Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 8 de septiembre de 2022
P. Rico-Condenan a Nelson del Valle a 57 meses de prisión por corrupción
San Juan, 8 sep (INS).- El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson del Valle Colón fue sentenciado ayer a 57 meses de prisión al ser declarado culpable de un esquema de soborno en la modalidad de comisiones ilegales y que involucró a tres empleados de su oficina legislativa. También se le ordenó el pago de 190 mil dólares en concepto de restitución.
La condena fue fijada por la jueza federal Silvia Carreño Coll en el Tribunal federal, donde el exlegislador compareció presencialmente junto a sus abogados José Vélez Goveo y Lester Arroyo Crespo.
Del Valle Colón, de 56 años, se declaró culpable de soborno en programas federales el 31 de marzo de 2022. Según los documentos judiciales, Del Valle Colón fue elegido miembro de la Cámara en 2016. A partir de entonces, contrató a Mildred Estrada Rojas, de 55 años, y a su hija, Nickolle Santos Estrada, de 33 años, ambas de Bayamón, para que trabajaran en su oficina legislativa.
Sin embargo, a cambio de su empleo y sus salarios, Estrada y Santos pagaron sobornos quincenales a Del Valle Colón de entre aproximadamente 500 y 1,300 dólares desde principios de 2017 hasta aproximadamente julio de 2020.
Según las declaraciones realizadas en relación con sus declaraciones, Del Valle Colón, Estrada y Santos admitieron que las comisiones ilegales quincenales se pagaban de diversas maneras. Estrada y Santos generalmente pagaban sus sobornos quincenales en efectivo en sobres que entregaban a Del Valle Colón en oficinas en el edificio del Capitolio en el Viejo San Juan.
Estrada a veces pagaba sus sobornos a Del Valle Colón a través de ATH móvil. Otro individuo que trabajó para Del Valle Colón en su oficina legislativa también acordó pagarle sobornos quincenales en efectivo durante el tiempo en que fue empleado.
Está previsto que Estrada sea condenada el 28 de septiembre. La sentencia de Santos está prevista para el 16 de septiembre. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las directrices de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. INS
P. Rico-Cámara de Representantes defenderá en el Tribunal federal la validez de la Reforma Laboral
San Juan, 8 sep (INS).- Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impugnara la validez de la Reforma Laboral (Ley 41-2022) ante el Tribunal federal, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, anunció ayer que ese cuerpo legislativo presentó un recurso legal para intervenir en la demanda, con la finalidad de defender la validez del estatuto que les devolvió los derechos a los trabajadores en Puerto Rico.
“La Cámara, una vez más, demuestra que cumple su palabra y que está del lado de la clase trabajadora del país. Con nuestra intervención en esta demanda litigaremos en los méritos para evidenciar que la JSF miente con sus argumentos meramente filosóficos, y que se equivoca al intentar reglamentar un asunto concerniente al sector privado”, afirmó Hernández Montañez.
En la demanda, en la que solamente incluyeron al gobernador, por lo que la Cámara se vio obligada a solicitarle al tribunal intervenir en el pleito, la Junta argumenta que la entrada en vigor de la Ley 41-2022 sería perjudicial para la economía del país.
Sin embargo, el organismo fiscal fundamenta esa posición utilizando una presentación de PowerPoint que no incluye datos empíricos sobre la condición económica de la isla.
En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, sostuvo que “la implementación de la Reforma Laboral no ha rendido los frutos que la JSF aseguró hace cinco años. La Reforma, impulsada por la administración del Partido Nuevo Progresista y la JSF, fue un experimento fallido”.
Asimismo, el presidente cameral señaló que la realidad económica de 2017, cuando se enmendó el estado de derecho laboral en la isla, es completamente distinta al panorama actual.
“La JSF no puede establecer ni fundamentar su posición de que la Reforma haya impulsado el desarrollo económico, por lo que tampoco puede sostener que la implementación de la Ley 41-2022 tendrá el efecto contrario”, agregó Hernández Montañez.
