
Sede principal en Santo Domingo de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Inter News Service
Santo Domingo, 27 jul (INS).- La Oficina Nacional de Defensa Pública asistió en el primer semestre del 2023, completamente gratis, a 58,119 personas que no contaban con recursos económicos para pagar un abogado.
De esos individuos, 56,178 fueron atendidos mediante la Jurisdicción Penal Ordinaria y 1,941 ante la Jurisdicción Penal Juvenil (3.335%).
Los detalles fueron suministrados a los medios en un comunicado en el que se explican las acciones delictivas cometidas por sujetos de diferentes nacionalidades que no están en condiciones de sufragar los servicios de un profesional del derecho.
Los asuntos más recurrentes asentados en los registros son robo, violencia intrafamiliar, ley de drogas agravadas, golpes y heridas, delitos sexuales, homicidio simple y agravado, ley de comercio, y porte y tenencia de armas.
Esos hechos también son computados a algunos jóvenes que residen en las diferentes demarcaciones del país llevados a los centros de reclusión y rehabilitación.
Refiere el reporte que de la población carcelaria general atendida por la Oficina Nacional de Defensa Pública, ingresaron en asuntos penales ordinarios 11,222 expedientes (10,573, hombres y, 649 mujeres) y de adolescentes, un total de 728 delitos (653 masculinos y 75 femeninas).
Del acumulo de eventualidades registradas por la institución, 575 representan la población de extranjeros asistidos, de los cuales, 547 son personas adultas y 27 de la jurisdicción juvenil, de ambos sexos.
“De estos extranjeros asistidos, los ciudadanos haitianos ocupan el primer lugar de la lista con 556 personas (96.6%), seguido por seis venezolanos, dos Italianos, dos de Estados Unidos, un holandés, una colombiana, así como similares cantidades de húngaro, español, panameño, puertorriqueño, chino, canadiense e indio.
“La Defensa Pública representa al usuario en conflicto con la ley penal, que por cualquier causa carezcan de un abogado e implementar cualquier gestión que tienda a asegurar los derechos de los ciudadanos, desde el primer acto del procedimiento hasta la desvinculación del sistema penal de justicia”, señala el informe.
La Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución que brinda servicios legales gratuitos, por medio de un cuerpo de abogados calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, sin recursos financieros.
La creación de este sistema estaba en gran medida asociada a la aprobación del Anteproyecto de Ley de Defensa Pública, lo que se logró el 12 de agosto del 2004 con la implementación de la Ley 277, que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública. En esa normativa se plantea la autonomía funcional, administrativa y financiera de la institución dentro del Poder Judicial, permaneciendo dentro de este durante los primeros cinco años y al término del mencionado plazo adquiere independencia total.
En ese contexto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia haciendo uso de la facultad establecida en el Art. 77 de la Ley núm. 327, de Carrera Judicial de 1998, alidó mediante la Resolución número 512, de fecha 19 de abril del 2002, la creación de la Oficina Nacional de Defensa Judicial, a fin de organizar, dirigir y garantizar la prestación de servicio de defensa técnica, de manera eficaz, oportuna, gratuita y permanente, a personas de escasos recursos económicos. Esta oficina fue creada dentro del órgano judicial, con dependencia administrativa, pero independencia técnica y funcional. INS
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