P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

P. Rico-Delegación del PNP en la Cámara avala cargo de $26 mensuales en la factura de la luz y rechazan aumentar el salario mínimo de los servidores públicos

San Juan, 12 oct (INS).- La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes avaló el cargo de $26 mensuales por 50 años en la tarifa de la luz, al oponerse a ir por encima del veto del gobernador Pedro R. Pierluisi en el proyecto de la Cámara 1383, que reestructura la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin incrementar la factura.

“El PNP demostró que está del lado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas al apoyar este impuesto que el gobernador Pierluisi defendió. La coyuntura histórica que vivimos nos obliga a ser valientes y no rehuir a nuestra responsabilidad de resolver los graves problemas que enfrentamos como pueblo”, sentenció el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

Agregó que el PNP prefirió estar en contra del bienestar y el progreso de la clase media en Puerto Rico.

Para sobrepasar el veto del gobernador se necesita el voto afirmativo de dos terceras partes de los integrantes de la Cámara (34 votos), pero hacen falta cuatro votos de representantes del PNP, quienes no estuvieron dispuestos a contradecir al primer ejecutivo.

Por su parte, el representante José Rivera Madera, uno de los autores del PC 1383 junto a Hernández Montañez, expresó que “el voto en contra de la delegación del PNP en la Cámara es una clara demostración de que el PNP, Pierluisi, los bonistas y la JSF son la misma cosa”.

Agregó que “votando en contra del veto, votaron a favor del aumento de $26 mensuales en la factura de la luz a las próximas generaciones. Se acomodaron del lado incorrecto de la historia”.

De otra parte, los representantes del PNP también votaron en contra de ir por encima del veto del primer ejecutivo en el proyecto del Senado 563, que buscaba aumentar el salario mínimo de los servidores públicos para equipararlos con el del sector privado que se legisló el pasado año.

“La delegación del PNP en la Cámara les dio la espalda a los trabajadores, poniendo sus intereses partidistas por encima de nuestra fuerza laboral. Son ellos quienes tendrán que darles cara a nuestros trabajadores, incluyendo a los miles que militan dentro de su propia colectividad”, dijo el presidente de la Cámara.

Mientras, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara, Domingo Torres García, manifestó que “es lamentable que para la delegación del PNP en la Cámara, las pugnas y divisiones internas en su partido vayan por encima del país, después de una palabra empeñada en cuanto a esta medida (PS 563)”.

“La clase trabajadora les pasará factura. La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) continuará haciendo todo lo que esté su alcance para hacerle justicia a nuestros trabajadores”, dijo Torres García.

En esa línea, Hernández Montañez firmó durante su turno inicial en la sesión ordinaria, la Orden Administrativa 2022-18, para hacerle justicia salarial a las personas de este cuerpo legislativo al aumentar el salario mínimo a $8.50 la hora para atemperarlo con el sector privado, según legislado en la Ley 47-2021, y como se pretendía extender a los servidores públicos con el PS 563.

“En la Cámara, donde ponemos la acción, ponemos la palabra”, finalizó Hernández Montañez. INS

P. Rico-Senado aprueba expresión de rechazo a propuesta de cargo fijo en factura de la energía eléctrica

San Juan, 12 oct (INS).- Como parte de los trabajos de la sesión ordinaria, fueron aprobadas por unanimidad, con 22 votos a favor, la Resolución del Senado 669 y la Resolución Concurrente del Senado 42, ambas de la autoría del presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago, para expresar el rechazo de la asamblea legislativa a la propuesta que impondría un cargo fijo de 23 a 26 dólares mensuales en la factura del servicio de energía eléctrica.

Esto, por los próximos 50 años y como parte del proceso de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la Ley Promesa.

“La fallida negociación se hizo a espaldas del pueblo, en momentos en que el país sufría los embates del huracán Fiona y los 78 municipios sufrían un apagón total, que dejó a miles de comunidades sin servicio eléctrico”, señalan las piezas legislativas en la exposición de motivos.

Agregan que “en detrimento de las necesidades y economía de los ciudadanos, la Junta propuso, además, que para el cargo de conexión a todos los clientes de la AEE se crearán unos instrumentos de valor contingente, que establecerían que el pago del servicio dependería del consumo de energía. Por tanto, al aumentar el consumo aumentará la cantidad a pagarle a los bonistas”.

