan, 29 jun (INS).- La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó ayer a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) del inicio de una investigación del exadministrador de Servicios Generales, Miguel A. Encarnación Correa, por posible comisión de delito.
La pesquisa preliminar de la división de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor evaluará denuncias de posible conducta impropia, antiética e ilegal contra Encarnación Correa, basada en confidencias de empleados que alegaron que se hicieron gestiones para comprar generadores eléctricos para empleados de ASG tras el paso del huracán María, y que supuestamente se instruyó que los pagos se hicieran a nombre del entonces administrador.
“Según la política pública del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, de cero tolerancia al fraude post María y de aquellos que se aprovecharon en medio de la emergencia, hoy estamos notificando a la Opfei que luego de la evaluación realizada y de los testimonios recibidos, se procederá a investigar este caso como posible conducta fraudulenta”, indicó la secretaria.
Recordó que “la Ley 2 del 23 de febrero de 1988 que crea la Opfei dispone que en los casos de funcionarios como jefes de agencia, compete al Departamento de Justicia realizar una investigación preliminar, como se hará en este caso”.
El Departamento tiene 90 días para realizar la investigación y determinar si emite un referido a la Opfei con una recomendación de que se designe o no un Fiscal Especial Independiente (FEI) para una investigación a fondo.
A raíz del anuncio de la investigación, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares advirtió que “cualquier funcionario que le falle al pueblo será encausado y le aplicaremos todo el peso de la ley”.
Añadió que “siempre he sido firme en combatir la corrupción y demostrar cero tolerancia contra cualquier situación que lacere la imagen de pulcritud y transparencia que tiene que tener el gobierno”.
El primer mandatario explicó que “tan pronto advine en conocimiento de señalamientos contra el señor Miguel Encarnación, solicité a la secretaria del Departamento de Justicia que hiciera una investigación completa y hoy se anuncia el inicio de una investigación bajo la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente”.
Se mostró complacido con el trabajo del Departamento de Justicia “El señor Encarnación ya no funge como titular de ASG. Bajo mi administración, el pueblo no ha tenido que descansar solamente en las autoridades federales, pues hemos encausado a nivel estatal los casos de corrupción gubernamental sin contemplaciones”.
Anunció que seguirán “buscando medidas para atajar la corrupción gubernamental. Hoy tenemos un Código Anticorrupción según le prometí al pueblo. Ese Código integra todas las leyes especiales anticorrupción que además viabiliza que se les reclame a los funcionarios que le fallan al pueblo que restituyan tres veces la cantidad monetaria que sus acciones le costaron al erario”.
Recordó además que el Código Anticorrupción excluye a convictos de delitos contra los fondos públicos del beneficio de sentencia suspendida o probatoria.
“Esta administración, en febrero de 2017, firmó un acuerdo con las autoridades federales para trabajar casos de corrupción gubernamental. De igual forma, con la Ley 27 de 2017 enmendamos el Código Penal para subir a 15 años la pena por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, luego de que la pasada administración lo redujera a ocho años”. Concluyó Rosselló Nevares. INS
P. Rico-Centralizarán la contratación de todos los planes médicos del gobierno, incluyendo las corporaciones públicas
San Juan, 29 jun (INS).- La centralización en la contratación de todos los planes médicos en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), no afectará la aportación patronal que realiza el gobierno y las corporaciones públicas para el pago de los planes de seguro médico de los empleados, se indicó ayer.
AAFAF anunció que a partir del 1 de enero de 2019 se centralizará la negociación y contratación de los planes de seguro médico de los empleados públicos, incluyendo los que laboran en las corporaciones públicas, conforme a la Ley 26-2017.
El director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo J. Portela Franco, informó que se emitió una Orden Administrativa que instruye a las corporaciones públicas a participar en el proceso que actualmente realiza la Administración de Seguros de Salud (ASES) para los empleados del Gobierno Central bajo la Ley 95-1963.
“Esta iniciativa permite que se negocie y contrate a mayor escala, lo que se espera que genere eficiencias y ahorros, mientras se mantienen los mismos servicios y beneficios a los empleados públicos”, explicó el jefe de la AAFAF.
El funcionario señaló que esta medida no afecta la aportación patronal que realiza el gobierno y las corporaciones públicas para el pago de los planes de seguro médico de los empleados.
Portela Franco añadió que esta medida “es otro paso adicional que encamina al gobierno hacia la responsabilidad fiscal, mientras que viabiliza la implementación de la movilidad y el concepto de empleador único”.
P. Rico-AEE debe mejorar instalaciones y almacenamiento de postes y materiales, sostiene informe cameral, 48 mil postes sufrieron daños
San Juan, 29 jun (INS).- La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, presentó ayer al pleno varios informes sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que concluyen que la corporación tiene problemas en la instalación de postes de alumbrado, almacenamiento de materiales, las telecomunicaciones y el hurto de cobre.
El Informe Final de la Resolución de la Cámara 616, de la autoría de Ángel Bulerín, que ordenó evaluar los procesos que llevó a cabo la AEE respecto a la compra e instalación de los postes de hormigón y acero que estaban prestos a resistir vientos de 145 millas por hora y que se vieron gravemente afectados o, en muchos casos, derrumbados, detalla que tras múltiples evaluaciones de campo, se estima que 48,000 postes del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad sufrieron daños.
Además, el costo total de daños en la estructura de energía eléctrica fue estimado por el gobierno en $17,000 millones.
