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El expresidente Leonel Fernández mientras comentaba el tema de los semáforos. Inter News Service
Santo Domingo, 17 sep (INS). -El expresidente Leonel Fernández denunció hoy que bajo el contrato del estatal Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam para el funcionamiento de semáforos en el Gran Santo Domingo, se pudo armar un esquema de espionaje y corrupción, el cual señala como un escándalo que debe ser investigado a fondo como un tema de seguridad nacional.
Se refiere a la paralización simultánea de todos los semáforos implementada por Transcore Latam en el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, lo que originó un congestionamiento total del tráfico vehicular, durante horas.
El exmandatario dijo que, pese a esa anormalidad, la compañía seguía operando “bajo circunstancias poco claras”, pues el Intrant continuaba su relación con esa institución no obstante la anulación del acuerdo suscrito entre las partes, en el 2023, por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
“El pueblo dominicano espera que el Gobierno ofrezca respuestas contundentes a un caso que, además de constituir un escándalo de corrupción, representa un riesgo a la seguridad nacional, una amenaza al derecho fundamental a la intimidad y al derecho humano de no injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada”, declaró el también presidente de la Fuerza del Pueblo en su encuentro semanal “La Voz del Pueblo”.
Señaló que la compañía inhabilitada habría podido recibir pagos y mantener el control sobre la infraestructura, donde se incluyen las cámaras de vigilancia por la ciudad.
Fernández destacó la posibilidad de que los dispositivos instalados podrían estar realizando espionaje masivo y se pregunta “¿por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles?”, preguntó el dirigente opositor.
“Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad”, expresó y citó el artículo 44 de la Constitución que garantiza la intimidad y el honor de las personas.
Llamó al Poder Ejecutivo a dar respuestas sobre lo ocurrido, pues asegura que esa acción representa un riesgo para la seguridad nacional “y no podemos permitir que se juegue con la privacidad de nuestra gente y que el Estado delegue en empresas privadas tareas que solo le competen al gobierno”.
En ese contexto, comentó que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) remitió al Intrant, el 16 de enero del 2024, un requerimiento de cese de uso no autorizado del espectro radio eléctrico.
Fernández habló de esa situación la que considera “una amenaza para la privacidad al utilizarse (haciendo referencia al uso de las frecuencias) para identificar la ubicación de las personas a través de los teléfonos móviles”.
Esta frecuencia se detectó en una banda para 4G, que es una de las utilizadas para tecnología móvil LTE. La misma se ubicó en un edifico del Intrant sin que los mismos estuvieran habilitados por ese órgano rector de telecomunicaciones.
Sobre la neutralización de los semáforos se pronunció, hace una semana, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, que exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la citada empresa, luego de haberse anunciado su suspensión en octubre del año pasado.
La organización considera que la población debe saber el nivel de ejecución del convenio, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema a una empresa cuestionada por el propio Gobierno.
Recordó que la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el pacto legal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) con la mencionada compañía ascendente a los RD$1,300 millones de pesos (21.630.616 dólares estadounidenses) luego de identificar irregularidades, entre estas que fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado de la dependencia gubernamental.
En una comunicación de prensa, la organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana considera que la sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos. INS
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