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San Juan, 12 oct (INS).- La división de delitos económicos del Departamento de Justicia presentó hoy nueve cargos contra Pablo J. Borrero Andino, de 36 años y empleado del municipio de San Juan, quien se benefició ilegalmente de más de 70 mil dólares de fondos federales provenientes del programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, siglas en inglés).
Según la investigación, el funcionario cometió fraude, apropiación ilegal de fondos públicos agravada, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad, y posesión y traspaso de documentos falsificados.
La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de 45 mil dólares, a razón de cinco mil por cada cargo, luego de que la defensa se allanara a la determinación del tribunal.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de octubre.
La fiscal Roxanne Rivera Carrión estuvo a cargo de la radicación de cargos. El agente investigador fue Elving J. Castillo Hernández, determinó que entre junio y julio de 2020, Borrero Andino, quien se desempeñaba como auxiliar de sistemas de oficina 1 del municipio de San Juan, presentó 11 solicitudes bajo su nombre al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para obtener los beneficios económicos del PUA.
En todas las solicitudes incluyó ilegalmente los números de seguro social de dos ciudadanos y otros que no le pertenecían. Estas dos personas testificaron que no autorizaron al sospechoso a utilizar su Seguro Social, por lo que fueron víctimas de apropiación ilegal de identidad.
Además, el municipio de San Juan certificó que el sospechoso se ha mantenido trabajando en el municipio desde el 2 de julio de 2007 hasta el presente. Por tal razón, no tuvo pérdida de empleo ni de ingresos durante el período de la pandemia.
Como consecuencia de la presentación de las solicitudes con información falsa, el acusado recibió 11 cheques del Departamento del Trabajo, que fueron enviados a la dirección residencial del acusado, y posteriormente depositados y cambiados en efectivo en distintas sucursales bancarias.
Las condenas a las que se expone el acusado incluyen dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos agravada, con una pena fija de 15 años cada uno; un cargo de fraude por el artículo 202, con una pena fija de ocho años; dos cargos por el posesión y traspaso de documentos falsificados, cuya pena fija es de tres años; dos cargos por falsedad ideológica con pena fija de tres años; y dos cargos por apropiación ilegal de identidad, con pena fija de ocho años. INS
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