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San Juan, 30 ene (INS).- La Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado 642, para revertir de 50 a 15 dólares el pago de las multas administrativas por pasar por el AutoExpreso sin el balance requerido.
Para esos fines, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, representante José Luis Rivera Guerra, sometió las enmiendas que serán añadidas a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, tras concluir las vistas públicas de análisis de la medida.
“La idea es que sea 15 dólares por día… Pero los sellos tienen que estar registrados. Para los que pasen por el peaje sin sellos registrados tendrán que pagar una multa de 200 dólares en vez de los 100 vigentes. Y la agencia delegada el Departamento de Transportación y Obras Públicas/Autoridad de Carreteras, tendrá 90 días para atender vistas de administración, ya que están atrasadas por dos años”, explicó Rivera Guerra.
Recomendó además que se establezca la obligatoriedad del sello electrónico registrado a nombre del dueño o usuario del leasing del vehículo, la prohibición del duplicado de tablillas y penalidades relacionadas y demostrar que existe un sello electrónico registrado en el auto del adquiriente en los traspasos de autos.
“El registro obligatorio de los sellos electrónicos es necesario pues de 3,063,676 usuarios de autopistas, solo 1,724,054 posee un sello electrónico registrado”, dijo el legislador.
También recomendó aclarar la aplicación de penalidades y procesos al uso de los peajes y los términos para atender las vistas administrativas. En cuanto al plazo para que los usuarios puedan recargar la cuenta sin ser multados, indicó que “tendrán 120 horas desde la infracción para realizar el pago del peaje o, de lo contrario, se emitirá la multa”.
Igualmente fue aprobado el Proyecto 911, del presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, y los representantes Ramón Cruz Burgos y Denis Márquez Lebrón, con el propósito de declarar como Reserva Natural de Puerto Rico la desembocadura del río Guayanés, en Yabucoa.
Se espera que con la aprobación de esta ley, el gobierno administre y proteja la desembocadura del río Guayanés como un patrimonio nacional a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña. INS
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