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El presidente Luis Abinader y funcionarios gubernamentales durante el culto religioso. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 24 may (INS).-Luego del triunfo obtenido en las elecciones presidenciales y legislativas del anterior domingo, conquistando el 57.45% de los votos, la próxima gestión del presidente Luis Abinader se concentrará en convocar a al liderazgo político, empresarial y demás sectores de la sociedad a los fines de lograr un consenso para una reforma fiscal que genere beneficios a la República Dominicana.
El jefe de Estado reveló en la rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional, denominada La Semanal, que esta administración tiene en carpeta presentar un proyecto de modificación tributaria, “pero evidentemente nosotros tenemos que evitar que tenga un impacto negativo en las clases más vulnerables del país”, al tiempo de garantizar que «siempre habrá un método de compensación y que se pueda seguir disminuyendo la pobreza», que debe ser el objetivo principal.
Precisó que someterá ante Congreso Nacional, hemiciclo que el oficialismo controlará a partir de los comicios con 146 diputados y 29 senadores en su parcela, unas reformas sustanciales a la Constitución de la República. Hablando durante una misa de acción de gracias, convocada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el propósito es limitar al Presidente de turno (colocar los candados) y conservar un Ministerio Público verdaderamente independiente.
Es de rigor consignar que el Código Tributario en vigor en el país data de 1992. Aunque ha sufrido alrededor de una decena de modificaciones, todas ha sido consideradas parches fiscales. Lo que sí hay es un consenso respecto a la necesidad de lograr una renovación que incluya los dos componentes principales: ingresos y gastos.
Se ha establecido que el déficit histórico del Gobierno ronda el 3% anual, principalmente por el peso que tiene en las finanzas públicas el subsidio al sector eléctrico, de alrededor de US$1,500 millones por año. En el 2020, por efectos de la pandemia Covid-19, cerró en -7.5%, cayendo al -2.7% en 2021 tras rebote de la economía y retornando al -3.1% estimado para este 2024. El servicio de la deuda, que supera el 25% de los ingresos fiscales, reta la sostenibilidad financiera de la administración pública.
Ante una demanda cada vez mayor de servicios públicos y una presión tributaria que no supera el 15% del producto interno bruto (PIB), endeudarse ha sido la decisión más socorrida por los gobiernos para cubrir el déficit. Como ejemplo, la deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) pasó de US$29,544 millones en 2017 a US$55,698 millones a abril de este año, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, lo que significa un aumento absoluto de US$26,154 millones, equivalente a un 88.5%.
Además del establecimiento del pago de un anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), vigente desde 2006 a través de la Ley 288-04, el sistema de tributos ha experimentado transformaciones que lo vuelven más complejo. En 2005 se estableció un impuesto sobre hidrocarburos del 13%, el cual fue incrementado al 16% en 2006. En este mismo año el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue llevado del 12% al 16%. Los parches continuaron y en 2011 se elevó el impuesto sobre la renta de personas jurídicas (empresas) hasta el 27%.
Al año siguiente, luego de haberse disparado el déficit fiscal en medio de un proceso electoral, la Transferencia de Bienes volvió a ser modificado, pasando del 16% al 18%, grabando bienes que hasta entonces estaban exentos como el aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café.
El pago del anticipo existe desde 1962 con la Ley 59-11. Sin embargo, su liquidación por anticipado era opcional. La obligatoriedad se establece a partir de 2006 como parte del paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis generada por la quiebra de tres bancos.
Según describe la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un anticipo es un pago a cuenta del ISR que se debe efectuar de forma obligatoria y por adelantado, el cual será compensado con el impuesto anual que resulte cuando se realice la presentación de la próxima declaración jurada.
En noviembre del año pasado, durante la celebración del Foro Económico elDinero, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, dio algunas pistas de lo que pudiera ser la reforma fiscal. Se concentró no solo en destacar las bondades de la expansión del producto interno bruto (PIB) de República Dominicana, sino, además, se refirió a la necesidad de llevar ese crecimiento al desarrollo que requieren todos los dominicanos.
El funcionario destacó que en los últimos 50 años República Dominicana ha sido el país con mayor crecimiento económico en la región y que, también, es la séptima económica más grade. Sin embargo, señaló que no está entre los más desarrollados de la región y la razón, a su entender, está en una limitada disponibilidad de recursos para atender las necesidades de servicios de la sociedad.
