Resumen de noticias para el sábado, 22 de octubre de 2022

P. Rico-Vistas públicas sobre el aborto en la Cámara recibieron a grupos de posturas opuestas

San Juan, 22 oct (INS).- La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, continuó ayer las vistas públicas en las que se atienden múltiples proyectos relacionados al aborto, y que esta vez contó tanto con posturas pro-vida como a favor del aborto.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) se opuso al Proyecto del Senado 693 y a los Proyectos de la Cámara 1084, 715 y 1410. Sin embargo, avaló la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403, de la autoría de los representantes Mariana Nogales Molinelli, José Bernardo Márquez Reyes y Denis Márquez Lebrón, que propone crear la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.

“El Proyecto de la Cámara 1403 nos parece de avanzada, y que atiende no solo el marco de legalidad puertorriqueño, sino que está arraigado en los principios y recomendaciones formulados por organizaciones de reconocimiento mundial en temas de derechos humanos y salubristas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, expresó la procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez.

Añadió que “las mujeres hemos librado importantes luchas para afrontar y atajar la opresión masculina, pero lamentablemente aún el sistema patriarcal se hace evidente en nuestra sociedad. Para atajar esta situación se hace necesario y urgente que el Estado delinee sus políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y a los grupos que se afectan por tales desigualdades, y esa acción se hace concreta mediante la promulgación de esta medida”.

A su juicio, los proyectos que rechazan vulneran las garantías constitucionales y los derechos adquiridos por las mujeres. “No podemos ir en retroceso de los derechos adquiridos”, manifestó la procuradora, al establecer que la legislatura puede regular, pero no restringir los derechos que protege la Constitución, como la intimidad.

En tanto, la Sociedad Materno Fetal (SMF) expresó que está interesada en el acceso a todo el espectro de servicios de atención médica reproductiva, lo que incluye atención para el aborto.

“Las personas con embarazos de alto riesgo tienen más probabilidades de sufrir complicaciones médicas para ellas mismas, para sus fetos o para ambos, que pueden provocar un aumento en la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal”, dijo la doctora Annette Pérez Delboy, quien planteó que la única medida que respalda la Sociedad es el Proyecto de la Cámara 1403.

A su vez, resaltó que restringir el acceso al aborto afectará la capacidad de tomar decisiones éticas y profesionales que consideren el mejor interés de los pacientes. “Cualquier legislación que prohíba el aborto o restrinja su acceso interfiere intrínsecamente en la relación entre el médico y la paciente, además, amenaza la comunicación, y compromete potencialmente el juicio médico de los médicos. Siempre se debe respetar el criterio médico. Además, las estadísticas de nuestro país no representan uno que necesiten un cambio”.

Mientras, el médico Miguel Vázquez, del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG,) señaló que el Proyecto de la Cámara 1403 está alineado con la ética y los estándares más estrictos de ginecología y obstetricia.

“La ACOG respalda la garantía de los derechos reproductivos y cataloga el derecho a la interrupción de un embarazo como esencial a la intimidad, al derecho a decidir y la responsabilidad de cada cual al cuidado de la salud. Concurro con las expresiones de la doctora Pérez Delboy: las estadísticas de Puerto Rico no representan uno que necesiten un cambio”, planteó.

En tanto, Nydia Barreiro Sotomayor, de la organización Motiva PR, presentó una ponencia con múltiples estudios e investigaciones que expresan su oposición al aborto.

“El aborto está lleno de peligros y riesgos, especialmente en mujeres más jóvenes con opciones de sufrir complicaciones físicas y sicológicas. El negocio engañoso de las prácticas de clínicas de aborto que esconden los riesgos en adolescentes, sus padres y hasta los jueces, no es menos que criminal”, estableció Barreiro Sotomayor.

La deponente se opuso al Proyecto del Senado 1403, mientras avaló el Proyecto 1084.

A continuación, Tamoa Vivas, portavoz de Alerta Puerto Rico, mantuvo la misma posición que Barreiro Sotomayor sobre ambos proyectos. “Se debe prohibir o regular el aborto lo antes posible, siempre buscando que esta decisión sea la menos onerosa”, destacó Vivas.

Según Vivas, los costos del procedimiento en cualquier clínica en Puerto Rico podrían oscilar entre 200 y 500 dólares.

