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Miembros de la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el recuadro, la diputada Maribel Almánzar de Ogando, autora del polémico anteproyecto de ley. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 6 nov (INS).-La Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó la tarde del jueves el anteproyecto de ley de regularización de documentos presentado por la diputada de esa misma organización, Maribel Almánzar de Ogando, propuesta que pretende beneficiar a extranjeros que por años residen en República Dominicana en condición migratoria ilegal, principalmente miles de haitianos.
El máximo organismo argumentó que este tipo de procesos deben ser rigurosos y recaer exclusivamente bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE).
La iniciativa parlamentaria fue rechazada de inmediato por varios sectores de la sociedad dominicana por entender que se trata de un asunto muy delicado.
La propuesta depositada en la Cámara de Diputados por la legisladora buscaba crear un régimen especial para reconstruir la identidad y renovar la identidad a personas que enfrentan trabas debido a irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil.
Durante una reunión de la cúpula partidaria, el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Deligne Ascención, enfatizó el rechazo unánime al documento legislativo y exhortó a la congresista a desistir de la misma, señalando que la organización respalda las acciones que viene implementando el tribunal de elecciones en esa materia.
En el mismo sentido se pronunció Eddy Olivares, vicepresidente de la organización, quien aclaró que la congresista no consultó ni debatió la pieza legislativa previamente ni por el partido ni por el bloque legislativo del PRM en la Cámara Baja.
Asimismo, calificó de imprudente abordar un tema de esa naturaleza en el contexto político actual del país, el cual asegura, ni siquiera no fue aprobado por el bloque de diputados de la organización oficialista.
“A nosotros no nos parece sensato presentar ni abordar un tema de esta naturaleza en el contexto presente de la República Dominicana y lo que estamos viviendo, casi en vísperas de un proceso electoral. No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es del Partido Revolucionario Moderno; dudo que el partido lo pueda asumir”, puntualizó.
En el país, la mayoría de quienes viven en esta situación de vulnerabilidad migratoria son ciudadanos haitianos residentes de manera irregular.
Desde 2018 hasta 2026, el Estado dominicano ha otorgado 60,306 residencias a esos ciudadanos, convirtiendo a Haití en el país cuyos nacionales han recibido la mayor cantidad de permisos de residencia en la República Dominicana.
Un total de 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular han sido procesados por la Dirección General de Migración (DGM) en lo que va del año 2026, como resultado del reforzamiento de los operativos de interdicción y los controles establecidos en diferentes puntos del país y la frontera. De esa cifra, 186,139 fueron deportadas, 143,182 son hombres, equivalentes al 76.92%, mientras otras 42,957 son mujeres, para un 23.08%.
Sin embargo, la entrada masiva de esos individuos indocumentados hacia el suelo dominicano mantiene un ritmo acelerado pese a las repatriaciones, tras ser apresados en operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. Un promedio cercano a las 1,000 personas son expulsadas cada día del territorio nacional, según ha informado la Dirección General de Migración.
La diputada Maribel Almánzar de Ogando establece en el anteproyecto que es importante documentar a los individuos que hoy enfrentan un limbo jurídico a causa de impedimentos, suplantaciones o irregularidades registradas de origen.
Señala que su propuesta surge para subsanar los vacíos dejados por normativas previas, como la Ley núm. 169-14, la cual excluía de sus beneficios aquellos registros que presentaban falsedad de datos.
El texto sostiene que, más allá de los errores o faltas burocráticas del pasado, estas personas indocumentadas “han construido una vida civil, familiar, laboral y económica legítima en el país; han contraído matrimonio, declarado hijos, adquirido propiedades, accedido a empleos y abierto cuentas bancarias, generando relaciones jurídicas que el Estado debe proteger”.
Asimismo, reconoce que las deficiencias históricas e institucionales del propio Registro Civil Dominicano propiciaron que muchos ciudadanos recibieran documentos oficiales bajo una presunción de legalidad que hoy les ha sido retirada, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
“No podemos permitir que las fallas del pasado sigan condenando a miles de personas a una muerte civil. Este proyecto de ley no busca premiar la ilegalidad, sino aplicar un principio elemental de justicia y seguridad jurídica: separar el hecho registral original de las realidades humanas, familiares y económicas que se consolidaron legítimamente a lo largo de décadas bajo el amparo de un documento del Estado”, expresa.
El régimen propuesto establece que la corrección de las anomalías en los expedientes debe incluir un tratamiento jurídico justo para los actos ya realizados. Con esto se garantiza la validez y oponibilidad ante terceros de todos los contratos, pensiones, títulos de propiedad y derechos filiales de los afectados y sus familias, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero y del ordenamiento civil dominicano.
Evangélicos
El tema fue respondido por el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio, quien advirtió hoy que el citado proyecto de ley podría comprometer el orden institucional y la soberanía nacional.
Dijo que esa propuesta podría establecer mecanismos de regularización y reconocimiento de nacionalidad al margen de la Constitución y las leyes.
Declaró que rechaza cualquier iniciativa legislativa que atente contra el marco constitucional y las disposiciones legales relacionadas con la nacionalidad dominicana.
Dijo que el proyecto ha generado preocupación en sectores que consideran que podría abrir la posibilidad de establecer mecanismos de regularización y reconocimiento de nacionalidad al margen de la Constitución y las leyes.
Lacen Custodio recordó que en 2014 fue aprobada la Ley 169-14, que estableció un régimen especial para abordar la situación de personas afectadas por las disposiciones relativas al registro civil y la nacionalidad, mediante procedimientos y condiciones definidos por el legislador.
En ese sentido, consideró necesario que cualquier nueva idea relacionada con la identidad y la nacionalidad se examine con responsabilidad, transparencia y estricto apego al ordenamiento jurídico dominicano.
El religioso llamó a la ciudadanía, a los poderes públicos y a los diferentes sectores de la sociedad a fortalecer el respeto y cumplimiento de la Constitución de la República, al conmemorarse este 6 de noviembre el 182 aniversario de la proclamación de la primera Carta Magna dominicana, en la sureña provincia San Cristóbal.
Manifestó que la Constitución representa mucho más que un conjunto de disposiciones legales, pues constituye el fundamento del Estado dominicano, establece los derechos y deberes ciudadanos y garantiza los principios que deben orientar la convivencia democrática. INS
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Miembros de la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el recuadro, la diputada Maribel Almánzar de Ogando, autora del polémico anteproyecto de ley. (Fuente externa). Inter News Service