R. Dominicana-Haitianos indocumentados desplazan a los estadounidenses y canadienses en la adquisición de bienes inmuebles en la República Dominicana

Santo Domingo, 10 sep (INS).- Los haitianos ocupan el primer lugar de extranjeros adquirientes de bienes inmuebles en la República Dominicana y el 95% de estos no tiene estatus migratorio legal en el país, desplazando así de la primera posición a los estadounidenses y rodaron a un tercer lugar a los canadienses.

Así lo informó el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, al expresar que un 95% de esos compradores en el período enero-junio no tiene un estatus migratorio en el país, “porque está de tránsito y no es residente y carece de un estado de permanencia”.

Reveló que el registro de bienes de extranjeros, a cargo de la Dirección General de Migración, tiene un procedimiento que ha sido cuestionado por el Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía.

“Un procedimiento que es que el extranjero compra y después se registra y eso nos lo envían a nosotros como responsables de la política migratoria y de naturalización del país, tener un registro de bienes inmuebles”, manifestó.

El funcionario planteó que el tema debe ser al revés, en el entendido de que antes de un extranjero adquirir un bien inmueble en el país, debe hacerse previamente una depuración, conjuntamente con los organismos de seguridad.

“A nosotros nos llegan después que él ya lo compró y sucede que una gran cantidad de esos extranjeros tienen un estatus migratorio irregular”, subrayó Juan Manuel Rosario indicó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa de televisión Esferas de Poder.

Expuso que hay 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el país,  70 de estos en las provincias fronterizas, una situación que considera muy delicada y más grave de lo que muchas personas pueden percibir debido a inciden en algunas escenas de violencia que ocurren en esos lugares.

Además, la directora de Asuntos Migratorios del Viceministerio de Gestión y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Laura Maríñez, agregó que durante el período enero-junio de este año personas de nacionalidades extranjeras adquirieron en el país 160 bienes inmuebles, por un valor superior a los casi RD$1,000 millones (US$ 17,604,584).

“En el caso de los haitianos, que ocupaban en el período del 2020 al 2022 la quinta posición en el número de compradores, ahora ocupan la primera posición, en los primeros seis meses del año 2023, delegando una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente”, señaló.

Agregó que el mayor número de compradores tiene interés o preferencia por la adquisición de bienes inmuebles en La Altagracia, Samaná y Puerto Plata.

LA MAFIA

Por otro lado, se denunció la existencia de una mafia en los temas migratorios en República Dominicana y en Haití que promueve la entrada de haitianos ilegales hacia el territorio local, actividad en que participan miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y empleados de la Dirección General de Migración.

La información la ofreció el abogado Nelson Espinal Báez, quien consideró que se  trata de “una puerta giratoria”, una situación que tiene que ser abordada a partir de enfrentar esa operación porque “sin solucionar eso, no se puede solucionar lo otro”.

Afirmó que se estima que un haitiano paga entre 6,000 y 8,000 pesos (entre 105 y 140 dólares) por venir al país, en una proporción de 2,000 ilegales cada día.

Al ser entrevistado por el comunicador Pablo McKinney, en el programa televisivo “McKinney” transmitido por Color Visión, Espinal Báez señaló que el tráfico de esas personas hacia el territorio nacional genera un ingreso para militares y civiles de más de 4,000 millones de pesos al año (70,418,336 dólares).

“Esas mafias, con esos números es suficiente dinero para todo el mundo”, apuntó el profesional del derecho, quien consideró que es necesario aplicar una política para “suprimir, castigar y eliminar” el tráfico de personas por la frontera.

Favoreció que “al que lo agarren traficando ilegales le echen 20 años de cárcel”, porque en su opinión se trata de un crimen de lesa patria. INS

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