Aparte, el doctor Iván Llado presentó un memorial explicativo sobre el Proyecto de la Cámara 1084, en el que expuso que “nos oponemos rotundamente a cualquier proyecto que pretenda actuar en contra de la protección de la vida humana en el vientre materno, porque ningún ser humano puede reclamar derechos que le quiten a la vida de otro ser humano”.

Asimismo, la organización Mujeres por PR respaldó el Proyecto del Senado 693 y los Proyectos de la Cámara 1084, 715 y 1410. Mientras “rogaron” que se retire del Proyecto de la Cámara 1403.

La evaluación sobre los proyectos continuará la próxima semana. INS

P. Rico-Renuncia la directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos y ya tiene reemplazante: Yamil Ayala Cruz

San Juan, 22 oct (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi informó ayer de la renuncia de la ingeniera Ivelysse Lebrón Durán como directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y anunció de inmediato a su reemplazante: Yamil Ayala Cruz.

Pierluisi dijo que Lebrón “dimitió por razones profesionales efectivo al 31 de octubre” y que la junta de gobierno de la AEP aprobó por unanimidad la designación de Ayala Cruz para que asuma el cargo a partir del 1 de noviembre.

“Agradezco grandemente a la ingeniera Lebrón Durán por hacerse disponible durante este tiempo que estuvo dirigiendo la Autoridad. Es una gran profesional y le deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros. Asimismo, el licenciado Ayala Cruz es un profesional de primer orden. Su amplia y vasta experiencia en la administración pública, relaciones laborales y su práctica en el campo del derecho inmobiliario le hacen la persona idónea para asumir ahora el cargo de director de la AEP”, comentó Pierluisi.

También informó que Ayala se especializa en relaciones laborales y gerencia gubernamental, “por lo que cuenta con una sólida experiencia en procesos de administración de política pública”.

Igualmente, desde el 2021 hasta el presente ha fungido como asesor del gobernador en asuntos laborales.

Ayala Cruz cuenta con un bachillerato en relaciones laborales de la Universidad de Puerto Rico, cuatro maestrías (recursos humanos, contabilidad, relaciones laborales y leyes con especialización en litigación y resolución de conflictos) y un grado juris doctor, estos últimos de la Universidad Interamericana.

Como parte de su experiencia profesional fungió como director de recursos humanos de varias agencias y corporaciones públicas. Entre ellas la Junta de Planificación y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en la que también ocupó el puesto de director de administración interna. De igual forma, fungió como director de Recursos Humanos de la Administración de Terrenos y fue abogado de esta corporación, siendo su área de práctica legal el campo del derecho inmobiliario. INS.

P. Rico-Comisionada residente cabildeará en Washington para conseguir 10 mil millones de dólares para Puerto Rico por los próximos dos años en fondos Medicaid

San Juan, 22 oct (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció ayer que abogará en Washington para que se asignen 10 mil millones de dólares para Puerto Rico por los próximos dos años en fondos del Medicaid debido al huracán Fiona, y destacó la brecha existente entre los ciudadanos estadounidenses y los puertorriqueños en temas de salud.

“Esto haría que Puerto Rico reciba nuevamente el 100% de los fondos para subvencionar el plan de salud del gobierno (Plan Vital), tras el huracán Fiona, tal como lo hizo el expresidente Donald Trump para los años 2018 y 2019, luego del huracán María”, afirmó.

Para ello, el próximo martes tendrá una segunda mesa redonda para “buscar que nos ayuden en ese cabildeo organizaciones del sector privado, asociaciones y colegios, sociedades que están afiliadas a organizaciones a nivel nacional, hospitales e incluimos también el área médica, farmacia y laboratorios, entre otras organizaciones”.

En su participación en la convención de la Asociación de Hospitales, agregó que Puerto Rico cuenta con fondos de Medicaid hasta este próximo 13 de diciembre, y  que ya conversó directamente con el presidente Joe Biden sobre la propuesta.

Para remarcar la discriminación, recordó que Plan Vital tiene unos 1.5 millones de beneficiarios, y cubre a personas con ingresos menores de 14 mil dólares anuales, cuando en Estados Unidos cubre a personas con ingresos de hasta 41 mil dólares al año.

