Inter News Service Agencia de Noticias
Los estafadores de abuelos operaban usando centros de llamadas desde República Dominicana. Inter News Service
Santo Domingo, 1 may (INS).- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia trabaja en el trámite de la solicitud de prisión preventiva en contra de cuatro dominicanos reclamados en extradición por la justicia de los Estados Unidos, acusados junto a otras 12 en relación con una estructura criminal que se dedicaba a estafar con millones de dólares a ciudadanos a norteamericanos de edad avanzada.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, verá el caso en una audiencia, este jueves, para determinar la autorización de repatriación de los criollos Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, José Ismael Dilón Rodríguez, Félix Samuel Reynoso Ventura y Juan Rafael Parra Arias, que se encuentran detenidos en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El pedimento de medida de cautelar fue presentado por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que preside el magistrado Andrés Chalas.
Entre los acusados figuran, además, Nelson Rafael González Acevedo, Miguel Ángel Fortuna Solano, Carlos Javier Estévez, Luis Junior Rodríguez Serrano, Miguel Ángel Vásquez y Jovanni Antonio Rosario García.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en un entramado conocido como “estafa de abuelos” que operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Los implicados en el denominado caso “Estafa de los abuelos”, en Estados Unidos, se enfrentarían a la pena de 20 años de prisión por cada cargo imputado.
De acuerdo a las informaciones difundidas por el Departamento de Estado norteamericano, además de la prisión, estos se enfrentarían al pago de una multa máxima de $250,000 dólares por cada fraude postal y electrónico, así como otra penalidad de $500,000 dólares por cargos de lavado de dinero.
En total, en ese ilícito accionar figuran unas 16 personas; las otras cinco son identificadas como Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años; Jhonny Cepeda, 27 años; Ramón Hurtado, de 43 años, y Yuleisy Roque, de 21 años, residentes en Nueva York.
¿CÓMO OPERABAN?
En el documento reseñado por los medios nacionales, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a este grupo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer blanqueo de capitales y blanqueo de capital.
De acuerdo con el expediente, los miembros de esta presunta operación denominados “abridores”, se encargaban de llamar desde República Dominicana a personas mayores en los Estados Unidos y se hacían pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de los ancianos, alegando que tuvieron un accidente automovilístico, que fueron arrestados y necesitaban ayuda financiera.
Luego que los abridores engañaban a las personas mayores, otros que trabajaban en los call centers (centros de llamadas), conocidos como «cerradores», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y terminaban de convencer a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
“Estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
El documento indica que los cerradores les decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces les indicaban que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” de los centros de llamadas reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener el dinero.
Esos mensajeros iban a la casa de los abuelos para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos.
Acto seguido, los mensajeros llevaron la divisa a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República.
“Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”, leía parte de la acusación.
Las autoridades estadounidenses informaron que esta supuesta banda timaba a ancianos de varios estados, como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. INS
mv
