San Juan, 7 ene (INS).- La Cámara de Representantes continuará investigando la calidad de los servicios de terapia que se ofrece a los estudiantes adscritos al programa de educación especial, incluyendo la contratación de esos servicios por parte del Departamento de Educación y las tarifas pagadas a los profesionales que los ofrecen.
Así lo informó hoy el representante José Aponte Hernández, quien junto al representante Rafael “June” Rivera Ortega presentaron una resolución para extender los términos de la pesquisa hasta finales de la tercera sesión ordinaria de la Cámara baja, pautada a concluir en junio.
“Ciertamente, la comisión a la que se le otorgó la responsabilidad y jurisdicción para llevar a cabo la investigación ordenada ha realizado las gestiones pertinentes para dicha tarea, pero aún se encuentra en el proceso de consultar a diversas agencias gubernamentales concernidas”, señaló el político del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Explicó que “con el propósito de viabilizar que la comisión cuente con el tiempo necesario para culminar la investigación en curso, la Cámara estima meritorio extender el término provisto para continuar la investigación”.
Mediante la Resolución de la Cámara 208, aprobada el 6 de junio de 2017, se ordenó la realización de una investigación sobre los servicios de terapia que se ofrecen a los estudiantes de educación especial.
La Resolución plantea que cumplir con la responsabilidad de proveer una educación adecuada, requiere de la prestación de ciertos servicios que respondan a las necesidades particulares para cada estudiante con discapacidad.
Como el Departamento de Educación -se aduce- no puede ofrecer directamente los servicios que necesita esta población a la que sirve, contrata entidades privadas y profesionales de diversas disciplinas para que los ofrezcan. Entre los servicios que se contratan se encuentran las terapias, que incluyen terapia del habla-lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y terapia sicológica.
“Sin embargo, a pesar de la labor que realizan estos profesionales, la Resolución indica que todos los años se escuchan las quejas de que estos no reciben la paga a tiempo por los servicios rendidos y que las instalaciones para ofrecer los servicios no están aptas. Estas situaciones afectan la prestación de servicios y a la comunidad a la que sirven”, argumentó Aponte Hernández. INS
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