Además, las medidas presentadas mencionan que en junio se aprobó un aumento adicional en el costo de energía eléctrica, que representó el séptimo incremento consecutivo trimestral en el costo de la luz. “Este nuevo cargo adicional constituiría el octavo aumento en el servicio, de manera fija, sin importar los cambios en el costo del petróleo”.

Aparte, fue avalado el Proyecto del Senado 831, de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, a los fines de establecer un programa a nivel elemental, intermedio y superior sobre el reciclaje, la conservación del medio ambiente, la importancia del reciclaje y el efecto del calentamiento global.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, se expresó a favor de la pieza legislativa. “Votaremos a favor porque los temas son importantísimos. Solamente si la sociedad interviene es que se puede atender el problema de los desperdicios. Voto a favor que en nuestras escuelas se discuta el tema del reciclaje y del cambio climático, pero hay que buscar las raíces de esos problemas sociales que estamos enfrentando”, sostuvo Bernabe.

Además, se le dio paso a la Resolución del Senado 483 presentada por Dalmau Santiago, para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre la situación fiscal, operacional y administrativa de la administración central de la Universidad de Puerto Rico.

“Reconociendo que esta asamblea legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley 53- 2021, conocida como Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, que le garantiza a la UPR una asignación de 500 millones de dólares en los próximos cinco años fiscales, además de las asignaciones por leyes especiales, resulta necesario fiscalizar la utilización de estos fondos y poder conservar la capacidad de la institución universitaria para llevar a cabo su vital misión educativa y asegurar los recursos necesarios para garantizar la acreditación de todos sus programas”, dice la exposición de motivos.

También fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 245, del senador Rubén Soto Rivera, para ordenar al secretario de Salud realizar una actualización del plan de reclasificación y retribución de la estructura salarial de los profesionales en puestos de nutricionistas y dietistas en su agencia.

Además, ordenar que ese plan establezca para profesionales en puestos de nutricionista y dietista un salario base de 3,273 dólares mensuales a personas con Bachillerato y 3,573 mensuales a personal con Maestría.

“Esta asamblea legislativa debe ordenarle al secretario de Salud la revisión y actualización de las escalas salariales y retribuciones de los nutricionistas-dietistas de Puerto Rico. Este profesional de la salud merece una acción positiva al respecto. Es necesario que se actúe y se implante una adecuada retribución cónsona con los tiempos que vivimos y la labor vanguardista que rinden los nutricionistas-dietistas de Puerto Rico en beneficio de la comunidad”, sostiene la pieza legislativa.

De igual manera, fue aprobado el Proyecto del Senado 820 de la senadora novoprogresista, Keren Riquelme, para enmendar la sección 2 de la Ley 141 de 20 de julio de 1979, según enmendada, para instituir el Día del Facilitador Docente, en reconocimiento de la valiosa labor de apoyo, capacitación profesional y asistencia al personal docente de las escuelas de Puerto Rico.

A la vez, fueron avaladas las Resoluciones Conjuntas del Senado 162 y 206; la Resolución del Senado 662 y en su reconsideración los Proyectos del Senado 576, 704 y la Resolución del Senado 658. INS

P. Rico-Luis Vega Ramos es el nuevo secretario general del PPD

San Juan, 12 oct (INS).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, anunció ayer el nombramiento de Luis Vega Ramos como nuevo secretario general de la colectividad, así como de la líder feminista y abogada Nina Valedón como subsecretaria general.

“Hoy me place anunciar el nombramiento de Luis Vega Ramos como secretario general del PPD y de la líder feminista y ambientalista Nina Valedon como subsecretaria general. Con estos nombramientos, hago valer el compromiso que hice cuando asumí la presidencia del Partido Popular de abrir los espacios a todos los sectores y de convertir al PPD en un instrumento de unidad y de intercambio de ideas”, expresó el dirigente del PPD.

En tanto, el nuevo secretario general señaló que “recibo este nombramiento con un alto sentido del deber y expreso que los tres principios que regirán nuestra gestión serán promover la unidad institucional, fortalecer la fiscalización responsable contra el presente gobierno del PNP y concluir la reorganización de la colectividad”, dijo Vega Ramos.

