Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 12 de marzo de 2018
P. Rico-Gobernador decreta cinco días de duelo oficial ante el fallecimiento de Baltasar Corrada del Río
San Juan, 12 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó cinco días de duelo oficial por el fallecimiento del exjuez del Tribunal Supremo de Puerto Rico Baltasar Corrada del Río.
Corrada del Río fue además alcalde de San Juan y comisionado residente en Washington.
“Lamento informar al pueblo el fallecimiento de quien fue comisionado residente, alcalde de San Juan, secretario de Estado y juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Baltasar Corrada del Río. Nuestra solidaridad y respeto para su familia. En su memoria decreto cinco días de duelo, iniciando (hoy) lunes”, sentenció el primer ejecutivo.
Las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias públicas en honor al exjuez que tenía 82 años al momento de su deceso. INS
P. Rico-Organizaciones magisteriales convocan a marcha contra las escuelas chárter para el 24 de marzo
San Juan, 12 mar (INS).- Unidos bajo la consigna “Por la Niñez y la Educación Pública”, un grupo de padres, representantes de organizaciones profesionales y cívicas y proveedores de servicios a niños de educación especial convocaron a una marcha para el sábado 24 de marzo, en rechazo a la propuesta de escuelas chárter y los vales educativos.
Desde el mediodía y con punto de partida la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, la llegada está prevista a La Fortaleza cerca de la 1:00 de la tarde.
A la convocatoria se han unido la Federación de Maestros, Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), la Asociación de Maestros, y la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (Ondepr).
Jinnette Morales, madre y activista de educación especial, indicó que “la propuesta de escuelas chárter afectará negativamente a los niños de educación especial, ya que se permite que esas entidades privadas, aunque pagadas con fondos públicos, seleccionen qué estudiantes recibirán en sus escuelas. Y si el criterio es costo efectividad, como insiste el proyecto, lo más rentable siempre es dejar atrás a los niños que requieren más servicios y atención individualizada”.
La exsenadora independentista María de Lourdes Santiago cuestionó por su parte la ambigüedad con que los proyectos disponen la distribución del presupuesto del Departamento de Educación, pues permitiría que las escuelas chárter recibieran mayores recursos que las escuelas públicas.
Además, advirtió, “es inaceptable el poder que se le otorga al ‘Autorizador’, que es la entidad que tendrá la palabra final e inapelable sobre la concesión y supervisión de los chárter”.
El abogado y activista de derechos humanos Osvaldo Burgos Pérez señaló que la educación, como derecho humano fundamental, no puede ser tratado como una mercancía en espera del mejor postor.
“Si lo permitimos, estaremos dando un retroceso como sociedad y afectando dramáticamente el futuro y desarrollo de nuestro país. Tenemos la responsabilidad histórica de defender la escuela pública, la inclusión y el futuro de nuestra niñez. La invitación es a convertirnos en una fuerza ciudadana de frente a quienes vienen con la intención de destruir nuestro sistema educativo para enriquecer sus bolsillos”, concluyó. INS
P. Rico-Asociación de Hoteles y Turismo se oponen a la propuesta del gobierno de eliminar la Compañía de Turismo
San Juan, 12 mar (INS).- Miguel Vega, presidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, siglas en inglés), solicitó ayer al gobierno y a la asamblea legislativa detener los planes de eliminar la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), según lo propuesto en el plan de reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
En conferencia de prensa en el hotel San Juan Marriott and Stellaris Casino, en Condado, Vega y cientos de empleados del sector y representantes de varias hospederías de la isla, pidió al gobernador Ricardo Rosselló “que detenga cualquier intento de desmantelar la Compañía de Turismo de Puerto Rico, pues sería nefasto para la actividad turística de Puerto Rico”.
“Una de las pocas industrias con la capacidad de inyectar dinero nuevo a nuestra economía de forma inmediata sufriría un daño irreversible, pues pondrían en riesgo más de 80 mil empleos directos e indirectos, y la aportación de más de 7.4 billones de dólares que hace el turismo a la economía de Puerto Rico”, subrayó.
El ejecutivo explicó que entienden “a cabalidad el imperativo de reorganizar el gobierno y lograr eficiencias en su operación. Pero en ese proceso es igualmente importante proteger a la Compañía de Turismo por ser autosuficiente y no representar carga económica alguna para el gobierno”.
“Es esencial que la Compañía, para su adecuado funcionamiento, mantenga su personalidad jurídica como corporación pública, junto a su autonomía fiscal”, resaltó.
El Plan para Puerto Rico presentado por el gobernador Rosselló durante la pasada campaña a la gobernación establece que “implementaremos las nuevas tendencias del sector para lograr que Puerto Rico se establezca como líder del turismo caribeño”.
De acuerdo a Pablo Torres, presidente electo de la junta de directores de la PRHTA y gerente general del Hotel Caribe Hilton, “existe consenso, no sólo entre nuestros miembros, sino de inversionistas, hoteleros y desarrolladores, pequeñas hospederías y operaciones relacionadas a la actividad turística de que se mantenga inalterada la Compañía de Turismo como una corporación pública”.
