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Santo Domingo, 14 jun (INS).- El Tribunal Superior de Cuentas y Litigación Administrativa (Cscca) de Haití informó que auditará la utilización de fondos de Petrocaribe, en el período comprendido entre 2008 y 2016, y que según medios del vecino país tuvo como mayor beneficiario al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Juan de la Maguana, Félix Bautista.
El presidente del Cscca, Arol Elie, indicó que este Tribunal “nunca recibió un informe de Petrocaribe de ninguna institución”, según recogió el diario haitiano Le Nouvelliste, en su edición del miércoles, reseñada por la prensa dominicana.
Arol Elie explicó a Le Nouvelliste que “el tribunal recibió una correspondencia acompañada de una resolución de la asamblea de senadores pidiendo al CSC / CA que haga su trabajo”.
Considerando la necesidad de respetar el principio de la separación de poderes y los campos de competencia de las instituciones republicanas, la asamblea de senadores propuso y votó la siguiente resolución:
Artículo 1: La Asamblea de Senadores pregunta al Tribunal Superior de Justicia, cuentas y litigios administrativos para llevar a cabo una auditoría en profundidad, análisis y revisión de la gestión de los fondos de Petrocaribe durante el período comprendido entre septiembre de 2008 y septiembre de 2016.
De acuerdo con una publicación de este diario haitiano, el senador Bautista inició sus vínculos en el vecino país en 2011 a través de sus compañías Hafi y Hadom, a raíz de un plan del gobierno para reconstruir los principales edificios públicos destruidos por el terremoto del 12 de enero de 2010.
Narra que aunque las compañías del senador Bautista se convirtieron luego en haitianas, eso no cambió en modo alguno sus operaciones y “siete años después nadie puede presentar con orgullo un logro completo, el resultado de los esfuerzos de Rofi o Hadom solo”.
El gobierno de Estados Unidos canceló las visas de Bautista y sus familiares bajo el argumento de que el legislador ha utilizado su posición “para la corrupción”, lo que incluye obras desarrolladas por éste en Haití.
Por otro lado, el legislador quisqueyano dijo ayer que ni él, ni las sociedades comerciales de las cuales es accionista, poseen cuentas bancarias ni bienes de ninguna naturaleza en Estados Unidos.
Aclaró que la alusión hecha en algunos comunicados de prensa sobre la presunta congelación de activos, “es genérica”, partiendo de lo dispuesto por la Ley Global Magnitsky de Derechos Humanos y Responsabilidad (S. 284), que regula la materia.
Indicó que la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es el resultado de las informaciones suministradas por el entonces Procurador General de la República, a raíz de las imputaciones que formulara en su contra en el año 2014, las cuales adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente decidida desde el punto de vista penal, por el sistema judicial dominicano.
Señaló que “precisamente, como resultado de dichas imputaciones infundadas, a mí y a mi familia nos fueron revocados las visas que nos había otorgado Estados Unidos, lo que ocurrió desde el año 2015”.
La legislación S. 284, en la que se fundamentó el Departamento del Tesoro, consagra en el título segundo, letra g), numeral 2, que las sanciones de este tipo pueden ser revocadas “si la persona ha sido procesada apropiadamente por la actividad para la cual se impusieron las sanciones”. INS
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