Agregó que su mensaje a los populares “es a que estén tranquilos, que hoy comienza una nueva jornada de trabajo para rescatar a Puerto Rico, y que sepa el PNP que los tiempos de la pasividad en la fiscalización contra el gobierno han terminado”.

Vega Ramos es abogado de profesión y fue legislador por 15 años. Ha sido miembro de la junta de gobierno del PPD por 11 años. Mientras que la nueva subsecretaria es abogada, tiene una maestría en asuntos públicos y es líder feminista. Ha ocupado cargos dentro del PPD como parte de la organización de las mujeres populares y del comité de estatus del PPD. Igualmente fue parte de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

La nueva subsecretaria expresó su agradecimiento a Dalmau por el nombramiento y afirmó que “habré de redoblar los esfuerzos para adelantar las causas de justicia social y de la participación ciudadana”.

Aparte, el presidente del PPD anunció que convocó a la junta de gobierno del PPD para el viernes, desde las 10:00 de la mañana, para discutir las enmiendas al reglamento y el calendario de actividades políticas y electorales luego del huracán Fiona.

“El PPD hoy inicia una nueva fase de trabajo, en donde la agenda de unidad y de fiscalización tomará un rol protagónico. Igualmente, las finanzas y el reclutamiento de nuevos talentos que formarán parte del liderato de futuro camino a las próximas elecciones. Le agradezco a Luis y Nina el aceptar esta encomienda y le aseguro al partido que, en estos rostros y su trabajo, veremos el compromiso con los postulados más importantes de este instrumento de servicio que es el PPD”, indicó Dalmau Santiago. INS

P. Rico-Kilómetro Cero denuncias que subcomisionado de la Policía en Las Piedras que detuvo ilegalmente a ciudadana es hermano del alcalde

San Juan, 12 oct (INS).- Kilómetro Cero hizo una investigación tras conocer que la abogada Ayleen James Reyes denunció haber sufrido una detención ilegal por parte del subcomisionado de la Policía municipal de Las Piedras, Ángel Navarro Rivera, y descubrió que es hermano de Miguel López Rivera, alcalde de Las Piedras, y este año ha estado bajo investigación tras haber golpeado con el vehículo oficial a un motociclista, provocándole lesiones que tuvo que atenderse en Centro Médico

James Reyes denunció haber sufrido una detención ilegal por parte del subcomisionado, y presentó una querella por este incidente en que el policía, aparte de haberla detenido en San Juan -donde no tiene jurisdicción- se mostró sumamente agresivo.

Kilómetro Cero está cursando una solicitud de información de las Policías municipales de Juncos y Las Piedras para conocer el expediente de querellas administrativas de este agente, así como sus resoluciones. La licenciada James también presentó querellas ante el comisionado de la Policía de Las Piedras y al Negociado de Investigaciones Especiales.

“Detener a una persona sin justificación alguna, de forma arbitraria y temeraria, fuera de jurisdicción y en un vehículo no oficial son acciones ilegales que deben tener consecuencias legales para los funcionarios que supuestamente están a cargo de la seguridad pública”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.

Ayleen James Reyes cuenta que el 30 de septiembre, a eso de las 11:30 AM, en el expreso Las Américas, “una pickup blanca aceleró bruscamente y se me fue al frente, se metió parcialmente en mi carril, por lo que tuve que detenerme bruscamente. La persona de la pickup baja el cristal y mueve los brazos de forma agresiva. Me disponía seguir camino, pero prendió unos biombos azules que parece tenía dentro de la guagua. Me puse nerviosa y me sentí obligada a detenerme”.

“Se bajó de la pickup un hombre blanco y alto que se identificó como comisionado de la Policía de Las Piedras. Él no estaba uniformado y no tenía arma. Le pedí que me dijera la razón de la detención. Le dije que me estaba tratando de forma agresiva, que esa no es manera de tratar a la ciudadanía, y le dije que soy abogada. Para mi sorpresa, me dijo que me estaba deteniendo porque no le di paso, que esto me pasaba por andar con prisa sin darle paso a la gente”, relata.

Prosigue: “Reiteró que le diera mis documentos y le di la licencia del carro y de conducir. Él le da vuelta a mi carro y verifica la tablilla y el marbete. Por el bluetooth de la guagua llamé a mi esposo, que es agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). El subcomisionado se dio cuenta y empezó a reclamar agresivamente que lo estaba grabando sin consentimiento. Le contesté que el que estaba escuchando es mi esposo, agente del NIE, y que quisiera que le dijera a él por qué me está deteniendo”.

