Inter News Service Agencia de Noticias
Por Obed Betancourt
San Juan, 7 mar (INS).- La Comisión de Energía de Puerto Rico será transformada para adecuarse a la nueva realidad que confrontará el país con la privatización de todo el sistema eléctrico.
Inclusive, en tres ocasiones Christian Sobrino, junto a Omar Marrero ante la prensa para explicar el proyecto de ley en La Fortaleza, aludió la Comisión de Energía “o su sucesora”.
La Comisión o sucesora sobrevivirá para regular el mercado energético, no para intervenir en la transacción de venta de la AEE, dijo Sobrino. / Inter News Service
La nueva realidad es que no existirá más en Puerto Rico un servicio público de generación y transmisión energética, en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, hay dos empresas privadas que generan energía eléctrica, que venden a la AEE a menor precio, la carbonera AES y Ecoeléctrica.
No obstante, la Comisión o sucesora permanecerá regulando las tarifas, pero con una nueva serie de funcionarios, que pueden incluir al sector privado regulado, los cuales ahora no integran la Comisión.
La privatización de la AEE, cuyo proyecto ya se encuentra ante la Legislatura, incluirá no solo de la generación, sino que habrá concesionarios privados “a largo plazo” para la transmisión y distribución.
Se explorará el mercado y entonces se diseñará “el producto de la transacción”.
Sobrino indicó a la agencia Inter News Service (INS) que la Comisión será fortalecida con la inclusión de nuevos miembros. “Se habla de sucesora porque es un issue técnico-legal”, dijo Sobrino.
“La Autoridad queda, hasta cierto punto, en ley. De la misma manera por ejemplo de Puertos (la Autoridad), que no corre el aeropuerto, pero sí existe. Y si quitaras ahora los puertos marítimos, va a continuar existiendo como entidad legal. Porque es la entidad legal que contiene el derecho, es un aspecto puramente técnico, porque esa entidad que tiene la facultad delegada en ley para llevar a cabo ciertas operaciones, al concesionarla tiene que continuar en existencia para que esa concesión continúe”.
Indicó a INS que “fortalecerá” la Comisión “con algunos elementos como añadir unos miembros”.
Sobrino, representante del gobernador en la Junta de Control Fiscal, dijo que el proyecto establece que la Comisión de Energía “o el ente regulador en su momento” va a continuar reglamentando y dando supervisión al mercado energético en Puerto Rico. El proyecto de ley dice eso en blanco y negro”.
También continuará regulando las tarifas.
Cuando se habló inicialmente de la privatización de la AEE, el gobierno dejó entrever que la Comisión sería eliminada, hasta que la junta de control fiscal recomendó que, al contrario, es por eso que debía ser fortalecida.
Ese organismo público, dijo Sobrino, continuará regulando las tarifas, pero en el marco regulatorio que provee la Ley 29, de Alianzas Público Privadas.
No obstante, esa Comisión sufrirá muchas enmiendas en sus tareas.
“Nosotros anticipamos que la Comisión de Energía va continuar llevando a cabo y dando apoyo técnico en el proceso de privatización de la AEE”, aseguró. No obstante, insistió en que ante los mercados “hay que aclarar cuáles son las partes con las cuales se lleva a cabo la transacción” de venta, en términos legales.
El mecanismo legal lo provee la ley de alianzas público-privadas, que es “transparente y exitoso”, indicó al recordar la privatización de la PR-22 y el aeropuerto internacional.
Este proceso de venta ha sido apalancado con expertos contratados por la junta de control fiscal, y que debe configurarse al Título III de Promesa (quiebra).
“Aquí va a haber muchas partes a la vez. La Comisión de Energía tiene un rol de regular el mercado energético, pero en la parte de la transacción el proyecto se clarifica quiénes son las partes”, aseguró.
Aseguró también que eso no compromete la transparencia del proceso pues hay “niveles” en la ley 29 de informes públicos, supervisión de una comisión legislativa, y la revisión del contrato por la junta de control fiscal.
Además, debido al título III de la ley federal Promesa se debe informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso.
Si bien la Comisión de Energía seguirá regulando las tarifas, Sobrino indicó que “eso va a estar sujeto a un marco regulatorio más robusto que se va a estar desarrollando en los próximo meses, junto a la Legislatura”.
Indicó que en la nueva Comisión, cuya ley sufrirá enmiendas, para incorporar “gente del sector privado participante, porque el actual sistema regulatorio que existe solamente contempla un actor, la Autoridad de Energía Eléctrica”.
“Como aquí vamos a abrir a través de la privatización a varias partes del sector privado hay que hacer un cambio regulatorio para ver qué está pasando no solo con el concesionario de energía, sino qué está pasando hasta detrás del metro eléctrico”., explicó el funcionario a pregunta de INS.
El control tarifario, dijo, se asegura “con un ente externo, independiente y seleccionado en revistas de profesionales, un proceso de hunting”, y que serán nombrados con términos escalonados para darle consistencia a la visión regulatoria.
La nueva Comisión de Energía encontró eco en el representante Pichy Torres Zamora, quien acudió a la conferencia de prensa en apoyo al proyecto. Este solicitó una comisión más fuerte y más comisionados.
No obstante, el proyecto de privatización deroga una serie de funciones de la actual Comisión, como la facultad de dar alivio energético, solicitar el plan integrado de recursos, establecer normas y reglamentos de política pública sobre las empresas privadas eléctricas.
El Plan Integrado de Recursos, de 2015, será revisado para que contemple la nueva realidad empresarial de electricidad, dijo Sobrino, que se comporta distinto a como es con un monopolio estatal.
De hecho, se ha eximido la aplicación del Plan Integrado de Recursos actual a las empresas que compitan, para evitar “cerrarle las puertas a una transacción más abierta al sector privado”, señaló.
La Comisión o sucesora sobrevivirá para regular el mercado energético, no para intervenir en la transacción de venta de la AEE, dijo.
Establecer una tarifa razonable que no supere los 20 centavos kilovatios se atenderá a través de las negociaciones con las empresas y la contratación, así como en el plan fiscal de la AEE a la junta. INS
ob
