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San Juan, 24 sep (INS).- El impacto directo del huracán Fiona expuso de manera cruda la crisis energética por la que atraviesa el país, haciendo necesaria la cancelación de la deuda de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para asegurar la estabilidad y transformación del sistema eléctrico puertorriqueño a juicio de varias organizaciones.
“Ante la crítica situación que enfrenta el país con su sistema eléctrico desde el huracán María y recrudecido con el huracán Fiona, y la precaria realidad económica de la corporación pública, lo sensato es cancelar su deuda tal y como los expertos en finanzas han recomendado”, declaró Myrna Conty, portavoz de la coalición Queremos Sol.
Para la activista ambiental, “no se pueden aceptar acuerdos bajo los parámetros que los bonistas pretenden imponer, que aumentarán el costo de la luz para garantizar el pago total de sus bonos”.
Conty indicó que la negociación con los acreedores de la AEE no es la única vía por lo que debe retomarse el litigio que cuestiona los derechos de cobro.
Expertos en el tema, como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA) con base en Ohio, han recomendado que la respuesta correcta para la AEE es no repagar su deuda en bonos y que sean las aseguradoras y otros intereses financieros quienes respondan a los bonistas.
Luego de tres intentos fallidos de procesos de negociación voluntaria con los acreedores, la ruta correcta es cancelar la deuda para poder darle a la AEE un respiro que le permita enfocarse e invertir sus recursos en la recuperación del sistema eléctrico.
“Desde el día uno hemos expresado que los bonos de la Autoridad son deuda no asegurada y que no gozan de ningún privilegio en pago por encima de los costos operaciones y el sistema de pensiones, ni los bonistas tienen derecho sobre los activos de la corporación pública”, añadió Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.
La abogada explicó que la lucha en los tribunales ahora evita litigios futuros por nuevos impagos, aumentos en la factura y más costos a largo plazo.
Por otro lado, nuevos aumentos en la tarifa para el pago de la deuda pueden tener impactos demoledores en el bolsillo de la gente y la población más pobre de Puerto Rico que podría significar el 42% de los ingresos de las familias para el pago de electricidad.
De igual forma, esta deuda no ha sido auditada y los informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones, deuda emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.
En la madrugada del 17 de septiembre de 2022, y bajo el aviso de huracán, la junta de control fiscal presentó una moción urgente para dar por terminada la mediación y establecer un itinerario de litigio, sin dejar de negociar con las partes, dado a que el equipo de mediación no ejerció su prerrogativa de extender la mediación.
Hoy, tras recibir el informe del equipo de mediación, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico ordenó que se someta una nueva propuesta para continuar con el proceso.
“Tampoco podemos bajar la guardia. El Tribunal favorece la mediación y la experiencia en el pasado ha sido que se puede presentar un nuevo acuerdo en cualquier momento. Es indispensable que tanto la Asamblea Legislativa como el gobernador actúen de forma proactiva en defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, añadió Prados Rodríguez.
La coalición Queremos Sol está compuesta por diversas organizaciones ambientales, laborales y comunitarias entre las que se encuentra Cambio, UTIER, Sierra Club, Comité Diálogo Ambiental, El Puente, y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.INS
ndc