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El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, es señalado por el PIP de aparente contubernio con la compañía Universal Properties. Inter News Service
San Germán, 14 abr (INS).- La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, y el legislador municipal Joel Vega Torres emplazaron al alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, para que desista de una decena de casos de expropiación forzosa presentados a través de la compañía Universal Properties.
El reclamo surge luego de advenir en conocimiento sobre un caso de un ciudadano cuya propiedad fue declarada estorbo público en un procedimiento que no cumple con los requisitos del Código Municipal.
La única notificación que recibió de que su propiedad sería declarada estorbo público fue a través de un letrero que colocó en la casa la compañía Universal Properties, que actúa como agente del ayuntamiento.
La próxima noticia fue un emplazamiento judicial, informando que el municipio, a través del alcalde Olivera Olivera, se propone adquirir la propiedad, valorada en un momento en $43,000, sin pagarle un centavo de compensación.
Según los registros de la Rama Judicial, hay otras diez demandas similares, en las cuales se identificaron las siguientes irregularidades:
A pesar de que se alega que el fin de la expropiación es el de “utilidad pública”, el alcalde actuó sin la autorización de la Legislatura Municipal que exige la Ley General de Expropiaciones para esos casos.
En todos los casos, el municipio alega que no tiene que pagar nada por la expropiación, bajo la teoría de que procede descontar del precio de tasación de cada propiedad los gastos en los que ha incurrido la privatizadora Universal Properties.
La realidad es que la ley, en las expropiaciones por utilidad pública sólo permite que se descuenten las multas, y los gastos necesarios y convenientes para superar la condición de estorbo público.
Universal, que en estos casos no ha hecho ningún trabajo de mantenimiento o limpieza, pide que se le reste a la compensación de cada uno de los ciudadanos expropiados la exorbitante cantidad de $26,345 para cubrir gastos de la empresa, como $950 por internet y uso de plataforma digital; $4,500 por publicación de edictos, $150 por materiales de oficina; $200 por facturación y otros.
Reclaman la misma cantidad en cada uno de los casos, para un total de $289,795. Si el alcalde Olivera Olivera, como demandante en esos casos, está dando por buenos esos gastos, tiene que buscar otra forma de cobro que sea legal y que no implique dejar sin compensación a los sangermeños a los que privará de su propiedad.
La justa compensación en casos de expropiación es un mandato constitucional, establecieron los denunciantes, la senadora Santiago y el legislador municipal Vega Torres.
Entre los gastos reclamados por Universal están $6,000 por “costos previos a la adquisición”, en los que se menciona a un “solicitante adquiriente”.
“Si en efecto Universal tiene comprador para esas once propiedades, tiene que ceñirse al proceso dispuesto en el Artículo 4.010 del Código Municipal, (no la Ley General de Expropiaciones) que requiere que para poner a la venta un estorbo, éste tiene que figurar primero en el Inventario que el municipio debe mantener accesible al público; se tiene que presentar una tasación aceptada por el comprador, y se tiene que depositar el dinero que el adquiriente entregó en el Tribunal”, dijo la vicepresidenta del PIP.
Agregó que de no cumplir con ese proceso, se hace una representación falsa al Tribunal (y al solicitante adquiriente que probablemente le entregó a Universal una cantidad considerable por una casa que la privatizadora y el municipio pretenden conseguir sin pagar nada al dueño), y la administración municipal no debe ser parte de ese esquema.
“Ante este panorama en el día de hoy le hice llegar una carta al alcalde en la que traigo su atención esta situación y cómo Universal está haciendo falsas representaciones al Tribunal a nombre del Municipio y del propio alcalde y además le solicito que como demandante, desista de estos pleitos. De la misma forma presenté una Resolución ante la Legislatura Municipal para que se ordene al municipio desistir de estas once demandas”, puntualizó Vega Torres.
La senadora Santiago estableció que ha enviado copia al Secretario de Justicia y a la Contralora de Puerto Rico la comunicación al alcalde de San Germán detallando las irregularidades de la privatización de los procesos de declaración de estorbos públicos.
La portavoz PIP y su homólogo en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, sometieron un referido al Departamento de Justica sobre el tema, pero hasta la fecha no se tienen noticias de alguna gestión por parte de el secretario Domingo Emanuelli.INS
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