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El proyecto de la Cámara 1845, a petición de AAPR, enumera las responsabilidades de las agencias gubernamentales encargadas de mejorar la calidad de vida de esta población en la isla. Inter News Service
San Juan, 10 sep (INS).- Integrantes de las cinco delegaciones legislativas en la Cámara de Representantes presentaron una medida para ampliar la política pública dispuesta en la Carta de Derechos para los Adultos Mayores (Ley 121-2019), a los fines de añadir mayores responsabilidades a las agencias concernientes para garantizar el envejecimiento saludable de la población de adultos mayores en Puerto Rico.
El proyecto de la Cámara 1845 (PC-1845), presentado a petición de AARP, establece que la Ley 121-2019 se centra en la justicia social y en la integración e inclusión de todas las agencias gubernamentales para que se atiendan efectivamente las disparidades sociales, de forma preventiva, y así no crear vulnerabilidades por inequidad de acceso a servicios y elevar la calidad de vida de toda la población mayor y sus familias.
“Con esta medida procuramos lograr la implementación de los postulados contenidos en la Ley 121-2019, para que no sea letra muerta y operacionalizar la política pública en todas aquellas agencias gubernamentales que de (alguna) manera toquen el tema transversal de atender la población de adultos mayores, sin importar la edad y sin sesgos de edadismo”, sostuvo el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, uno de los autores de la medida.
Al presidente cameral se le unieron como autores del PC-1845 los portavoces del Partido Popular Democrático, Ángel Matos García; del Partido Nuevo Progresista, Carlos Méndez Núñez; del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz; del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón; y del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez Reyes.
Entre las nuevas responsabilidades que el PC-1845 fijaría al Departamento de la Familia se encuentra fomentar el Programa Prospera, adscrito a la Administración para el Sustento de Menores (Asume), a través del cual los adultos mayores que requieran sustento de sus descendientes adultos puedan obtener apoyo en todas sus facetas: localización de los alimentantes, fijación, modificación y nivelación de pensión alimentaria, obligación al cumplimiento, asesoramiento, representación legal, coordinación y referidos a otras agencias.
Además, Familia, como la agencia al mando de esta iniciativa, deberá fomentar modelos y servicios orientados a que el individuo pueda permanecer y recibir atención en su hogar y su comunidad, siguiendo los modelos existentes en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, denominados como Home Community-Based Services (HCBS, siglas en inglés).
El Departamento de Salud vendría obligado a contar con programas preventivos integrales, promoviendo el envejecimiento activo con una visión gerontológica que responda a una política pública en consideración los determinantes sociales de la salud.
Mientras que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) adaptará sus programas al perfil psicosocial de la población adulta mayor, incluyendo la capacitación para adultos mayores, sus familiares, cuidadores y personal que labora con esta población sobre condiciones de salud mental o adicción.
A su vez, el Departamento de la Vivienda tendrá que desarrollar y promover programas de vivienda orientados a la población adulta mayor, que sean asequibles y brinden igualdad de oportunidades para obtener un techo seguro que incluya acceso a servicios de asistencia.
De igual forma, el Negociado de la Policía de Puerto Rico desarrollará y apoyará a los consejos vecinales, sobre todo en comunidades donde existe una población numerosa de adultos mayores, y adiestrará a sus efectivos para el manejo de casos de maltrato que involucren a un adulto mayor.
El Comité para la Implementación y Revisión de la Ley 121-2019, el cual lideró el esfuerzo para las enmiendas presentadas a la ley, está compuesto por Familia, Salud, Seguridad Pública, Vivienda, Trabajo y Recursos Humanos, Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Recreación y Deportes, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Universidad de Puerto Rico, la Asociación y Federación de Alcaldes, la Asamblea Legislativa y AARP.
“Estas entidades tendrán como objetivo promover la integración de los servicios gubernamentales para la población adulta mayor y la educación a la población en general sobre la nueva visión de envejecimiento activo”, manifestó Hernández Montañez.
Añadió que, además, implementarán “un plan para el desarrollo de un sistema integrado de cuido a largo plazo en la isla que atienda las necesidades de la ciudadanía e incluya diversidad de modelos de enfoque en el continuo de vida de las personas”.
De no cumplirse con el mandato establecido en este proyecto de someter informes semestrales que detallen el progreso de las nuevas responsabilidades que tendrá cada agencia, se podrá recurrir al tribunal para exigir el fiel cumplimiento de las disposiciones de la ley.
“Con esta importante iniciativa lograremos la uniformidad de las leyes y servicios a favor de los adultos mayores del país, que es nuestro mayor grupo poblacional y que seguirá aumentando, para que reciban los mejores servicios y atenciones disponibles por parte del gobierno, y así mejorar su calidad de vida”, remató Hernández Montañez.INS
ndc
