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San Juan, 21 jun (INS).- El exalcalde del municipio de Aguas Buenas Javier García-Pérez fue sentenciado hoy a 37 meses de prisión en una vista en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales y el pago de las facturas relacionadas con dichos contratos.
Además, de la condena de prisión, el acusado fue sentenciado a dos años de libertad supervisada, confirmó el jefe de la fiscalía federal W. Stephen Muldrow.
García-Pérez, de 47 años, se declaró culpable en febrero de 2023 de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno.
Según documentos judiciales y declaraciones hechas en relación con su declaración de culpabilidad y sentencia, García-Pérez fue alcalde y funcionario de gobierno de más alto rango en el municipio de Aguas Buenas desde 2017 hasta 2022.
A partir de 2017, García-Pérez estuvo involucrado en un concierto de cohecho en el que recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de otorgar contratos municipales de servicios de disposición de residuos, servicios de asfaltado y pavimentación, y remoción de escombros y pagar las facturas pendientes de los contratos.
Estando en sus funciones en la alcaldía de Aguas Buenas, García-Pérez recibió al menos $32,000 en pagos en efectivo desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021 de los dos empresarios.
El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Muldrow, el director asistente Luis Quesada, de la División de Investigación Criminal del FBI, y el agente especial a cargo, Joseph González, de la oficina de campo del FBI en San Juan hizo el anuncio.
El abogado litigante Nicholas W. Cannon, de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, y el Fiscal Federal Auxiliar Seth Erbe, Jefe de la Sección de Corrupción Pública y Fraude Financiero del Distrito de Puerto Rico, están a cargo de la acusación en el caso.
El abogado litigante Ryan R. Crosswell, de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson para el Distrito de Puerto Rico ayudaron en la investigación.INS
ndc