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Resumen de noticias para el viernes 9 de septiembre de 2022
P. Rico-Expertas en salud reproductiva se oponen a paquete de medidas que pretenden restringir el aborto en la isla
San Juan, 9 sep (INS).- Las organizaciones de base comunitaria Taller Salud y Proyecto Matria, y la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilias) se opusieron ayer al Proyecto del Senado 693 y a los Proyectos de la Cámara 1084, 715 y 1410, que pretenden restringir el aborto en Puerto Rico y, en cambio, avalaron la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403, de la autoría de Mariana Nogales Molinelli, José Bernardo Márquez y Denis Márquez Lebrón.
Las tres entidades participaron ayer ante la Comisión de lo Jurídico de una vista pública que atiende múltiples proyectos relacionados a los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.
La directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amarilis Pagán Jiménez, señaló que los proyectos que rechazan “responden a los intereses de un sector conservador, que insiste en mantener control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres”.
Destacó que el Proyecto de la Cámara 715, que busca establecer que constituirá asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada y cobre la vida del feto, “se aprovecha del impacto emocional causado en el país con la muerte de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz para proponer dar al no nacido carácter de persona”.
Pagán Jiménez rechazó en su alocución el Proyecto de la Cámara 1410, propuesto por los representantes Luis Raúl Torres Cruz y Rafael Hernández Montañez, que busca celebrar un referéndum especial para saber si el electorado elegible desea reconocer el derecho a la vida del concebido.
“El Proyecto de la Cámara 1410 representa una renuncia del poder legislativo a su deber de generar legislación que sea cónsona con los valores y derechos reconocidos en nuestra Constitución y evade asumir una postura sobre el tema del aborto basada en la ciencia, el derecho y un escrutinio estricto sobre sus posibles impactos en las vidas de las mujeres”, señaló Pagán Jiménez.
El presidente de la Comisión, Orlando Aponte Rosario, solicitó a Pagán Jiménez información sobre cómo las situaciones de violencia de género o patrones de maltratos inciden sobre la práctica de las mujeres de continuar o terminar un embarazo en Puerto Rico.
“La Organización Mundial de Salud reconoce a la violencia de género como un factor de riesgo de que las mujeres no tengan acceso a servicios de salud integral, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva. A medida que la mujer no tiene control sobre la toma de decisiones de su maternidad, puede quedar sujeta a las decisiones de esa parte agresora”, indicó.
La directora ejecutiva de Matria dijo que una de las razones por la cual apoya el Proyecto de la Cámara 1403, es “porque es un proyecto que defiende la vida”.
“La medida reconoce que ‘tomar decisiones sobre su cuerpo es parte fundamental de la autonomía, dignidad y del ejercicio de la intimidad de una persona’”, señaló Pagán Jiménez.
En tanto, la asesora de abogacía y acceso al aborto de Profamilia, Frances Collazo Cáceres, aportó que el Proyecto de la Cámara 1403 “tiene como propósito codificar el estado de Derecho actual con respecto al servicio de salud de aborto en Puerto Rico y es cónsono con el precedente de nuestra jurisdicción hacia la garantía de acceso a la salud reproductiva de las mujeres y personas embarazadas”.
Collazo Cáceres enumeró en su ponencia cuatro razones de importancia para aprobar el Proyecto de la Cámara 1403: “Frenar el acecho y persecución política que recientemente ha aumentado contra los profesionales de la medicina; limitar la inflamación de la crisis falsa con el aborto que se lleva creando entre las sillas legislativas, lideradas por partidos políticos de minoría sectaria fundamentalista; el ahorro de fondos públicos es necesario y urgente; y coloca un límite a la intervención del gobierno en las decisiones personalísimas propias del derecho a la intimidad de las mujeres y su relación médico-paciente”.
Al mismo tiempo, la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, se unió al apoyo de las demás organizaciones al Proyecto de la Cámara 1403, que busca establecer la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.
En la vista pública participaron también los representantes populares Estrella Martínez Soto y Lydia Méndez Silva; la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli; el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón; y la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. INS
P. Rico-Comisionados del PPD y PNP rechazan enmiendas al Código Electoral y se aferran a versión aprobada por el Senado
San Juan, 9 sep (INS).- En la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el representante José “Conny” Varela para enmendar el Código Electoral, los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) rechazaron ayer que se le hagan enmiendas a la versión del Código aprobado por el Senado.
