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Resumen de noticias del viernes 5 de enero de 2018
P. Rico-Rosselló Nevares convierte en ley el Código Anticorrupción
San Juan, 5 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió ayer en ley el proyecto de la Cámara 1350, para crear el Código Anticorrupción.
Con el Código Anticorrupción se fortalecen las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes (“whistleblowers”) de actos de corrupción gubernamental.
Además, se busca que toda persona que conozca de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al hacer la denuncia.
Igualmente, entre los cambios establecidos se aumenta a tres años el término prescriptivo para que cualquier persona pueda instar una acción civil por represalias.
En el ámbito civil, la medida facilita que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, además de fallarle a la confianza depositada por el Pueblo, afectan el erario.
Asimismo, se dispone que el gobierno podrá reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario.
Para probar la reclamación será suficiente la sentencia de convicción por la conducta ilegal.
En el área criminal, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida (probatoria) los delitos constitutivos de corrupción y cualquier otro delito que afecte los fondos públicos.
Asimismo, estarán excluidos de este privilegio los delitos relacionados con el entorpecimiento a la justicia como, por ejemplo, las amenazas a testigos o funcionarios del tribunal, cuando se cometa en conexión con delitos de corrupción y otros delitos graves.
En el ámbito administrativo, se destaca que el Registro de Personas Convictas por Corrupción, adscrito al Departamento de Justicia, esté al alcance del público de forma electrónica. Por otro lado, ninguna persona sujeta al este registro podrá aspirar u ocupar cargo electivo alguno.
Rosselló Nevares informó que “el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico recoge y unifica la política pública del gobierno en contra de la corrupción que previamente estaba dispersa en múltiples leyes especiales según se adelantó en el Plan para Puerto Rico”.
“Estamos comprometidos con prevenir la corrupción y se procesará a todo aquel que traicione la confianza depositada por el Pueblo. Debemos asegurarnos de que todas las agencias involucradas colaboren en prevenir y procesar cualquier acto de corrupción”, sentenció el mandatario.
Para asegurar que la cooperación interagencial continúe y trascienda distintas administraciones, también se eleva a rango de ley la iniciativa del Grupo Interagencial.
Por los pasados siete años este esfuerzo ha sido liderado la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega.
El grupo está compuesto por la directora de la Oficina de Ética Gubernamental -quien lo preside-, la contralora, Yesmín M. Valdivieso; la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; la comisionada de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández; la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez; el agente especial a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), Douglas Leff; el inspector general; y cualquier otro miembro que sea invitado por la presidenta.
Rosario Vega, expresó que “la ley cumple con el objetivo de establecer un conjunto ordenado de normas que constituye el cuerpo legal que regula la política pública del Gobierno sobre cero tolerancia a la corrupción. Además, la ley logra un efecto disuasivo que adelantará grandes pasos en la lucha contra la corrupción”.
En tanto, la secretaria del Departamento de Justicia declaró que “la conducta corrupta de un servidor público es un mal que trae como consecuencia la falta de confianza y credibilidad en la función pública. Este Nuevo Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico representa un firme propósito de combatir cualquier acto de corrupción venga de donde venga. Este nuevo Código nos ofrece más y mejores herramientas para continuar impulsando un servicio público de excelencia, integro, transparente y eficaz, desalentando así el devastador sentido de la impunidad”.
Estuvieron presentes durante la firma del Código Anticorrupción el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
Asimismo, asistieron la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives; y el subcontralor de Puerto Rico, Nathanel Arroyo.
Asistieron también la jefa de fiscales de Puerto Rico, Olga Castellón, y el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), Douglas Leff. INS
P. Rico-Comparte frustración de la ciudadanía por falta de electricidad y culpa a la “falta de urgencia” de entidades que acuden a la Isla
San Juan, 5 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo ayer que comparte la frustración de ciudadanía por la falta de electricidad y culpó a la “falta de urgencia” de las entidades que están acudiendo a la Isla a ayudar en la reconstrucción del sistema energético del país.
Tras firmar el Código Anticorrupción en el jardín de La Fortaleza, el mandatario ofreció una conferencia de prensa en la que, dijo, “reconozco y comparto la frustración de la gente” por la ausencia de luz en gran parte de la Isla.
Según Rosselló Nevares, la situación se debe “a la falta de urgencia de las entidades que vienen para acá; por la falta de claridad, por eso se dilata el proceso”.