En tanto, la propuesta de reforma más conocida y debatida durante los últimos nueve años fue la presentada por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) en marzo de 2015. Según la entidad, su proyecto busca rescatar el espíritu del Código Tributario original y tiene como propósito simplificar, transparentar y agrupar en un solo volumen la tributación interna de República Dominicana. Destaca que desde el año 2000, el Código Tributario ha sufrido 10 modificaciones que introdujeron nuevos impuestos, incrementos de tasas o variaciones a determinados tributos.
En consecuencia, señala, el sistema tributario está distorsionando las actividades económicas, elevando el costo de cumplir con las leyes impositivas y promoviendo la informalidad, evasión fiscal.
Para los analistas del CREES, la combinación de estos factores afecta considerablemente la creación de empleos formales, la movilidad socioeconómica de los dominicanos, la sana competencia entre los agentes económicos, la competitividad empresarial y las propias recaudaciones fiscales.
INTENTOS FALLIDOS
Se recuerda que hace tres años, aún en pandemia, el gobierno intentó introducir, a través del Presupuesto, lo que en aquel momento fue calificada como una enmienda administrativa. Sin embargo, fue necesario echar para atrás el paquete impositivo propuesto para implementarse a partir de 2022.
En octubre de 2021, el presidente Luis Abinader se vio precisado a hablarle al país para calmar los ánimos de la población y de los sectores productivos, cuyos representantes consideraban inoportuno cualquier aumento impositivo dada las condiciones de la economía por la eventualidad sanitaria.
Circula en los medios de comunicación un borrador extraoficial de la propuesta de simplificación del reajuste tributario que el Estado habría elaborado en esa ocasión y no se pudo presentar por el impacto de la pandemia.
Analistas en temas económicos precisan que la nueva idea que presentará el Poder Ejecutivo tendrá una sustancial modificación en el ITBIS, ya que en ese momento de lo que se habló fue de aplicar una baja gradual al gravamen de 18% a 17% y luego fijarla en 16%.
Esa inquietud también mantenía exentos una cantidad de bienes y servicios, pero expertos en el tema fiscal estiman que lo ideal sería bajar la tasa del IVA (ITBIS) a un 10%, en el caso del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y otros planean que sea de un 12% y dejar muy pocos o ninguno de los bienes y servicios libres del pago tributo, con una compensación estatal dirigida a los más pobres.
ELIMINAR EXENCIONES
Los organismos internacionales y las firmas de evaluación riesgo-país (Fitch, Standard & Poo’rs) sugieren al Gobierno la aplicación de una serie de correcciones estructurales para garantizar la sostenibilidad de la economía, fundamentalmente la reforma fiscal, la reforma al Código Laboral y el Pacto Fiscal.
De acuerdo con esos expertos, los resultados de las elecciones presidenciales y municipales, favorables al partido oficialista, contribuirán con la aplicación de las reformas pendientes desde hace muchos años.
La firma Fitch Ratings entiende que en la enmienda que se presente “podrían incluir la eliminación de exenciones para ampliar la estrecha base tributaria y mejorar la administración y el cumplimiento tributario”.
Es posible que mayores ingresos tributarios no conduzcan a una reducción del déficit, ya que los fondos adicionales se asignarían, al menos en parte, a un mayor gasto social o gasto de capital.
Los avances en reformas que fortalezcan la flexibilidad fiscal, respalden mayores tasas de crecimiento en un contexto de estabilidad macro y externa, y una mayor mejora de los indicadores de gobernabilidad ayudarían a apuntalar la presión al alza en las calificaciones, dice Fitch.
Los analistas de las firmas extranjeras subrayan la necesidad de una reforma fiscal en las rigideces que hay en el Presupuesto Nacional, plantean los desafíos ante la crisis en Haití y las presiones que ejerce la migración haitiana en los presupuestos de salud y educación.
Sobre el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios se planteó bajar el tributo en varios tramos, un punto porcentual anual; dejar exentos la educación, la salud pública, la electricidad, el transporte de pasajeros, productos farmacéuticos, alquiler de vivienda, intermediación financiera y seguros y servicios de peluquería y salones de belleza.
En ese contexto se propuso liberar productos esenciales como el arroz, el pan, carnes, embutidos, pescados enlatados, tialpias, leche en polvo, huevos, habichuelas, y tubérculos como la yuca, papa, ñame, yautía, batata, la cebolla y el ajo. INS
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