“La disparidad es bien grande. A modo de ejemplo, los estados reciben un promedio de 8,436 dólares por paciente, mientras que a Puerto Rico se le asignan 2,142. Esa diferencia de casi seis mil dólares hace que nuestros proveedores de servicios de salud, enfermeras, médicos, se vayan de la isla. Lo mismo que el pago a laboratorios, a farmacias y a hospitales disminuya dramáticamente. Así que una de las cosas que estamos pidiendo es que se nos compare con el estado más pobre (Mississippi), que sería casi el doble de los fondos que nosotros recibimos por paciente, pues reciben 5,582 por paciente”, advirtió. INS

P. Rico-Trabajadores Sociales afirman que sus precarias condiciones de trabajo afectan los servicios de familias y niños de la isla

San Juan, 22 oct (INS).- “Las precarias condiciones de trabajo de los profesionales de trabajo social ponen en riesgo la atención de las familias y niños en Puerto Rico”, denunció ayer el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (Cptspr), Larry Alicea, quien confirmó, además, que existe un ausentismo programado entre los trabajadores sociales que laboran en el gobierno.

“Sin duda, los servicios que se ofrecen a familias y niños a través del Departamento de la Familia se están viendo afectados, no porque el trabajador quiera, sino porque no da abasto con la cantidad de trabajo que tiene. Es una realidad la escasez de trabajadores sociales en la agencia, que cada vez es mayor por la ausencia de un salario digno y condiciones de trabajo que remuneren de manera justa al profesional”, dijo Alicea.

De acuerdo con Alicea, se había anunciado un aumento salarial de 600 dólares a profesionales del trabajo social del servicio público, sin embargo, eso no ocurrió. La Junta de Control Fiscal paralizó el aumento, a pesar de que los fondos se habían identificado.

“Para la Junta, los servicios de trabajo social no son esenciales. Así que entendemos que la lucha debe ir dirigida hacia ellos, quienes han estado saboteando toda acción para hacer justicia a los profesionales del trabajo social”, sostuvo el presidente del gremio.

El titular del Cptspr explicó que, debido a la situación, los trabajadores sociales continúan en búsqueda de mejores oportunidades fuera del país o aceptando otras opciones de trabajo no necesariamente vinculadas a la profesión. “Esto provoca que la escasez de profesionales en la isla siga en aumento y la carga a los profesionales del servicio público sea insostenible”, acotó. INS

P. Rico-Exsecretario de Obras Públicas Carlos Contreras no será investigado por un FEI

San Juan, 22 oct (INS).- Una vez analizados todos los hechos y pruebas de la investigación preliminar del Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el FEI coincidió con su recomendación de no designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exsecretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Carlos Contreras Aponte, y otros exfuncionarios de esa agencia.

La investigación surgió sobre la base de un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) que concluyó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas por un valor de 15,171 dólares. Además, reveló que el exsecretario Contreras Aponte autorizó tal despacho.

Estos hechos ocurrieron en el marco de la emergencia provocada tras el paso del huracán María, entre los meses de septiembre y diciembre de 2017.

Agrega el informe que con dichas acciones pudieron haberse configurado una serie de delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, reglamento de la AMA y la ley de la Oficina de Ética Gubernamental.

La OCPR le atribuyó las referidas actuaciones al entonces presidente y gerente general de la AMA, Santos Delgado Marrero; al director de la Oficina de Seguridad Interna de la AMA, Orlando Rodríguez Fuentes, y los oficiales José Fernández del Valle y Wilbert Muniz Sánchez.

Por su parte, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia, que tuvo a su cargo la investigación preliminar, concluyó, entre otras cosas, que la OCPR no tomó en consideración la relación contractual habida entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y ACI-Herzog, para los meses de septiembre a diciembre de 2017.

Que tampoco investigó si la AMA le había facturado a la empresa el combustible despachado. De hecho, posteriormente advino en conocimiento de que se había equivocado sobre ese asunto.

El informe señala, además, que tampoco se perjuraron los oficiales de seguridad interna José Fernández Valle y Wilbert Muñiz Sánchez, como considera la OCPR.

Finalmente, la DIPAC concluyó que, luego de un amplio análisis sobre todas las actuaciones de las personas mencionadas en el informe de la OCPR, incluyendo al exsecretario del DTOP, ninguno incurrió en posible conducta delictiva. Por ello, le aconsejó al secretario de Justicia que no recomendara al Panel la designación de un FEI para investigar a los funcionarios.

“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, concluye el Panel en su Resolución. INS

ndc