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El sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez mientras ofrecía detalles sobre las desapariciones de personas. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 1 sep (INS).-El politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez dijo que el 63% de familias de personas desaparecidas ven deterioradas las finanzas de su hogar, situación que tiende agravarse con una escalada de angustia, temor, tristeza y dolor.
Explicó que una desaparición crea problemas, principalmente cuando los familiares pierden a uno de los sostenes de la familia, “ya sea el proveedor del único ingreso o del principal ingreso del hogar».
El especialista ofreció estos datos este martes en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), durante la presentación del «Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana».
La ponencia del sociólogo Oliva Álvarez consistió en la presentación de los resultados de la investigación, que analiza el tema desde una perspectiva multidimensional y plantea la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de protección y acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
Oliva Álvarez aprovechó la intervención para denunciar los parientes de personas extraviadas tienen que exponerse en los medios de comunicación para dar alcance al caso de su familiar.
Esa misma exposición mediática, indicó, atrae a oportunistas y a la «industria» o negocio de la extorsión que existe en el país, muchas veces manejada desde las prisiones.
«Los relatos de los familiares son estremecedores. También debería incluirse como un costo de la desaparición», manifestó durante su intervención.
El investigador expuso las distintas formas en que quienes atraviesan por la desaparición de un ser querido se empobrecen o experimentan un deterioro de su economía personal y familiar.
Entre las situaciones que citó, están el agotamiento de los ahorros, el endeudamiento y, en los casos más graves, la descapitalización mediante la venta de muebles, joyas o vehículos.
«Un aspecto que a mí me sorprendió mucho, me tomó por sorpresa, es que mucha gente deja de trabajar, abandona el trabajo para concentrarse, dedicarse y volcarse en la búsqueda», dijo.
También señaló que, durante el tiempo que lleva investigando el tema, ha conocido casos en los que la propia situación y su impacto emocional generan una disminución de la productividad, lo que puede repercutir en despidos por bajo rendimiento laboral.
Oliva Álvarez también abordó el daño mental y psicológico que representa una desaparición para los familiares. Expresó que el 90% de los allegados cercanos reporta alguna alteración del ánimo y que las secuelas persisten en el tiempo. «Es decir, el tiempo no lo cura todo», aseguró.
Dijo que, si se comparan los casos más recientes, de 2024 o 2025, con las declaraciones de familiares de personas ausentadas en 2023 o años anteriores, se puede observar que los indicadores de malestar psicológico y emocional no mejoran e, incluso, pueden empeorar.
El especialista introdujo el concepto de «duelo desautorizado», que describió como una especie de «desconexión» con el mundo social y un «desapego» psicológico de los familiares, quienes quedan anclados en el momento del trauma y tienen dificultades para continuar con el curso de sus vidas.
«Los familiares comienzan, de alguna forma, a quedar anclados en el momento traumático y su experiencia del tiempo es circular, mientras que el entorno, la sociedad, continúa avanzando en una trayectoria lineal. Esto produce un desapego psicológico, un retraimiento, una desconexión del mundo social externo», explicó.
Aseguró que, en las oportunidades en que ha entrevistado a familiares de personas desaparecidas, estos le han indicado que prefieren encontrar muerto a su familiar antes que permanecer sin saber qué ocurrió con él.
«Prefieren enfrentar el dolor de la muerte del ser querido antes que soportar la angustia de la incertidumbre», aseguró el profesional.
La actividad contó con la participación de autoridades académicas, representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, investigadores, docentes y estudiantes.
Durante el acto, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la desaparición de una persona trasciende el ámbito administrativo y compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral.
El diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas extraviadas sin retorno.
Entre sus hallazgos identifica dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las instituciones. INS
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El sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez mientras ofrecía detalles sobre las desapariciones de personas. (Fuente externa). Inter News Service