Además, comentó que con la situación que vive Puerto Rico en el tema energético, “queda evidenciado que el reclamo del ciudadano americano que reside aquí no tiene el mismo peso que el de allá, tenemos una ciudadanía de segunda clase”. INS
P. Rico-AEE informa que el 58.1 por ciento de clientes cuenta con electricidad y adelanta que se proyecta asignar 100 brigadas por región para agilizar los trabajos
San Juan, 5 ene (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, informó ayer que el 58.1 por ciento de clientes cuenta con electricidad en la Isla y adelantó que se proyecta asignar 100 brigadas por región para agilizar los trabajos de restauración del sistema energético.
“Somos conscientes de la responsabilidad de nuestra empresa con el pueblo de Puerto Rico, en especial con los clientes que en este momento no cuentan con el servicio eléctrico en sus hogares y negocios”, dijo González.
Añadió que “entendemos la gran preocupación de la ciudadanía, alcaldes, legisladores y líderes comunitarios, entre otros, ante la falta de electricidad en aquellos sectores que aún no hemos podido energizar”.
Indicó que para lograr la electrificación del país “continuaremos laborando intensamente en turnos de 12 horas los siete días de la semana, incluyendo los feriados, en toda la Isla con los 3,500 trabajadores de la Autoridad, contratistas privados y de compañías de electricidad de los Estados Unidos. En las próximas semanas la cantidad de trabajadores en el terreno aumentará a cerca de 5,000”.
Además, señaló que el 8 de enero llegarán 200 trabajadores adicionales de Estados Unidos con equipos y materiales, aproximadamente 2,500 a 2,600 transformadores de distribución.
La AEE recibirá también otros 6,000 transformadores, que llegarán antes de que finalice enero de 2018, declaró el funcionario.
“Esto se suma a casi 14,000 postes, que incluye una combinación de postes de madera, de concreto y de acero galvanizado, y 330 millas de cable conductor. Se espera que en los próximos días lleguen 6,000 postes adicionales y 1,250 millas de cable conductor”, contó.
Igualmente, afirmó que, según el plan de restauración, se proyecta asignar cien brigadas por región para agilizar los trabajos a través de todo Puerto Rico.
Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares impartió instrucciones al coordinador de restauración del sistema eléctrico, Carlos Torres, para reunirse con los alcaldes con el propósito que ejecuten un acuerdo conjunto de colaboración para trabajar en equipo en el proceso de restauración del servicio eléctrico. INS
P. Rico-Límite a la detención preventiva no es una “efímera conquista”, determina el Tribunal Supremo
San Juan, 5 ene (INS).- El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó ayer que la detención preventiva de un imputado tiene un término fijo de seis meses, inclusive si un evento atmosférico dilata los procedimientos judiciales.
El más alto tribunal insular emitió ayer su sentencia en el caso de Pueblo de Puerto Rico v Alexander Aponte Ruperto.
La determinación del TSPR confirmó al Tribunal de Apelaciones, que había ordenado la excarcelación inmediata de Aponte Ruperto por haberse excedido el plazo de detención preventiva que dispone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin haber dado inicio el juicio en su contra.
Como consecuencia, el Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos promovidos por el Estado contra el acusado, sin el beneficio de su detención preventiva.
La controversia ante la consideración del Alto Foro era si el Estado puede detener preventivamente por más de seis meses a un acusado, sin haber dado inicio el juicio, si en el ínterin ocurre un fenómeno atmosférico que provoca el cierre temporal de los tribunales.
La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados, Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones de conformidad por separado en las que sostuvieron que el mandato constitucional consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico no permite extensiones al término de la detención preventiva por justa causa.
En su opinión de conformidad la jueza presidenta sostuvo que “hoy rechazamos convertir en ‘efímera conquista’ el reconocimiento constitucional de un término máximo de detención preventiva. Es cierto que el Huracán María afectó todos los componentes de la sociedad puertorriqueña, incluyendo a la Rama Judicial que presido. Sin embargo, un acto inevitable de la naturaleza no se puede utilizar para justificar que a un individuo, al cual todavía no se le ha probado ningún delito, se le prive de su libertad por un término mayor al que nuestros constituyentes entendieron tan extremo, que idearon una prohibición constitucional sin precedentes”.
No obstante, la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, emitió una opinión disidente a la que se unieron los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Eric Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.
El juez asociado Martínez Torres también suscribió una opinión disidente por separado.