Torres García indicó que está confiado en que la postura de la Cámara prevalecerá, y añadió “que tal y como lo hicimos con la Ley de Retiro Digno, no descansaremos hasta agotar los últimos recursos y acudir a todos los foros pertinentes para defender la validez de esta Ley y garantizarles los derechos a todos los empleados del sector privado”.
La Ley 41-2022 fue firmada el pasado 20 de junio, luego de 18 meses de diálogo y negociaciones entre todos los partidos representados en la asamblea legislativa, y de innumerables vistas públicas en las que las partes interesadas tuvieron la oportunidad de participar y expresar sus posturas. INS
P. Rico-PIP aprueba su política institucional para evaluación y solución de conflictos entre militantes por discrimen en razón de género
San Juan, 8 sep (INS).- La secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, anunció ayer la aprobación del “Protocolo y política institucional para la evaluación y solución de conflictos basados en discrimen por razón de género”, para atender situaciones surgidas entre la militancia dentro del contexto del trabajo voluntario, convirtiéndose el PIP en el primer partido en la isla que cuenta con este instrumento.
“En los pasados meses, desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer y Género nos dimos a la tarea de redactar este documento, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de todas las mujeres y las personas de la comunidad Lgbttiq+ que militan en el PIP”, explicó Gutiérrez Colón.
La abogada explicó que, aunque existe legislación vigente en Puerto Rico para prohibir el discrimen por razón de género, el acoso laboral y el hostigamiento sexual en contextos laborales, no existe disposición alguna diseñada para contextos de trabajo voluntario dentro de los partidos políticos, lo que hace de esta política institucional un instrumento novel y único en Puerto Rico.
“El propósito es establecer principios y procedimientos que sirvan de herramientas para aquellas personas que necesiten presentar situaciones que hayan surgido dentro del espacio de trabajo político, y que requieran acción para asegurar que los mismos sean espacios seguros, libres de discrimen y prejuicios, tipificar conductas inaceptables, identificar responsables y fijar consecuencias”, agregó Gutiérrez Colón.
Dijo que como punto de partida para la redacción del documento recurrieron al protocolo modelo de la Organización de Estados Americanos, y examinaron documentos similares de distintos países de América Latina.
La próxima semana comenzará una serie de talleres alrededor del país, dirigidos a difundir el protocolo y a orientar sobre el tema a la militancia pipiola. INS
P. Rico-Pierluisi presenta proyecto para atender la crisis de salud en la isla
San Juan, 8 sep (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi presentó ayer una medida de administración que atiende directamente la frustración recurrente manifestada por los médicos y proveedores de salud en relación con la dificultad para ser contratados por las aseguradoras.
En particular, la necesidad de enviar información similar y de manera continua a múltiples planes médicos en el proceso de verificación de sus credenciales (“credencialización”), y que desafortunadamente en ocasiones se prolonga por largos meses, creando una limitación significativa a los servicios de salud.
“El éxodo de la clase médica en Puerto Rico ha creado una situación preocupante de salud pública, que dificulta el acceso a los servicios básicos y especializados de salud que tanto necesita nuestra población. Para atender esta crisis, mi oficina se ha dado a la tarea -junto a un Comité de Salud compuesto por representantes de la mayoría de los sectores de salud, el Departamento de Salud y la ASES- de desarrollar iniciativas que promuevan la permanencia de médicos en Puerto Rico”, explicó Alexander Adams Vega, comisionado de Seguros.
Una de las problemáticas ampliamente reconocidas por los miembros de este Comité de Salud radica en la larga espera y dificultades que enfrentan los médicos recién graduados y otros profesionales de salud para lograr obtener un contrato con las aseguradoras de planes médicos.
“El sistema actual exige a los profesionales de la salud que presenten múltiples solicitudes y formularios de credencialización ante cada asegurador con el que interesa contratar creando redundancias significativas que limitan a nuestros proveedores a brindar sus servicios de salud que tanto se necesitan”, añadió Adams.