Se concluyó que “muchos de los postes destruidos por María fueron instalados previo al año 2005, por lo que no estaban hechos para resistir vientos de hasta 145 millas por hora como los recibidos bajo dicho huracán. El Dr. Daniel A. Wendichansky, señala que el huracán María fue atípico, con un periodo de recurrencia cercano a los 100 años, factor a considerar. Deben tomarse medidas remediativas para reducir los riesgos, entre ellos, acortar distancias entre postes, postes más resistentes para las líneas esenciales, poda de árboles y evitar que se le agreguen conductores para cable visión o telefónicos a las líneas”.
De igual manera, el Informe Final de la R. de la C. 643, sobre el inventario de materiales y equipo que la AEE tiene en sus almacenes y conocer la capacidad de la corporación para atender la necesidad apremiante de reparación y estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico, especialmente luego de la devastación causada por los huracanes Irma y María en septiembre pasado.
La pesquisa determinó que la AEE no contaba con materiales ni piezas suficientes al momento de recibir el embate de los huracanes Irma y María.
Según oficiales de la corporación, la Autoridad necesitaba un inventario de cerca de $50 millones para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad tras el embate de los huracanes, pero al momento del impacto la cifra rondaba los $39 millones.
Al mismo tiempo, el Cuarto Informe Parcial de la R. de la C. 64 se centró en la cobertura y proyección de recuperación de las compañías de telefonía e internet tras el paso de Irma y María.
En este informe se recomienda que, debido a que cada compañía proveedora de servicio de celular utilizó criterios distintos para otorgar créditos a clientes que quedaron sin servicio, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) debe presentar un resumen de los créditos brindados por cada compañía en Puerto Rico y los criterios utilizados, mejorar el lenguaje de la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, y de la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales y trabajar una propuesta junto con la JRT sobre un proyecto para evitar la entrada de cobre desde que llega al muelle, con el fin de fiscalizar de manera más agresivamente los puertos en relación al hurto de cobre.
P. Rico-Utier hace llamado urgente a la sindicación de los trabajadores
San Juan, 29 jun (INS).- Dirigentes del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) hicieron ayer un llamado de unidad a los trabajadores y al pueblo en general ante los nuevos retos laborales y el panorama fiscal que atraviesa Puerto Rico, particularmente luego de una decisión de la Corte Suprema federal que permite no pertenecer a un sindicato y no pagar la cuota.
“Ahora más que nunca es importante y mandatorio permanecer unidos y afiliados a los sindicatos y más cuando se trastocan los derechos de los trabajadores. La Unión está para defender los trabajadores y sus familias ante los atropellos del patrono” expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.
El urgente llamado de unidad y permanencia a los sindicatos se da a raíz del fracasado proyecto del gobierno de eliminar la Ley 80, de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y de las determinaciones que ha dado en los últimos días el Tribunal Federal sobre medidas que afectan directamente a los trabajadores, indicó Figueroa Jaramillo en un comunicado de prensa.
“Con los ataques laborales del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal y las decisiones antiobreras que no avalamos en la Utier que ha tomado el Tribunal Supremo en estos días hace más pertinente la sindicalización. Con estas decisiones del Supremo los trabajadores no afiliados a las uniones no pueden llevar casos colectivos, en otras palabras, no puedes usar la unión para que te defienda, tienes que ir uno a uno contra el patrono”, explicó Freddyson Martínez Estévez, vicepresidente del Consejo Estatal de la Utier.
Aunque la determinación en el día de ayer del Tribunal sobre el cobro de cargos por servicio no aplica a la Utier, por ser corporación pública, ambos dirigentes coinciden en que pertenecer a la unión tiene más beneficios.
En los pasados meses la Utier presentó dos demandas ante la Junta de Supervisión Fiscal, una cuestionando la constitucionalidad de los nombramientos de la JCF y otra reclamando los derechos reducidos o eliminados a través de la aprobación de las leyes que afectan y violan los acuerdos contractuales entre el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica. INS
P. Rico-PIP acusa que presencia de Keleher y Maldonado en presentación de proyecto de estadidad para la isla fue ilegal
San Juan, 29 jun (INS).- La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, acusó ayer que la presencia de los secretarios de Educación y Hacienda, Julia Keleher y Raúl Maldonado, respectivamente, en una presentación de un proyecto de estadidad fue un acto ilegal.
“La Ley 178 del 2001 declara ilegal la participación de los secretarios de Educación, Justicia, Hacienda y del superintendente de la Policía en actividades organizadas o respaldadas por partidos políticos, candidatos o funcionarios electos vinculadas a asuntos que tengan contenido político partidista o de fórmulas de estatus”, recordó Santiago.
Añadió que “a pesar de esta prohibición, Keleher y Maldonado, secretarios del Departamento de Educación y del Departamento de Hacienda, acompañaron al gobernador Rosselló a la presentación en Washington del proyecto de ley que propone convertir a Puerto Rico en un estado”.
Consignó que la Ley 178 fue aprobada “atendiendo una recomendación del Contralor de Puerto Rico dirigida a los presidentes de los tres partidos políticos, a los fines de que se le prohíba a ciertos funcionarios participar en actividades político partidistas”.
La norma dispone en su exposición de motivos que “con la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa asume una posición correcta de despolitizar posiciones claves en las agencias del gobierno para limpiar al gobierno de la corrupción y la politización”.
Santiago anticipó además que los portavoces del PIP en Cámara y Senado, Denis Márquez y Juan Dalmau, estarán presentando resoluciones para que se investigue cómo se pagó el viaje de los funcionarios involucrados y legislación para añadir penalidades, ya que la versión vigente sólo castiga con multa el que se realicen contribuciones económicas. INS
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