Los jueces Edgardo Rivera García y Mildred Pabón Charneco votaron junto a Oronoz, Estrella y Colón, para poder hacer mayoría, ya que hubo cuatro disidentes. INS
P. Rico-Secretario de Seguridad Pública informa que 2017 concluyó con 679 asesinatos
San Juan, 5 ene (INS).- El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, informó ayer que el año 2017 concluyó con una reducción en los casos de asesinato y de los delitos contra la persona y contra la propiedad en comparación con el año 2016.
El año 2017 culminó con 21 asesinatos menos que 2016 y una baja de -9.1% en los delitos contra la persona y contra la propiedad, conocidos como delitos tipo I.
El año 2016 terminó con 700 asesinatos y 2017 con 679, luego de la reclasificación a partir de las investigaciones realizadas por el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
Esto, después de que en 2016 terminara con un aumento de 108 asesinatos en comparación con 2015.
De igual forma, todas las áreas policías terminaron 2017 con una reducción en los delitos tipo I, siendo las mayores reducciones en las áreas de Arecibo, Mayagüez y Carolina con -19.8%, -18.1% y -11.5%, respectivamente.
Pesquera indicó que el NCF concluyó el análisis de patología de 16 casos que fueron reclasificados a las estadísticas de homicidios del Negociado de la Policía.
La reclasificación es un ejercicio que se hace todos los años y que se hace luego de los exámenes pertinentes.
Recientemente, se terminó con el análisis de patología de 16 casos que estaban pendientes de 2016.
Entre los casos reclasificados se destacan situaciones que originalmente fueron identificados por el Negociado de la Policía como heridos de bala, casos de agresión agravada o casos de maltrato de menores, que ante el fallecimiento de los individuos y la confirmación de la causa y manera de muerte por el NCF fueron reclasificados como homicidios.
La reclasificación de estos 16 casos como asesinatos se reflejó en la nueva cifra de 700 asesinatos para 2016, comparado con 679 asesinatos para el 2017.
En el mismo ejercicio, que se realiza comúnmente, al final del 2016 se reclasificaron 35 asesinatos ocurridos en 2015. INS
P. Rico-Gobernador establece grupo de trabajo para revisar la cifra de muertes relacionadas con el paso del huracán María
San Juan, 5 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer una orden ejecutiva para establecer el equipo de trabajo para revisar el número de muertes relacionadas al paso del huracán María.
“Como parte del proceso de recuperación, es importante garantizar la transparencia en los daños ocasionados a la vida y a la seguridad de nuestros ciudadanos”, expresó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares añadió que “este gobierno realizará todas las medidas que entienda necesarias para procurar el mayor nivel de transparencia tanto en la recuperación de nuestra Isla, como en los daños a la vida de nuestros ciudadanos causados por este fenómeno atmosférico”.
Según establece la orden ejecutiva 2018-001, se ordena al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera -en coordinación con el Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses- a establecer un procedimiento de revisión de las muertes ocurridas luego del huracán María con miras a determinar si estuvieron relacionadas o no al paso del fenómeno atmosférico por la Isla.
El secretario establecerá un procedimiento dirigido a revisar las causas de las muertes ocurridas luego del paso del huracán y en un término de 90 días presentará un informe sobre los hallazgos de dicho proceso.
“Los días 19 y 20 de septiembre de 2017, el huracán María hizo su paso por Puerto Rico, convirtiéndose en el fenómeno atmosférico más devastador en los pasados 80 años, tanto para la infraestructura local como para el suministro de servicios esenciales a la ciudadanía”, reza la orden ejecutiva.
De igual forma, el decreto ordena a toda agencia de la rama ejecutiva a cooperar y poner a disposición del secretario del DSP todos los recursos disponibles para cumplir con los objetivos de la orden ejecutiva. INS
P. Rico-Minoría ve en lío de las estadísticas de muerte por María la incapacidad de Pesquera
San Juan, 5 ene (INS).- El portavoz alterno de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Aníbal José Torres, afirmó ayer “la incapacidad” del secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera pues el gobernador tuvo que crear un comité de trabajo que dilucide finalmente cuántos muertos causó el huracán María, una controversia que a este momento no ha tenido fin.