En el afán de facilitar, simplificar y evitar redundancias se conceptualizó el Proyecto del Senado 994 / Proyecto de la Cámara 1459, con el propósito de hacer que la credencialización de proveedores que brindan servicios bajo el Plan de Salud del gobierno, Plan Vital, y planes médicos privados sea más eficiente, ágil y menos onerosa.
El proyecto promueve el uso de un formulario de solicitud único y uniforme para la recopilación de datos necesarios en el proceso de verificación de las credenciales.
Los formularios de solicitud estandarizados permitirán a los proveedores enviar información una sola vez para lograr ser credencializados o re-credencializados. La intención es que ningún asegurador u organización de seguros de salud o su intermediario requiera que un profesional o institución de servicios de salud presente información adicional o distinta a la que sea requerida en el Formulario Uniforme de Solicitud adoptado por el Secretario de Salud.
Además, se enmienda el Código de Seguros de Salud para especificar que una verificación de las credenciales de un proveedor por el comité central revisor establecido bajo el Programa Medicaid exitosamente completada, sea aceptada para propósitos de cumplir con los requisitos de credencialización de seguros de salud en el sector privado. INS
P. Rico-Cámara evalúa que la ASES sea pagador único de servicios médicos de Plan Vital
San Juan, 8 sep (INS).- La Administración de Seguros de Salud (ASES) expresó ayer ante la Comisión de Salud de la Cámara su oposición a una medida que busca que la agencia se convierta en el pagador único directo de los servicios médicos provistos por las entidades y facilidades hospitalarias públicas a los beneficiarios del Plan Vital.
Entre ellas, el Proyecto del Senado 2 incluye el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, Hospital Pediátrico Universitario, Hospital Universitario de Adultos, Hospital Universitario Doctor Ramón Ruiz Arnau (Hurra) de Bayamón y el Cuerpo de Emergencias Médicas.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, la ASEM, ente a cargo de la administración del Centro Médico, se encuentra en una difícil situación económica junto con el resto de las entidades que prestan servicios médico-hospitalarios.
Por tal razón, la medida identifica como problema principal el sistema de pago adoptado para pagarle a estas instituciones y propone remover parte del rol de las aseguradoras mediante un mecanismo interno en el que la ASES se convierta en el pagador directo de las entidades por los servicios que prestan a los beneficiarios del Plan Vital.
Sin embargo, la ASES rechazó que el modelo propuesto sea la mejor forma de atender el problema fiscal que confrontan estas entidades y facilidades hospitalarias. Para la agencia, la medida legislativa se aparta de lo aprobado por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS), por lo que requerirá someter un “sinnúmero” de enmiendas al plan estatal vigente.
“Debe resaltarse que estas enmiendas involucran demostrarle al gobierno federal que el Estado puede cumplir con la responsabilidad fiscal… Estos cambios podrían tener serias repercusiones”, opinó la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín Ramos, mientras declaró que, por un lado, se estaría trastocando la liquidez de las aseguradoras, en la medida que el pago de primas se vería reducido.
Aparte, explicó que los fondos del plan de salud del gobierno provienen de un pareo entre fondos estatales y federales. Sin embargo, los fondos federales se reciben mediante un mecanismo de reembolso y, en caso de que ASES se convierta en el pagador directo, habría que asignarle los fondos estatales correspondientes a la partida federal que, posteriormente, podrían ser reembolsados.
Marín Ramos detalló que, convertir a la ASES en pagador único requerirá la modificación de andamiaje administrativo; el reclutamiento de una cantidad considerable de personal que debe contar con el conocimiento y experiencia necesaria para realizar las labores de las aseguradoras; una asignación presupuestaria adicional; la transferencia de todos los datos bajo la custodia de las aseguradoras y la incorporación de infraestructura tecnológica para el manejo de estos.
