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San Juan, 28 jun (INS).- La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, presentó al pleno varios informes sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que concluyen que la corporación tiene problemas en la instalación de postes de alumbrado, almacenamiento de materiales, las telecomunicaciones y el hurto de cobre.
El Informe Final de la Resolución de la Cámara 616, de la autoría de Ángel Bulerín, que ordenó evaluar los procesos que llevó a cabo la AEE respecto a la compra e instalación de los postes de hormigón y acero que estaban prestos a resistir vientos de 145 millas por hora y que se vieron gravemente afectados o, en muchos casos, derrumbados, detalla que tras múltiples evaluaciones de campo, se estima que 48,000 postes del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad sufrieron daños.
Además, el costo total de daños en la estructura de energía eléctrica fue estimado por el gobierno en $17,000 millones.
Se concluyó que “muchos de los postes destruidos por María fueron instalados previo al año 2005, por lo que no estaban hechos para resistir vientos de hasta 145 millas por hora como los recibidos bajo dicho huracán. El Dr. Daniel A. Wendichansky, señala que el huracán María fue atípico, con un periodo de recurrencia cercano a los 100 años, factor a considerar. Deben tomarse medidas remediativas para reducir los riesgos, entre ellos, acortar distancias entre postes, postes más resistentes para las líneas esenciales, poda de árboles y evitar que se le agreguen conductores para cable visión o telefónicos a las líneas”.
De igual manera, el Informe Final de la R. de la C. 643, sobre el inventario de materiales y equipo que la AEEtiene en sus almacenes y conocer la capacidad de la corporación para atender la necesidad apremiante de reparación y estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico, especialmente luego de la devastación causada por los huracanes Irma y María en septiembre pasado.
La pesquisa determinó que la AEE no contaba con materiales ni piezas suficientes al momento de recibir el embate de los huracanes Irma y María.
Según oficiales de la corporación, la Autoridad necesitaba un inventario de cerca de $50 millones para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad tras el embate de los huracanes, pero al momento del impacto la cifra rondaba los $39 millones.
Al mismo tiempo, el Cuarto Informe Parcial de la R. de la C. 64 se centró en la cobertura y proyección de recuperación de las compañías de telefonía e internet tras el paso de Irma y María.
En este informe se recomienda que, debido a que cada compañía proveedora de servicio de celular utilizó criterios distintos para otorgar créditos a clientes que quedaron sin servicio, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) debe presentar un resumen de los créditos brindados por cada compañía en Puerto Rico y los criterios utilizados, mejorar el lenguaje de la “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, y de la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales y trabajar una propuesta junto con la JRT sobre un proyecto para evitar la entrada de cobre desde que llega al muelle, con el fin de fiscalizar de manera más agresivamente los puertos en relación al hurto de cobre.
Mientras, ante el creciente problema del hurto de cobre que afecta a miles de ciudadanos y deja pérdidas millonarias, la Comisión recomendó uniformar la reglamentación vigente para una mejor fiscalización de todo el proceso de acopio, mercado y exportación de metales, particularmente del cobre.
Según el Informe Final que se sometió al pleno de la sesión de hoy sobre la investigación que ordenó la Resolución de la Cámara 635, se debe agilizar las normas estatutarias y reglamentarias pertinentes, simplificando sus disposiciones para terminar con esta modalidad de hurto, atemperar las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas al mercado de metales en Puerto Rico de acuerdo con la ley, prohibir toda transacción sobre metales fuera de los centros de acopio, promover la intensificación del uso de la fibra óptica y viabilizar que los agentes del orden público puedan intervenir en la transportación y exportación de metales, entre otros.
Con el fin de promover el crecimiento y despliegue de infraestructura de banda ancha en la región oeste de la Isla, según el informe final de la Resolución de la Cámara 369, se concluyó que es imperativo buscar alternativas para revitalizar la infraestructura mediante alianzas con el sector privado y así desarrollar nuevos proyectos y mejoras. INS
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