“Ahí cambió su tono, se moderó y me devolvió los documentos. Alegó que no había sido agresivo, me dijo que vaya con cuidado, y me dio las buenas tardes. Esto fue a plena luz del día. Entiendo que no había razón alguna para que este señor me detuviera. Hice una querella al alcalde de Las Piedras y al Comisionado del NIE. No me cabe duda de que, si se verifica su historial, se encontraría que es abusivo. Esto no llegó a más porque soy abogada y porque tenía a mi esposo en la línea”.

Puede ver la entrevista completa en el siguiente enlace: https://evidencialaviolencia.org/evidencia-la-violencia/ver-casos/?entry_id=8184 . INS

P. Rico-Senador Vargas Vidot somete proyecto para despenalizar la posesión simple de marihuana

San Juan, 12 oct (INS).- Ante la orden ejecutiva anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para indultar a convictos federales por el uso de la droga en pequeñas cantidades, el senador independiente José Vargas Vidot presentó ayer el Proyecto del Senado 1042, para despenalizar y descriminalizar el uso personal del cannabis.

“El presidente Biden tuvo la valentía que a muchos les ha faltado aquí. Decir a lo alto que no hace sentido que existan penas por posesión simple de cannabis. En Puerto Rico se dio el paso para la medicalización, pero faltó valentía para despenalizar. Si estamos diciendo que el cannabis tiene beneficios médicos no es lógico criminalizar al que lo consume. Es momento de cambiar esto”, manifestó Vargas Vidot.

El Proyecto del Senado establecería una presunción no controvertible de consumo personal, siempre que esa cantidad no sobrepase los cinco gramos, para despenalizar el uso personal. Esto persigue que no se acuse a una persona por distribución, y a su vez establece un número mínimo para diferenciar el consumo personal y la distribución.

Según datos del perfil de la población confinada publicado por el Departamento de Corrección (DCR) en 2019, el 65% de los confinados tiene uso problemático de drogas en la cárcel, resultando en alrededor de cinco mil personas de un total de siete mil. El mismo reporte del DCR señala que 8% de los hombres y 11% de las mujeres comenzaron a utilizar sustancias al entrar a prisión.

“Estas cifras reflejan un problema de disponibilidad de sustancias dentro de las instituciones carcelarias del país. De forma que personas que reportan que no eran usuarias de sustancias previo a la convicción, inician este proceso de consumo y adicción dentro de la institución. Para aquellas personas que ya combatían la enfermedad de la adicción a drogas al entrar al sistema penal, la condición recrudece dentro de las cárceles”, sostuvo el legislador.

Sin embargo, el gobernador Pedro R. Pierluisi adelantó que no acatará la orden ejecutiva en Puerto Rico, ya que, según él, los datos del DCR revelan que no hay ningún confinado por posesión de marihuana en Puerto Rico.

“Ya el gobernador dijo que no dará paso a la orden ejecutiva, careciendo de voluntad y valentía de tomar un paso importante para la Justicia. Es estadísticamente imposible conocer el número de confinados por posesión simple de marihuana, pues al llegar a Corrección le dicen la ley que violentó y no la droga específica. Ahora la pregunta es, ¿quién tendrá la valentía de unirse conmigo y darle paso a esto en Puerto Rico?”, levantó Vargas Vidot.

El senador independiente ha sido el primero en traer a la mesa eliminar toda penalidad establecida contra cualquier persona por la posesión simple de una sustancia controlada con el Proyecto del Senado 912, en el 2018, y aunque esta nueva medida es enfocada en marihuana, el senador enfatizó su deseo de despenalizar el uso simple de todas las drogas.

“Aun cuando la meta debe ser la despenalización de todas las drogas, como ya lo han realizado diversas jurisdicciones de avanzada con éxito, con esta propuesta adelantamos la despenalización del cannabis o marihuana, dando el primer paso en esa dirección”, expresó el también salubrista. INS

P. Rico-La Utier demanda por difamación, hostigamiento cibernético y ataques abusivos a la honra y dignidad del ser humano a LUMA

San Juan, 12 oct (INS).- La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, radicaron ayer una demanda contra LUMA Energy y sus empresas asociadas por difamación, libelo, hostigamiento cibernético, ataques abusivos a la honra, reputación y dignidad del ser humano y por el uso indebido y no autorizado de la imagen y nombre de la Utier y su presidente.

