
Harry Vega Díaz. / Inter News Service
San Juan, 12 feb (INS).- El exdirector de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (Ocalarh), Harry Vega Díaz, advirtió hoy que de aprobarse el plan de reorganización 2 del Departamento del Trabajo, los trabajadores y ciudadanos quedarían desprovistos de varios derechos.
“De partida, se perdería la independencia de criterio y se crearía un conflicto serio de intereses en el propio Departamento del Trabajo, debido a que las acciones de recursos humanos tomadas por el secretario de turno serían revisadas por un subalterno”, señaló Vega Díaz.
Esto, porque el plan de reorganización propuesto fusionaría bajo una Secretaria Auxiliar de Relaciones Laborales en dicho Departamento a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), eliminándose así la independencia de criterio, naturaleza cuasi judicial y transparencia administrativa, entre otras cosas, que deben ser observadas por dichos foros administrativos.
Vega indicó, además, que “la eliminación de los organismos cuasi judiciales traería como consecuencia situaciones como las siguientes: los funcionarios de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales no tienen término, no pasan por el consentimiento del Senado, serían de libre selección y remoción, y sus recursos estarán a la merced de la administración del secretario del Trabajo de turno”.
“Peor aún, la medida faculta al secretario del Trabajo a determinar y nombrar quién será el Secretario Auxiliar de Relaciones Laborales, y a removerlo cuando no goce de su confianza, creando inestabilidad en los procesos adjudicativos, cuasi judiciales, lo cual afecta crasamente la independencia de criterio y la inestabilidad en los procesos”, advirtió Vega.
A su entender, “se elimina la independencia de criterio, pues el secretario del Trabajo podría intervenir de manera subjetiva; no se garantiza ni se asegura la neutralidad de los organismos administrativos de naturaleza cuasi judicial, los cuales deben operar con un nivel de independencia comparable al de la Rama Judicial”.
“Además, afecta la continuidad de los trabajos adjudicativos; se crearía un conflicto serio de intereses debido a que el propio secretario del Trabajo revisaría las propias apelaciones de los cerca de dos mil empleados unionados y no unionados que componen el propio Departamento, siendo juez y parte”, afirmó.
Agregó que “la importancia de que exista un componente de adjudicación cuasi judicial en el Sistema de Recursos Humanos del Servicio Público reside no sólo en la garantía que representa, tanto para los empleados como para los ciudadanos, en la reivindicación de los derechos que la ley les otorga, sino también en su función interpretativa del derecho vigente en el área pertinente”.
Vega, quien también fue miembro asociado de la Junta de Relaciones del Trabajo por cerca de 12 años, dijo que “de aprobarse, esto constituiría un retroceso en materia de autonomía e independencia de criterio de agencias con funciones cuasi judiciales y se perdería la perfección en la administración de los recursos humanos”.
Vega señaló que no se opone a que se realice una fusión de dichos organismos, pero ésta debe realizarse de una manera que garantice de forma transparente los derechos de los empleados y ciudadanos. INS
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