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San Juan, 7 feb (INS).- El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (Cabe) expresó satisfacción por el veto expreso que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le impartió al aprobado en la Legislatura Proyecto de la Cámara 1018, conocido como de “Libertad Religiosa”.
El gobernador en un momento de consagración. / Inter News Service
«Nos alegra saber que a pesar de las amenazas de grupos religiosos ultra conservadores, el gobernador supo distinguir entre el derecho a la libertad religiosa y el deseo de tener licencia para discriminar a grupos y personas vulnerables», expresó Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de Cabe.
Por su parte, Osvaldo Burgos Pérez, expresó que «en esta ocasión, al igual que con la firma de la Ley de Adopción, el gobernador hace lo correcto y ha evitado que la dignidad de los seres humanos sea rehén de un sector fundamentalista que promueve el odio y la exclusión».
El colectivo de derechos humanos advirtió que el veto debería ser el punto final en el trámite de un proyecto de ley que catalogaron como contrario a los valores de democracia, equidad y justicia que surgen de la Constitución de Puerto Rico y de la propia Constitución de Estados Unidos.
«La libertad religiosa ya está protegida por ambas constituciones y por la Ley de Derechos Civiles, así que cualquiera que diga públicamente que vetar el proyecto deja sin protección a los grupos religiosos, miente. Y miente para sus propios fines y con el ánimo de crear terror social. No podemos permitir que grupos de odio se apropien de las instituciones del gobierno y que amenacen abiertamente nuestra democracia», añadió Pagán.
Ambos portavoces hicieron un llamado a las legisladoras y legisladores que votaron en contra del PC 1018 a que se mantengan su voto negativo y no cedan a presiones “de grupos fundamentalistas” que han amenazado con buscar los votos para anular el veto del Gobernador.
Cabe felicitó al gobernador “y le invita a que igual que lo hizo en esta ocasión, mantenga los derechos humanos y la equidad como guía de cualquier gestión de su administración”.
Hoy, La Fortaleza informó que el primer ejecutivo emitió un veto expreso al proyecto religioso y a su vez firmó el proyecto para viabilizar pruebas de ADN en casos de personas convictas, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante José “Quiquito” Meléndez.
Precisamente Méndez Núñez, quien es fundamentalista religioso, promovió el proyecto vetado hoy.
Sobre el proyecto de libertad religiosa, el primer mandatario expuso en su veto expreso que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa”.
El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33-2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4-2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente, por primera vez en el sistema jurídico, el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.
“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó en declaraciones escritas.
Luego de su juramentación, el gobernador reestableció la Oficina de Bases de Fe de La Fortaleza, tras haber sido eliminada bajo la pasada administración.
El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 -legislación federal que este proyecto utiliza como base- incluye a Puerto Rico en la lista de jurisdicciones a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.
“Como es de notar, ya nuestro ordenamiento jurídico contiene, por vía de legislación federal y local, de la Constitución local y de la jurisprudencia aplicable, salvaguardas suficientes para garantizar el derecho de toda persona a libertad religiosa y es el compromiso de la presente administración proteger tan fundamental derecho”.
Asimismo, el gobernador señaló que “la discusión de la presente medida ha levantado serias preocupaciones y distracciones que pudieran provocar la violación de los derechos de sectores de nuestra sociedad e incluso limitar el servicio público a nuestra población. Prometimos un gobierno que sirva a todos los ciudadano de esta tierra y así lo haremos”.
De otra parte, el primer mandatario firmó el proyecto para establecer que el término para presentar una moción de solicitud de análisis de ADN comenzará a contarse a partir del momento en que la persona solicitante advenga en conocimiento de información para validar la misma. INS
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