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El senador Juan Dalmau Ramírez y el licenciado Juan José Troche Villeneuve, junto a representantes del MAS, durante la rueda de prensa frente al Centro Judicial de San Juan. /Inter News Service
San Juan, 18 mar (INS).- El senador Juan Dalmau Ramírez anunció hoy, junto a representantes de la comunidad sorda, una medida legislativa dirigida a uniformar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los distintos sectores de la sociedad puertorriqueña, para terminar con “uno de los principales calvarios que padecen”.
“Tener que enfrentar un sistema judicial que no tiene un tratamiento uniforme y garantizado para esta comunidad en ocasiones resulta en graves injusticias y violaciones a sus derechos constitucionales”, dijo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado en rueda de prensa frente al Centro Judicial de San Juan.
Destacó que ninguna disposición legal, ni la jurisprudencia, ha atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en casos criminales, civiles o administrativos.
“Estableciendo las prioridades adecuadas, hay dinero; no podemos permitir que los derechos de medio millón de puertorriqueños —entre la comunidad sorda y familiares— se torne un asunto de dinero”, respondió a la agencia Inter News Service (INS) el senador independentista, quien se propone recabar el respaldo de su homólogo Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Dalmau Ramírez, acompañado del licenciado Juan José Troche Villeneuve, de la Sociedad para la Asistencia Legal; el presidente del Movimiento Autónomo de Sordos (MAS), Edgardo Figueroa, y el vocal Eugenio Sastre; la asesora de ambas entidades, la periodista Sandra Rodríguez Cotto, y los Intérpretes de lenguaje de señas Jennifer Martínez y Ricardo Ortiz, destacó la importancia de la aprobación del PS 663 para viabilizar mediante ley el acceso a la justicia de las personas sordas.
“Como cuestión de justicia, es imperativo que adoptemos legislación para viabilizar el acceso de la comunidad sorda a nuestros tribunales y otros foros adjudicativos, y que generemos garantías que concreticen el reconocimiento de la inviolabilidad de su dignidad y su derecho a la igual protección de las leyes”, planteó.
Troche Villeneuve resaltó la importancia de garantizar intérpretes de señas en los procedimientos judiciales, al igual que se hace con aquellas personas cuya idioma principal es el inglés.
“No hay estadísticas globales, (pero) yo he atendido personalmente sobre 30 casos en año y medio o dos años, y es un reto”, aseguró a la agencia INS al preguntarle sobre las estadísticas, que son inexistentes.
El portavoz senatorial del PIP explicó que la falta de un intérprete adecuado en cualquier etapa de un procedimiento criminal, incluida la vista de causa probable para arrestar, coloca a la persona sorda en una desventaja sustancial frente a la maquinaria penal del Estado.
“Esto representa un menoscabo inaceptable de su derecho fundamental a no ser privado de su libertad sin el debido proceso de ley”, alertó.
Consideró, igualmente, que la carencia de un medio de comunicación eficaz en procesos administrativos y civiles implica violaciones a derechos constitucionales y estatutarios cuando, entre otros ejemplos, está en controversia la oportunidad de apelar, la vida familiar, las relaciones paterno-filiales, la seguridad de un techo o el sustento mismo de una persona sorda.
“Como consecuencia de esta falta de especificidad jurídica conocemos de casos recientes, en que personas sordas han sufrido desahucios, la remoción de sus hijos o hijas menores de edad y la pérdida de su libertad sin la intervención oportuna de intérprete, en detrimento de sus derechos constitucionales y estatutarios”, expuso el senador del PIP.
Dalmau Ramírez, quien trabajó el proyecto legislativo junto a Troche Villeneuve y la colaboración de MAS, advirtió que acciones insensibles y atropellantes como estas no pueden continuar sucediendo en el país, y menos con el aval del Estado.
La legislación enmendaría la Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y las Reglas de Evidencia. INS
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