A la audiencia pública comparecieron Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del PNP, y Ramón Torres, comisionado del PPD, a quienes se les pidió que comentaran sobre el PS 909, aprobado por el Senado con la oposición de los partidos minoritarios, así como también sobre el Sustitutivo a los P. de la C. 14 y 114, que fuera sometido previamente por la Comisión de Asuntos Electorales.
“Respetuosamente, reiteramos nuestra posición que el PS 909, tal y como fue aprobado en el Senado con el apoyo de los partidos de mayoría en Puerto Rico, debe ser aprobado por la Cámara de Representantes. No obstante, señalamos nuestra oposición a algunos elementos del Sustitutivo”, expresó Santo Domingo durante la lectura de su ponencia.
A pesar de que la comisionada del PNP pidió que se aprobara el PS 909 según aprobado con los votos del PNP en el Senado, condicionó su apoyo a que se atiendan varias “deficiencias” contenidas en la pieza legislativa. Entre ellas, pidió revisar las secciones 3, 5, 6, 9, 14, 67, 82 y 85 de esta medida “para asegurar mayor transparencia y pulcritud de los procesos electorales”.
Mientras, Torres también mostró su apoyo al proyecto senatorial haciendo hincapié en que “esta medida es un primer paso para una reforma electoral necesaria e impostergable”.
El representante Varela cuestionó a los comisionados sobre varios aspectos del Código, tales como las garantías sobre el voto adelantado y la posibilidad de lograr participación efectiva de todos los partidos políticos en las oficinas más importantes de la Comisión.
En tanto, los representantes José Bernardo Márquez y Jesús Santa cuestionaron a los comisionados sobre las posibles formas de viabilizar las alianzas y/o candidaturas coaligadas.
Ambos comisionados expresaron su oposición a estas medidas. Además, Santa expresó su preocupación de que, conforme al Código aprobado, la fecha de las primarias de 2023 sería justo durante el cierre de la última sesión legislativa del cuatrienio.
“Nos comprometimos a llevar a cabo una evaluación cuidadosa de las enmiendas al Código Electoral, para evitar los problemas que ocurrieron durante el proceso electoral de 2020. Luego del testimonio de los comisionados del PNP y PPD, así como los testimonios recibidos en las vistas anteriores, nuestra Comisión estará en mejor posición de evaluar todos los planteamientos y trabajar una revisión con los cambios necesarios para que el Código Electoral le devuelva a nuestro sistema electoral la confianza que se laceró luego de la aprobación apresurada de los cambios de 2020”, concluyó Varela. INS
P. Rico-Residentes de La Perla están indignados por ordenanza municipal que cede en arriendo estructura histórica a cambio de un dólar anual
San Juan, 9 sep (INS).- La junta comunitaria de la barriada La Perla expresó ayer su indignación ante la decisión de la legislatura municipal de San Juan y del alcalde, Miguel Romero, de ceder en arrendamiento por un dólar anual por 10 años la principal estructura histórica de la comunidad.
El acuerdo es “con una supuesta organización sin fines de lucro que aparenta estar vinculada a inversionistas beneficiarios de la Ley 22”, señalan los vecinos.
Según Yashira Gómez, presidenta de la junta comunitaria, la decisión de la legislatura municipal no fue consultada con la comunidad a pesar de que ésta había expresado su interés de que se identificaran fondos para rehabilitar la estructura, que fue severamente afectada por el huracán María y que en el pasado sirvió de biblioteca electrónica y centro de actividad cultural de la comunidad.
“La estructura, construida en el siglo 18 y que tradicionalmente se ha conocido como ‘El Matadero’, fue declarada patrimonio histórico por el Instituto de Cultura hace muchos años. En innumerables ocasiones le expresamos al alcalde nuestro interés en que se rehabilitara. Habíamos hecho acercamientos con ingenieros, arquitectos y con el sector privado para establecer un comité de trabajo que en alianza con el gobierno le devolviera el brillo a esta estructura”, recalcó Gómez.
La propuesta de la junta de residentes incluía un museo histórico de la comunidad, un centro de visitantes para formalizar los recorridos guiados que se iniciaron luego de la revitalización de fachadas del 2017, en alianza con múltiples empresas locales, así como una sala de enseñanza de instrumentos musicales que interesaba apadrinar la fundación del cantante Luis Fonsi.