“Si se hacen los esfuerzos con el gobierno federal y se lograra la autorización del concepto pagador único bajo la excepción que establece la ley federal, ¿la ASES estaría en posición de buscar ese cambio?”, cuestionó la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado.
“La ASES puede buscar el cambio. Si la política pública a la que nos queramos dirigir es esa, obviamente, nos tenemos que mover en esa dirección. Lo que pasa es que son andamiajes sumamente complejos”, respondió Marín Ramos.
Añadió que “nos tomará varios años llegar a un modelo como ese. Sin embargo, atendiendo parte de lo que la medida está proponiendo, y que yo sé que el sector en conjunto queremos atender, tenemos que buscar el mecanismo de requerir durante estos próximos años a las aseguradoras y/o establecer cómo va a ser ese proceso de negociación de las tarifas”.
En tanto, la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe señalaron como parte de una postura compartida que asignar tarifas justas a ser pagadas por los planes médicos de acorde a los gastos reales de las facilidades de salud del gobierno es “apremiante, urgente y necesario”, pero que no debe ser limitado únicamente a los pacientes adscritos al Plan Vital, como presupone el PS 2.
El director de Recursos Fiscales de la ASEM, Paul Barreras, afirmó a la comisión cameral que en aras de garantizar que el Centro Médico de Puerto Rico, el Hospital de Trauma, el Centro Cardiovascular y los hospitales del gobierno permanezcan abiertos es necesario una inyección económica adicional de aproximadamente 70 millones de dólares anuales.
“El hecho de que todos sabemos que en el Centro Médico todo paciente va a ser atendido y tratado es una ventaja para el pueblo y un beneficio para los más indigentes. Pero, en términos económicos, el único que se beneficia del servicio que ofrecemos son los planes médicos que no pagan tarifas justas por los servicios que ofrecemos en nuestros hospitales públicos”, manifestó Barreras.
Ambas entidades sostuvieron que ven beneficioso que las tarifas que pagan los planes médicos a las instalaciones del Estado sean revisadas con estudios actuariales cada dos años, según dispuesto en la medida senatorial.
No obstante, opinaron que no debe limitarse a lo que pagan los planes en el plan de salud del gobierno, sino que debe extenderse a todo plan médico que haga negocios en Puerto Rico, independientemente del segmento, ya sea Medicaid (Vital), comercial-privado, Medicare y Medicare Advantage, así como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
Además, el P. del S. 2 requeriría establecer un mecanismo para que ASES pueda manejar las reclamaciones, reconciliaciones y el trámite operativo de las mismas, que en el pasado operaba bajo un sistema subcontratado por un modelo de administración terciaria (TPA).
Bajo ese modelo, tanto la ASEM como el Centro Cardiovascular recomiendan que sea la ASES, y no el TPA, la entidad que establezca las tarifas a pagar a las instituciones del gobierno para los beneficiarios del Plan Vital, revisables cada dos años.
“Nuestro humilde llamado es a la unión de propósitos y voluntades para poder identificar fuentes de ingreso adicionales. Estamos trabajando sin descanso para presentar propuestas adicionales que no representen aumentos contributivos para los puertorriqueños”, puntualizó Barreras.
El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en tanto, denunció que el mayor reto que enfrentan en cuanto a los servicios que brindan a los pacientes del Plan Vital es que las tarifas existentes no cubren adecuadamente el costo real de los servicios prestados.
Asimismo, la falta de procesos uniformes entre las distintas aseguradoras del Plan Vital es también la causa de atrasos sustanciales en el proceso de facturación y cobro, lo cual a su vez resulta en ingresos menores para la institución, aseguró el doctor José Quijada González, subdirector ejecutivo del Centro Comprensivo.
Entre las situaciones que enumeró se encuentra la credencialización de proveedores; contratación de servicios; reglas de facturación distintas; políticas médicas propietarias; falta de uniformidad en tarifas contratadas; información de beneficiarios no actualizada; y procesos complicados de reclamación. INS
ndc