San Juan, 27 dic (INS).- El 15 de diciembre pasado, un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió cuatro acusaciones separadas en las que acusa a cuatro individuos de participar en fraude para obtener beneficios de la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) y Compensación Federal por Desempleo Pandémico (FPUC, siglas en inglés) por un total de 210,228 dólares.
Así lo anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, quien dijo que varias agencias federales participaron en las investigaciones, incluyendo el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (Usdol-OIG) y el Servicio Secreto (USSS).
De acuerdo con las indagatorias, los acusados participaron en esquemas para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) mediante la presentación de solicitudes fraudulentas para obtener prestaciones de seguro de desempleo que contenían fondos de PUA y FPUC.
Bajo las disposiciones de la Ley Cares, los dueños de negocios, trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes o trabajadores calificaban para recibir beneficios federales (PUA y FPUC) administrados por el DTRH si anteriormente realizaban dicho trabajo en Puerto Rico y estaban desempleados, parcialmente desempleados, incapacitados para trabajar o no disponibles para trabajar debido a una razón relacionada con Covid-19.
Para obtener estas prestaciones federales, las personas podían solicitarlas en línea a través del sitio web www.trabajo.pr.gov . Los solicitantes respondían a varias preguntas para determinar si cumplían con los requisitos, y debían facilitar datos de identificación personal. Además, debían identificar una situación profesional que cumpliera los requisitos y un motivo relacionado a Covid-19 que influyera en su desempleo.
Si el DTRH aprobaba la solicitud, le enviaba un cheque a través del Servicio Postal de Estados Unidos por las prestaciones cualificadas.
Los acusados son Juan I. De La Cruz David, quien obtuvo fraudulentamente 133,518 dólares; Diana C. Infante Frías, por 10,122 dólares; Miguel Rosario Taveras, por 27,366 dólares; y Olimpia Buntin, quien obtuvo fraudulentamente 39,222 dólares.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal y 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; y una multa de hasta 250 mil dólares y tres años de libertad supervisada. INS
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