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Algunos de los fiscales adjuntos que han participado en los casos de corrupción administrativa. Inter News Service
Santo Domingo, 28 jun (INS).- La República Dominicana progresa en la lucha contra la corrupción, promedio reflejado en una mejora del 4%, lo que le permitió mantener el quinto lugar en la persecución de ese delito.
La observación figura en un estudio publicado por el Indice de la Capacidad de Combate a la Corrupción de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas correspondiente al año 2023.
La publicación muestra un salto cualitativo desde el año 2020 cuando el informe destaca un rating (clasificación) aproximado de 3.0 al país, hasta por encima de los 5.42 puntos.
El documento señala que República Dominicana tuvo el mayor incremento respecto al año anterior, con una variación positiva de 0.23. Solo Panamá experimentó un crecimiento superior en la región de Latinoamérica y únicamente cinco países mejoraron respecto al pasado año.
La mayoría de los avances se registraron en la categoría de capacidad legal, que mejoró un 11% desde el 2022, impulsada por avances significativos en las variables que evalúan la indulgencia y los instrumentos de acuerdo de culpabilidad, así como en las agencias anticorrupción.
Las variables que miden la independencia judicial y la independencia de la fiscalía general también presentaron ganancias moderadas.
No obstante, el reporte manifiesta que la República Dominicana tuvo retrocesos en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación y cuenta con pocas ONG (Organización sin fines de lucro) dedicadas a la transparencia y la lucha contra ese flagelo social y está rezagada en comparación con el promedio regional en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil.
Precisa que desde que asumió el cargo en 2020, el presidente dominicano Luis Abinader ha enfatizado la lucha contra ese mal, “lo que ha contribuido a un progreso constante en general».
En julio de 2022, el gobernante promulgó una ley de decomiso de activos. Sin embargo, los analistas señalan que es posible que se necesiten más recursos para las agencias anticorrupción y que los aportes para hacer cumplir activamente la legislación para corregir esa situación en general, siguen siendo limitados.
Se recuerda que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha continuado varias investigaciones respecto a los casos de alto perfil en el último año, como Operación Coral, Operación Coral 5G, Operación Antipulpo, Operación Medusa y Operación Calamar.
Esos procesos se han centrado principalmente en funcionarios del antiguo gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre estos dos hermanos del ex mandatario, un cuñado, un mayor general que era jefe de su seguridad, tres generales militares y otros oficiales policiales de altos rangos, así como decenas de civiles que guardan prisión domiciliaria con la colocación de grilletes electrónicos e impedimentos de salida del territorio nacional.
En el hecho Antipulpo, según el órgano acusador, la forma de operar de esta estructura criminal consistió en acaparar negocios públicos (contratos de licitaciones, adjudicaciones, compras, entre otros) hacia empresas interpuestas integradas en su mayoría por testaferros, las cuales a su vez conducían los beneficios hacía en el acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
Esos casos están pendientes de fijación de audiencias penales con expedientes de más de dos mil páginas levantados por el Ministerio Público y los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen “la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión (comportamiento inadecuado), falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato”.
Además, en ese contexto los servidores públicos de la actual administración estatal del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que se han visto involucrados en presuntos actos de corrupción, han sido despedidos o han renunciado., mientras esperan por un juicio penal. INS
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