
El abasto de la EcoEléctrica se vio afectado por la falta de diésel. Inter News Service/Twitter
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 23 oct (INS).- Instancias del poder político congresal de Estados Unidos pretenden mantener a Puerto Rico atado a un estatuto federal producto de un coloniaje riguroso con reminiscencia de un pasado de subyugación imperialista atroz, como lo es el control de las normativas de cabotaje de la Ley Jones, de 1918.
Los intereses económicos de la industria de transportación marítima estadounidense y su poderoso cabildeo dirigido a influir en la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector económico, han propulsado que el Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal haya pedido cuentas al presidente Joe Biden sobre la exención en las normas federales de cabotaje otorgada a finales de septiembre para el desembarco de 300,000 barriles de diésel en Puerto Rico en medio de la emergencia causada por el huracán Fiona.
Ahora el alegato es que si se hubiese hecho un pedido “a tiempo”, se hubiera podido hacer disponible el envío a Puerto Rico de navíos marítimos de bandera estadounidense con cientos de miles de barriles de diésel y no habría sido necesario una dispensa de emergencia para la isla a la Ley de Cabotaje.
En aquel momento de crisis tras el apagón energético de electricidad provocado por la tormenta tropical Fiona, convertida luego en huracán categoría 1 al suroeste de Puerto Rico, la industria de transportación marítima de Estados Unidos no dijo absolutamente nada sobre el hecho de que había disponibilidad de tanqueros con diesel, cuando no fue sino a última hora cuando ya la escasez del combustible amenazaba con crear una crisis humanitaria por la falta de generación eléctrica de emergencia para lugares sensitivamente vulnerables como hospitales y centros de cuido de ancianos o para bombear agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a sectores de la población.
Mantener sujeto a Puerto Rico a las regulaciones de cabotaje de la colonial Ley Jones, cuando se ha eximido de su cumplimiento a Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte, es verdaderamente una discriminación atroz, cuando ya se ha probado con hechos la manera adversa en que ese estatuto afecta económicamente a la jurisdicción colonial puertorriqueña. Más todavía, en momentos de crisis.
Ha quedado históricamente demostrada la torpeza con que Estados Unidos ha manejado política y económicamente la posesión colonial ultramarina en el Caribe que es Puerto Rico. Y las acciones recientes por parte de líderes partidistas demócratas y republicanos del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal confirman ese señalamiento de torpeza imperialista. INS
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