“De concretarse la desaparición de la CTPR como corporación pública autónoma, según lo propuesto, el turismo no podrá ser la punta de lanza de la recuperación económica y mucho menos lograr que ‘Puerto Rico se establezca como líder del turismo caribeño’”, sostuvo Torres.
Vega finalizó haciendo un llamado “a todos los componentes y empleados de nuestra industria a que se hagan sentir y no permitamos que se eche a perder lo que juntos hemos construido”. INS
P. Rico-Romero Barceló considera que el gobierno debió incorporar a la isla como Estado 51 dentro de la reforma contributiva
San Juan, 12 mar (INS).- El exgobernador Carlos Romero Barceló dijo que el gobierno debió procurar ante el Congreso estadounidense la incorporación de la isla como Estado 51 dentro de la reforma contributiva federal en igual condiciones que los Estados, convirtiendo a Puerto Rico en zona doméstica de los Estados Unidos para efectos contributivos.
Romero Barceló habló en un foro organizado por la Sociedad Civil Estadista, entidad que agrupa a diversas organizaciones en respaldo a la estadidad para Puerto Rico, sobre los pasos para completar la admisión de la isla como el Estado 51 de los Estados Unidos.
Ante un grupo de ciudadanos que se dieron cita en el MCS Plaza, en Hato Rey, para escuchar un recuento de la historia de la lucha por posicionar a Puerto Rico para ser admitido como un Estado de los Estados Unidos, Romero exhortó a activarse civilmente y escribir al Congreso Federal para respaldar el trabajo de la delegación de Puerto Rico que busca ser reconocida en el Congreso.
Romero Barceló aclaró que bajo el actual estatus “no somos esclavos y lo que ocurre es que nuestros derechos como americanos están limitados por el estatus de nuestro territorio”.
Mientras, durante la presentación de Jorge Iván Rodríguez Feliciano, presidente de Puertorriqueños Pro Unión Permanente, se hizo un recuento del poder de la legislatura y la Rama Ejecutiva para completar el proceso de admisión de Puerto Rico como el Estado 51.
Hizo cita directa de la ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico en cuanto a la obligación del Estado de aportar fondos para hacer cumplir el resultado de la votación.
El artículo XIII de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico establece: “Quedan obligadas y autorizadas las Ramas Ejecutiva y Legislativa de Puerto Rico a realizar las gestiones que considere necesarias e, igualmente, asignar y utilizar todos los recursos que sean necesarios para hacer valer y dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley”.
Los recursos que se utilicen quedan excluidos de los alcances de la Ley Promesa. De acuerdo con Rodríguez, la sección 402 de la ley que crea la Junta de Control Fiscal prohíbe restringir a Puerto Rico el derecho a determinar su estatus político final.
Lo anterior, a su juicio, permite al gobierno asignar los recursos económicos para que se haga cumplir el reclamo de los votos del pueblo a favor de la fórmula ganadora del plebiscito. De esta forma se facilita lograr los votos en el Congreso y terminar de una vez la historia colonial de Puerto Rico.
Entre las recomendaciones presentadas por Rodríguez para completar la admisión de Puerto Rico como el Estado 51, mencionó la creación de una campaña educativa y de publicidad a nivel nacional para dar a conocer en la sociedad el valor de Puerto Rico y su aportación a la grandeza y riqueza de la nación americana.
Se exhortó asimismo al gobierno a llevar a cabo un plan de incorporación de Puerto Rico como zona doméstica de los Estados Unidos para efectos contributivos y la incorporación de sectores corporativos, artísticos, religiosos para que apoyen la admisión del Estado de Puerto Rico.
“Los valores y principios de la Constitución de los Estados Unidos deben proteger a cada ciudadano americano sin importar su condición económica y en qué lugar del país se encuentra”, señaló Rodríguez.
El historiador Nelson Rochet y el ciudadano Eugenio Vicente cuestionaron a Romero Barceló y a Jorge Rodríguez, al plantear que el Congreso federal trata a Puerto Rico con la doctrina esclavista previa a las decisiones de los caso insulares.
Tanto Romero como Rodríguez rechazaron que estemos bajo un trato de esclavo, aunque hicieron hincapié en que el discrimen en Puerto Rico es más geográfico que esclavista, pues cuando los puertorriqueños se mudan a otros Estados tienen todos los derechos que la Constitución de los Estados Unidos confiere a los ciudadanos. INS
P. Rico-Senadora López León propone creación de una Cooperativa Nacional de Energía para atender la crisis energética
San Juan, 12 mar (INS).- La senadora Rossana López León propuso la creación de una Cooperativa Nacional de Energía para atender la crisis energética, pues ve al sector cooperativista como la solución a los problemas que en tal sentido enfrenta el país.