La demanda involucra a Quanta Services Inc., Bpumf LLC, Bpumf Inc., Denise Malone, presidenta de Bpumf Inc y director financiero (CFO) de varias subsidiarias y afiliadas de Quanta Services, y Ramón Alejandro Pabón, agente residente y persona autorizada a representar en Puerto Rico a Bpumf, empresa que administraba y pagaba anuncios en las páginas de las redes sociales “Tumba el Tumbe”.

“Hemos radicado esta demanda contra las compañías y personas que han difamado, y que, con toda la intención, han manchado la imagen y reputación de la Utier y de mi persona con publicaciones falsas y engañosas”, explicó Figueroa Jaramillo.

Agregó que “su intención era exponerme a mí y a la Utier al odio y desprecio del pueblo con tal de influenciar a la opinión pública y procurar apoyo a favor de la privatización de las operaciones de transmisión y distribución, servicio al cliente y administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante la contratación de LUMA y para el lucro de LUMA, Quanta y otros”.

Las publicaciones estuvieron diseñadas, afirmó, para hostigar a los miembros de la Utier, atacar su honra, reputación y dignidad.

De la demanda se desprende que, tanto las compañías como Denise Malone y Ramón Alejandro Pabón actuaron en alianza para la creación y publicación de anuncios, infografías, textos e imágenes en las redes sociales de “Tumbe al Tumbe” en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube con afirmaciones falsas sobre el sindicato y su presidente.

El licenciado José Rodríguez Jiménez, representante legal de la Utier y Figueroa Jaramillo, detalló que los demandados, directamente o a través de terceros, crearon en Puerto Rico una compañía de responsabilidad limitada de nombre Bpumf LLC el 8 de abril de 2021, apenas una semana después de que Bpumf, Inc. fuera incorporada en el estado de Delaware por Denise Malone.

“Para las mismas fechas en que se crearon las corporaciones antes mencionadas, los demandados, directamente o a través de terceros, crearon cuentas y/o páginas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre de ‘Tumba el tumbe’ donde se dedicaron a publicar diariamente anuncios pagados a través de Bpumf LLC ((Boricuas por un mejor futuro – Tumbe al Tumbe), donde colocaban imágenes y escritos sobre la Utier y Figueroa Jaramillo que contenían afirmaciones falsas y que estaban diseñados para manchar la reputación de los demandantes”, explicó.

Rodríguez Jiménez añadió que en la demanda se alega que Pabón es, además, presidente de dos corporaciones, Tácticas, Inc., y Tácticas &, Inc., que actualmente tienen o han tenido durante este cuatrienio varios contratos de servicios de asesoría, publicidad, relaciones públicas y consultoría en comunicaciones con la Administración de Servicios Generales, el Banco de Desarrollo para Puerto Rico y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Figueroa Jaramillo relató el patrón de hostigamiento cibernético y difamación al que fue sometido, tanto él como el sindicato que preside como consecuencia de las publicaciones creadas por las páginas “Tumbe al Tumbe”.

“Esta gente realizó durante más de un año una campaña de hostigamiento cibernético, de difamación y de desacreditación contra nosotros. Esparcieron cuanta mentira e información falsa que pudieron inventar. Nos acusaron de mentirosos, machistas, ladrones”, apuntó.

Y añadió: “También nos acusaban de cometer actos de sabotaje eléctrico. Nos responsabilizaban del desastre y la quiebra de la AEE, cuando todo el mundo sabe aquí que la Utier no administra la AEE. Decían que había que tumbar el robo y apagones producidos por la administración de la Utier y que yo devengaba un sueldo de 250 mil dólares, cuando mi sueldo es costeado por la Utier, y por reglamento, es el mismo que devenga un celador IV. Toda esta campaña en contra de nosotros era para favorecer a LUMA y el proceso de privatización”, precisó.

Las publicaciones realizadas en las redes sociales estuvieron accesibles al público desde el momento en que se publicaron hasta la fecha en que se cerraron las páginas de “Tumbe al Tumbe”, el 26 de agosto pasado. INS