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Imagen de archivo de los debates judiciales sobre el caso de corrupción administrativa Antipulpo. Inter News Service.
Santo Domingo, 26 oct (INS).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de anular la acusación contra los acusados en el entramado de corrupción contra el estado dominicano, conocido como Operación Antipulpo, que se presume era liderada por Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Las juezas de la corte, Claribel Nivar (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Gissel Soto, consideraron que la solicitud, a la que se adhirieron los abogados de imputados, carece de fundamento jurídico.
Las defensas de los implicados argumentaron que la incriminación levantada por el Ministerio Público viola el artículo 6 de la Constitución y no les ha permitido una defensoría adecuada.
El juzgado, al justificar su decisión, afirmó que durante toda la vista ha estado tomando medidas correctivas para que el órgano acusador cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 294 del Código Procesal Penal, leyendo en cada momento los hechos que se presentan durante las audiencias.
Además, adelantó que al finalizar la lectura de la acusación, la presidenta Nivar Arias preguntará a los procesados si han comprendido los hechos de los que se les acusa y, en caso de que no los hayan entendido, ella misma tendrá la obligación de resumir esos hechos de manera comprensible para los todos.
Las magistradas rechazaron la sugerencia de reiniciar el juicio desde cero, ya que no se han presentado razones para hacerlo. El tribunal determinó que «no existe fundamento jurídico para declarar la nulidad y reiniciar el juicio».
Sin embargo, señaló que es probable que la audiencia deba ser suspendida en algún momento para llevar a cabo diligencias fuera del escenario de los debates, como brindar oportunidades a testigos o atender situaciones imprevistas que puedan surgir para algún imputado.
Después de varios incidentes provocados por los acusados y que impidieron que el proceso comenzara el 25 de junio como estaba programado, el juicio procesal pudo comenzar hace exactamente un mes. Durante este tiempo, el Ministerio Público ha logrado leer menos de 500 páginas de las más de 3,000 que contiene el expediente.
Se recuerda que los días 28 y 29 de noviembre del 2020, el Ministerio Público inició la Operación Antipulpo, un caso en contra de varios ex funcionarios y personas allegadas del gobierno pasado, quienes fueron señalados por corrupción administrativa.
Los nombres expuestos por el órgano de persecución de delitos, tras una serie de intervenciones e incautaciones, fueron acusados de haber sido “proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas”.
Se trata del primer proceso que empezó la justicia dominicana a ex funcionarios de Gobierno del Danilo Media y consistió en la acusación de que entre varios allegados suyos crearon un entramado que habrían logrado, mediante corrupción administrativa, beneficiarse con cerca de cuatro mil millones de pesos (equivalentes a 74 millones de dólares estadounidenses).
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
La investigación fue realizada por los fiscales adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
LOS ACUSADOS
Juan Alexis Medina fue apuntado por la Pepca como la cabeza de todo el entramado, que consta de al menos 27 personas físicas y 21 compañías, que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente acusatorio, Medina propició una estructura societaria y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en conjunto con funcionarios.
Junto a él también se vinculó a su hermana Carmen Magalys Medina, quien fue ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
En el grupo también aparecen servidores del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Francisco Antonio Pagán, exdirector de Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) (quien negoció con las autoridades; Fernando Rosa, ex director del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo, ex ministro de Salud y Rafael Antonio Germosén, excontralor general de la República.
Además, María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Lewyn Ariel, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos MartínMonto de Oca Vásquez, Paola Mercedes Molina Suazo, Wacal Bernavé y José Dolores Santana.
A todos se les colocó medidas de coerción, pero en el caso de Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban, cumplieron prisión preventiva, situación que les fue variada por un juez el pasado año 2022 por la prisión domiciliaria con la colocación de grilletes e impedimento de salida del país. INS
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