Por lo mismo dijo que se dio a la tarea de consultar a expertos en el tema para presentar el Proyecto del Senado 865, que entre otros fines abre la puerta a la creación de la Cooperativa, pieza legislativa que contó de inmediato con el aval del senador independiente José Vargas Vidot.
“La Cooperativa Nacional de Energía es parte esencial del PS 865, que además busca darle más participación a los municipios en el proceso de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, apuntó la política del Partido Popular Democrático (PPD).
Agregó que “el sistema cooperativo ha informado que cuentan con 4,714 millones en préstamos, 5,677 millones en depósitos y 8.570 millones en activos, lo que evidencia su solidez”.
La pieza legislativa señala que “es fundamental que al movimiento cooperativo se le brinde una oportunidad real de convertirse en pieza integral y pilar de la transformación energética”.
Entre las razones para validar esta premisa señala que “las cooperativas operan sin fines de lucro personal, además que están fundadas en la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económico sociales de base comunitaria y que ofrecen reales oportunidades para la inclusión de los socios trabajadores, en este caso los mismos empleados de la AEE, y de los ciudadanos del país a través de la compra de acciones”.
“Estoy segura de que si le abrimos las puertas al cooperativismo nacional, así como a los municipios a esa sonada transformación energética, tendremos eventualmente un sistema de generación y distribución exitoso, así como confiable tanto para las personas que su vida depende del mismo, así como el desarrollo económico de la isla”, sentenció la legisladora. INS
P. Rico-Directores de escuelas presentan demanda contra la secretaria de Educación para intentar detener la evaluación de su desempeño profesional
San Juan, 12 mar (INS).- La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (Ondepr) sometió en el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de San Juan un recurso de “Injuction Preliminar y Permanente y de sentencia declaratoria” contra el Departamento de Educación y su secretaria, Julia Keleher, para detener la evaluación del desempeño profesional de los directores.
La acción es dirigida también en contra del Departamento de Justicia, representado por su secretaria, Wanda Vázquez Garced, pues a su juicio la medida “se está haciendo en violación a la Ley Orgánica del Departamento de Educación (Ley 149, del 30 de junio de 1999, según enmendada)”, informó Jorge Luis Soto Díaz, presidente de la Ondepr.
El caso ya está en manos del Tribunal Superior ante el juez Anthony Cuevas Ramos, quien emitió una orden indicándole a la parte demandada que muestre causa por la que no se deba expedir el remedio peticionado y le concede cinco días al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia para comparecer por escrito ante el Tribunal.
“El Departamento de Educación está implementando un sistema de evaluación a los directores violando su Ley Orgánica. Esto sólo representa una muestra de los atropellos a los que han sometido a los directores y a las escuelas de la comunidad por los pasados 18 años. Atropellos que han llevado al sistema educativo al estado de deterioro en que se encuentra”, apuntó Soto.
A su entender, ahora “quieren legalizarlos mediante los alegados proyectos de reforma educativa presentados en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico”.
Soto indicó además que la Ley 149 ha sido “constantemente violentada desde su creación por todos los secretarios y en específico donde establece de forma clara cómo se realizará la evaluación de los directores de escuelas y quiénes están facultados para ejercer dicha evaluación”.
Bajo la actual Ley Orgánica la evaluación de los directores está a cargo del secretario y el Consejo Escolar, por lo tanto “no pueden ser los facilitadores a quienes se les delegue este proceso y eso es lo que está aconteciendo desde el pasado febrero”.
La secretaria, según el artículo 5.03 -que delimita las funciones y responsabilidades del secretario- no puede delegar la facultad de evaluar a los directores en los superintendentes o funcionarios del distrito escolar, ni de la región educativa, por tanto están violando la Ley en este proceso de evaluación.
“Keleher ha dado un golpe de estado al sistema de educación, al implementar un nuevo sistema estructural de Oficinas Regionales Educativas, conocidas como “LEA” (Local Education Agencies), la cual elimina los distritos escolares y le delega ilegalmente las autonomías conferidas a la escuelas por la Ley 149”, añadió Soto.
Agregó que “han montado una cacería de brujas contra los directores realizando evaluaciones de forma atropellada y otorgando puntuaciones negativas a la gran mayoría. La secretaria de Educación y el gobierno vislumbran la aprobación de una reforma que pone en desventaja a la escuela de la comunidad frente a las escuelas ‘chárter’ al despojarlas de su autonomía”.
En la demanda, la Ondepr le indica al Tribunal que se han agotado los remedios administrativos para que la secretaria deje sin efecto las evaluaciones a los directores por ser ésta contraria a la Ley, “pero han hecho caso omiso”.
“Y si los directores se niegan a ser evaluados, pueden aplicarse medidas disciplinarias, las cuales pueden incluir su destitución. Le indicamos al Tribunal que la Ondepr no tiene otro remedio que acudir al auxilio de su jurisdicción, porque los directores recibirán daños irreparables de no concederse lo solicitado”, finalizó Soto. INS
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