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Reclaman acción contra la proliferación de armas de fuego y el asesinato de mujeres. Inter News Service
San Juan, 9 dic (INS).- La violencia generalizada que enfrenta Puerto Rico se compara con condiciones de guerra, a juicio del Frente Amplio de Acción Social (FAAS), que reclama al Estado que atender de manera urgente la crisis como consecuencia de la flexibilización de la Ley de Armas desde el año 2020.
De acuerdo con las entidades MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, Puerto Rico ocupó en 2024 el segundo lugar en feminicidios en América Latina —solo superado por Guatemala—, evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad.
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre 2000 y 2020, el 87.6 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego, mientras en el caso de feminicidios, tras la flexibilización legislativa, el porcentaje de feminicidios íntimos cometidos con armas legales e ilegales pasó de 47 por ciento en 2019 a 75 por ciento en 2024, y en 2025 el 82 por ciento de los casos de feminicidios íntimos registraron con armas de fuego.
Para las agrupaciones que integran el FAAS, como la Coalición Paz para la Niñez, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, al Coordinadora Paz para las Mujeres, el Observatorio Equidad de Género y la Red de Albergues, alarma la postura de Astrid Piñeiro, Procuradora de las Mujeres, quien ha expresado que rechaza la regulación y alega que la alta proporción de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educación, que no ha sido atendido por este organismo.
Además, consideran que en lugar de prevenir feminicidios, el actual abordaje aumenta significativamente el riesgo de que agresores asesinen más mujeres.
“La procuradora Piñeiro afirmó recientemente que rechaza la restricción y regulación de armas de fuego, a pesar de la robusta evidencia que confirma la correlación entre el acceso a armas de fuego y feminicidios”, establecieron Edda López, coordinadora FAAS; Stephanie Figueroa, directora ejecutiva Observatorio de Equidad de Género-FAAS; Taína Moscoso, abogada mediadora de familia-investigadora violencia de género, y Coraly León, directora ejecutiva Red Nacional de Albergues y Violencia Doméstica.
A juicio de estas activistas, alarma la falta de acciones del Estado para atender esta crisis, ya que la política pública vigente promueve y propicia métodos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de género, intensifican la crudeza de las violencias manifestadas contra la población.
“A la carencia de campañas masivas enfocadas en la concienciación y la prevención de la violencia, se suma el discurso oficial en apoyo de la proliferación de armas de fuego”, afirmó Nellie Zambrana, presidenta electa de Asociación de Psicología-FAAS, al sostener que el Estado parece renunciar a su deber de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En agosto de este año, la gobernadora Jenniffer González flexibilizó aún más la posesión de armas de fuego emitidas en 2020 y que expiraron este año, a cinco años de la aplicación de la nueva Ley de Armas, respondiendo a una interrupción en la interconexión entre PRITS (Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico) y el Centro Nacional de Información sobre el Crimen de Estados Unidos (NCIC), uno de los sistemas del Negociado Federal de Investigación (FBI) para la verificación de antecedentes penales en los procesos de expedición de licencias.
En consecuencia, el Registro Criminal Integrado (RCI), herramienta fundamental para la evaluación de solicitantes, carece de datos vitales para validar el derecho de quienes tramitan licencias de posesión de armas de fuego.
Mientras, la gobernadora González no ha revelado el periodo estimado para acceder a este importante trámite, indicaron en rueda de prensa Migna Pérez Rivera, catedrática Universidad Albizu y coordinadora FAAS; Marta Villares, exprocuradora de las Mujeres-FAAS; Alice Pérez, coordinadora Comité Desarrollo Integral de la Niñez; Ángeles Acosta, de la Coalición Paz para la Niñez, y Vilma González Castro, directora de la Coordinadora Paz para las Mujeres.
Subrayaron que desde hace varios años carecemos de datos oficiales fiables sobre el panorama de licencias para posesión y cantidad de armas de fuego legales que maneja la Policía de Puerto Rico, aunque se estima que el número de personas con licencias ronda entre 160 mil y 250 mil.
A esta situación se le añade el trasiego de armas ilegales que entran al país, ya que oficiosamente se estima que el 95 por ciento de los crímenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautan entre tres mil y tres mil 500 armas ilegales, principalmente por la Policía de Puerto Rico.
La crisis de violencia normalizada en Puerto Rico es particularmente peligrosa para mujeres que enfrentan esta situación junto a sus crías, aseguraron las activistas sociales.
El impacto trasciende a las víctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado huérfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una política pública de reparación ni protocolos especializados para atender a esta niñez.
“Cada asesinato no solo arrebata una vida, sino que fractura familias y perpetúa ciclos de vulnerabilidad y exclusión. El Estado, lejos de responder con urgencia, mantiene una inacción que agrava la emergencia social”, anotaron al reclamar que se garantice su derecho a vivir en una sociedad sin violencias.INS
ndc