“Una vez más se hace evidente la incapacidad del secretario Héctor Pesquera para realizar efectivamente su trabajo. La creación mediante la orden ejecutiva 2018-001, de un comité de trabajo para investigar las muertes ocurridas tras el paso del huracán María, es una muestra más del pobre desempeño de Pesquera para manejar la seguridad del país y las agencias relacionadas”, dijo Torres en declaraciones escritas.
El senador del PPD señaló que desde los primeros reportes sobre la cantidad de muertes tras el paso del huracán, advirtió que las estadísticas no eran confiables.
“Ahora, luego de 4 meses después es que ordenan este comité. Se le advirtió a esta administración lo que estaba ocurriendo y prefirieron manipular la información”, agregó el dirigente del PPD.
“En lugar de continuar evadiendo su responsabilidad a través de grupos de trabajo, el gobernador (Ricardo Rosselló) debe despedir al señor Pesquera, aceptar que las estadísticas no son confiables, y nombrar una persona que pueda realizar de manera seria el trabajo de seguridad pública”.
Pesquera fue un superintendente de la Policía que heredó y retuvo la pasada administración del PPD y que fue avalado por el propio Torres en el Senado, donde era el portavoz de la mayoría. INS
P. Rico-Une el exgobernador García Padilla sus palabras a las del gobernador Rosselló en torno a la virazón federal sobre el cannabis medicinal
San Juan, 5 ene (INS).- El ex gobernador Alejandro García Padilla criticó fuertemente ayer la virazón que dio el gobierno federal en torno al cannabis medicinal.
Con sus declaraciones, el exprimer mandatario se unió a las críticas lanzadas por el gobernador Ricardo Rosselló sobre el mismo asunto. García Padilla promovió, impulsó y legisló fuertemente la nueva industria durante su mandato.
“La determinación anunciada hoy (ayer) por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre los usos de la marihuana es ajena a la ciencia, anacrónica, insensible e inconstitucional. Es ajena a la ciencia porque los estudios científicos más serios han concluido de manera prácticamente unánime que esta planta es beneficiosa para tratar condiciones tan dolorosas como el cáncer, entre otras muchas”, señaló el ex dirigente.
Dijo que “es anacrónica porque su prohibición, al igual que sucedió con el alcohol, provoca la ocurrencia de más crimen de los que evita. Esto ha sido demostrado sin excepción, en todos los países y estados donde su uso se ha legalizado”.
“Es insensible porque millones de pacientes que tienen un medicamento con este producto natural van a dejar de tenerlo. Igualmente es insensible con aquellos que serían víctimas y familiares de las víctimas de los crímenes que se evitan con la legalización del producto”.
También sostuvo que es inconstitucional “porque va contra la propia esencia del federalismo norteamericano”.
“Es importante hacer todo lo necesario para detener la aplicación de tan trágica política pública. Sin duda, mientras el resto del mundo, algunos estados y Puerto Rico, dan pasos hacia adelante, la administración Trump da pasos trágicos en retroceso”, afirmó García Padilla.
Rosselló Nevares, ante el cambio de política pública en el gobierno federal sobre el uso medicinal o recreacional del cannabis, opinó que “constituye un retroceso provocado por el desconocimiento”.
“Ha trascendido que el secretario de Justicia Federal modificó la política pública anterior que permitía que los estados y territorios legislaran para viabilizar el uso medicinal o recreacional del cannabis. Este cambio constituye un retroceso provocado por el desconocimiento de lo que la evidencia científica apunta sobre los beneficios del cannabis en la salud de los ciudadanos que sufren algunas condiciones de salud”, dijo el mandatario.
Además, informó que “he instruido a los miembros de mi gabinete a estar vigilantes al desarrollo de la nueva política pública del gobierno federal y a unirse a cualquiera de los pleitos que se presenten para derrotarla”.
Añadió que “estaremos aunando esfuerzos con otros estados y congresistas para impulsar medidas como la Rorahbacker-Farr, que le prohíbe al Departamento de Justicia federal utilizar fondos públicos para enjuiciar o arrestar a pacientes o proveedores de cannabis medicinal que cumplen con las leyes estatales”
Rosselló Nevares, en declaraciones escritas, reiteró su apoyo a la industria de cannabis medicinal en Puerto Rico, “que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de más de 16 mil pacientes y ha generado sobre 30 mil empleos directos”.
A su vez, exhortó a los miembros de la industria “a adherirse estrictamente a nuestra ley y reglamento para seguir demostrando que en Puerto Rico tenemos una industria seria, responsable y totalmente medicinal”. INS
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