“La alegada organización sin fines de lucro a la que se le ha cedido la estructura histórica, pertenece a las personas que establecieron un gimnasio en la comunidad, luego del resurgir que tuvo en 2017. No son residentes y nunca estuvieron relacionados con la comunidad. Fundaron el Team La Perla Boxing, gimnasio que fue financiado por uno de los beneficiarios de la Ley 22 y youtuber Jake Paul, quien ha manifestado en las redes sociales que solo se mudó a la isla para no pagar impuestos”, añadió Carmen Lourdes López, vicepresidenta de la junta comunitaria.
Según los residentes, ninguno de los funcionarios de Desarrollo Económico y Comunitario del municipio ni el alcalde ni los integrantes de la legislatura municipal convocaron a una reunión comunitaria para recoger el sentir de la comunidad.
“No solo es un atentado a la conservación de nuestra historia, sino que denota el menosprecio por lo que podría ser el inicio de esfuerzos por sacarnos de nuestra comunidad o la llamada gentrificación que ya amenaza a otros sectores de San Juan y al resto de la isla”, apuntó Gómez, quien exigió que se revoque la ordenanza municipal y en su lugar, se identifiquen fondos de las partidas federales asignadas para la rehabilitación de las zonas afectadas.
“El Matadero” se construyó durante la época de los esclavos y muchos de estos, al ser expulsados de la zona amurallada, construyeron sus viviendas a su alrededor. La estructura constituía un área de actividad comercial donde se mataban reses para la venta y gradualmente se convirtió en el eje central de la comunidad alrededor del cual es edificaron cientos de casas por los jíbaros que emigraban a San Juan. INS
P. Rico-Senador Villafañe propone incentivar a empresas dedicadas al reciclaje y compostaje de desperdicios sólidos
San Juan, 9 sep (INS).- El senador William Villafañe presentó ayer un proyecto que tiene como propósito incentivar el establecimiento y operación de empresas dedicadas al reciclaje y compostaje en Puerto Rico.
Villafañe explicó que a través del Proyecto del Senado 1012 propone que se enmiende el título del capítulo 8 de la Ley 60-2019, según enmendada (Código de Incentivos de Puerto Rico) para incluir a la industria del reciclaje y compostaje dentro de las industrias exentas del pago de contribuciones sobre ingresos sobre el 90% de sus ingresos que provengan directamente del negocio de reciclaje o compostaje, durante los primeros cinco años de operación.
“En Puerto Rico tenemos que fomentar el reciclaje y compostaje de los residuos, porque como isla no tenemos más espacio para continuar creando vertederos y los que tenemos disponibles tienen una vida útil limitada. El manejo de los desperdicios sólidos es un asunto crítico, que incide en la salud de las comunidades, la economía, así como el desarrollo y la planificación de Puerto Rico”, expresó el legislador.
En la exposición de motivos, el senador resaltó que “la política pública de Puerto Rico ha reconocido la importancia del reciclaje para atender los retos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos. La situación actual de nuestros vertederos sugiere que todavía existen múltiples barreras en torno al desarrollo del reciclaje en nuestra isla”.
Añade que “ante ello, hay que cuestionarse sobre cuáles son las principales limitaciones que enfrenta la industria del reciclaje local, en especial, la efectividad de los incentivos regulatorios y financieros que se han otorgado a través del tiempo”.
De aprobarse la medida y el gobernador Pedro Pierluisi convertirla en ley, entrará en vigor de manera inmediata. Además de beneficiar a las empresas e industrias de compostaje, podría beneficiar a agroindustrias dedicadas a la agricultura e industrias pecuarias. Las empresas que deseen beneficiarse de este incentivo deberán proveer evidencia de que el 51% o más de su ingreso bruto proviene de la industria de reciclaje y compostaje.
“Se trata de una propuesta de planificación ambiental y social que tiene impacto positivo en la economía de Puerto Rico. Es momento de crear conciencia y actuar respeto a lo que son los desperdicios sólidos. Ya no podemos seguir hablando de basura, tenemos que entender que nuestro consumo tiene repercusiones en el medio ambiente y de eso es lo que se trata, de buscar alternativas”, añadió el legislador. INS
ndc