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San Juan, 12 sep (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi y su equipo de gobierno solicitaron hoy a la Junta de Supervisión Fiscal que apruebe una serie de enmiendas que mejorarán la situación fiscal de los municipios, incluyendo que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) actúe como asesor de los ayuntamientos.
“Los municipios brindan servicios directos a la ciudadanía y dan el frente ante los desafíos fiscales, a pesar de la reducción presupuestaria de hasta un 73 por ciento que han sufrido desde 2017. Es por esto que nos dimos a la tarea de identificar herramientas que sirvan para mejorar la situación fiscal municipal, con el fin de que puedan continuar asistiendo a la ciudadanía a través de los servicios que ofrecen”, indicó el gobernador.
Además, informó que solicitó que se le permita al gobierno central, a través de la Aafaf, brindar asistencia técnica a los municipios, de manera que el ente gubernamental ayude a lograr eficiencias administrativas.
“En este rol, la Aafaf, en coordinación con OGP, trabajaría para ayudar a los municipios a proponer enmiendas al Fondo de Consolidación de Servicios Municipales y desarrollaría un plan para implementar eficiencias a nivel municipal”, argumentó Pierluisi.
A tales fines, el gobierno solicitó que se le otorgue a la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la OGP, acceso a los 66 millones que están disponibles, lo que permitiría que la OGP distribuya esos fondos para incentivar la creación de consorcios entre municipios para prestación de servicios.
Omar Marrero Díaz, secretario del Departamento de Estado y director ejecutivo de la Aafaf, sostuvo que “la Junta sostiene conversaciones con los alcaldes y alcaldesas y estas avanzan de manera positiva. Reconocemos que todavía tenemos grandes retos por delante. No obstante, estamos confiados en que las enmiendas que hemos solicitado serán más efectivas para fortalecer la situación fiscal y capacidad administrativa de los municipios”.
Explicó a continuación que luego de las reestructuraciones completadas recientemente, “la situación fiscal del gobierno central es diferente. Motivo por el cual el gobierno tiene la capacidad fiscal de apoyar a los municipios para asegurar que no se afecten los servicios esenciales que rinden, tales como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y estructuras, la seguridad y el manejo de emergencias”.
Asimismo, Marrero señaló que “la experiencia que la Aafaf ha adquirido liderando las pasadas reestructuraciones los capacitan para asistir a los municipios, junto a OGP y Hacienda, y ayudarlos a alcanzar sus metas fiscales”.
Ante esta realidad, en agosto, Marrero Díaz lideró varios encuentros con un grupo compuesto por el secretario de Hacienda, Francisco Parés; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco; el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, por parte de la Federación de Alcaldes; y Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, y Julia Nazario, alcaldesa de Loíza, en representación de la Asociación de Alcaldes.
El grupo de trabajo se organizó con el propósito de discutir las enmiendas propuestas y otras medidas de reingeniería administrativa y de disciplina fiscal para los municipios.
El gobernador también propuso la creación de un Fondo Municipal para Servicios Esenciales, cuyo financiamiento provendría del 25% del exceso anual del superávit del gobierno de Puerto Rico, con un tope de 150 millones, lo que actualmente representa solo un 1% por ciento de los ingresos propios del gobierno.
El primer ejecutivo además propuso que los pagos que actualmente realizan los municipios a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) sean costeados en vez por el gobierno central.
Actualmente, de acuerdo con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y el plan fiscal del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM), este último es responsable de retener las contribuciones de los municipios para con estas remitir los pagos de los municipios a ASES. El costo asociado a esta enmienda asciende a 164 millones por año, aproximadamente.
Por último, el gobierno solicitó que los miembros y personal técnico de la Junta y el grupo de trabajo creado junto a los representantes de los municipios se reúnan para presentarle los datos y el impacto que tendrían los recortes aprobados por la Junta en la prestación de servicios municipales, desarrollado por la Federación y Asociación de Alcaldes, con la asistencia y colaboración de la OGP. INS
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