R. Dominicana-Procuradora general advierte hay presiones sobre el Ministerio Público a través de campañas mediáticas de descrédito

Santo Domingo, 7 sep (INS).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, advirtió este miércoles que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden quitar mérito a su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser defensas anticipadas.

Explicó que el poder punitivo, por su vocación de excederse, encuentra unos límites claramente definidos en el Derecho que no pueden ser ignorados.

Germán Brito se refirió al tema al pronunciar las palabras de apertura en el Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal organizado por el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP), a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) de República Dominicana.

“Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado”, dijo al declarar que solo queda apelar “a que la proactividad, la objetividad, la prudencia y el sentido de justicia presidan su accionar en beneficio de la comunidad”.

En el acto de apertura del evento, celebrado en la Biblioteca Pedro Mir, de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), estuvieron presentes el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, así como la directora de la ENMP, Marien Montero.

La funcionaria reaccionó en esos términos al responder a rumores que circulan en las redes sociales sobre unas supuestas confrontaciones con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso Gómez, la principal investigadora en los casos de corrupción que se conocen en los tribunales dominicanos.

La campaña se sustenta en una alegada diferencia de opinión sobre el acceso a la “carpeta fiscal” de una investigación que una jueza realiza al exministro de Hacienda Donald Guerrero con relación a un entramado de corrupción en la adjudicación irregular a particulares de terrenos estatales meses antes de que el presidente Danilo Medina Sánchez entrega el poder en agosto del 2020.

El plan ha sido aprovechado por los abogados de un grupo de ex funcionarios y particulares allegados a la pasada administración gubernamental, para restar mérito al órgano de persecución de los delitos.

Esas personas se encuentran guardando prisión preventiva, a la espera de juicios penales, bajo acusación de cometer fraudes millonarios al erario, entre ellos generales militares activos, oficiales policiales y un ex procurador general.

“Me satisface enormemente compartir unas palabras con ustedes en ocasión de este Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal, que sirve, a su vez, para dar clausura a la maestría del mismo nombre que han cursado. Es de gran importancia capacitarse para la función, pero más importante aún es llevar lo aprendido a la práctica teniendo como norte un sentido de justicia y razonabilidad”, dijo Germán Brito.

Indicó que “el tema que nos ocupa es fundamental para un actor del sistema de justicia como lo es el Ministerio Público. Implementar la política criminal del Estado de manera efectiva implica hacer un análisis permanente e inteligente de la criminalidad”.

Precisó que todos los organismos que colaboran con las investigaciones penales tienen que contar con las herramientas adecuadas que permitan identificar los elementos críticos que configuran la actividad criminal como fenómeno complejo y multicausal. “De esta forma podemos establecer prioridades que den una respuesta más precisa y contundente al crimen”, añadió.

“Quiero resaltar que la dirección funcional de la investigación, principio de raigambre constitucional que es concretizado en el artículo 10 de la ley orgánica 133-11, es solo realizable bajo un esquema de colaboración conjunta que favorezca dinámicas de trabajo eficaces que permitan la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional o cualquiera otra agencia ejecutiva, de seguridad o de gobierno, que cumpla tareas auxiliares de investigación con fines judiciales”, señaló.

Germán Brito dijo estar de acuerdo con que, en el marco del proceso penal, existe un deber de respetar el principio de legalidad, demostrando transparencia y coherencia en la aplicación de las normas penales y de las directrices institucionales, motivando cada pretensión, “con miras a eliminar el exceso de discrecionalidad”.

“Sin embargo, una preocupación seria es el hecho de que se persigan todos y cada uno de los delitos, sin distinción alguna del bien afectado y el daño social. Uno de los principios fundamentales del derecho penal democrático es el principio de ultima ratio, el cual implica que la persecución debe ser de uso extraordinario. Tal como plantea el artículo 2 del Código Procesal Penal, si es posible solucionar un conflicto por otras vías, esa es la primera opción”, manifestó.

Añadió que “no podemos caer en las tentaciones del populismo penal y perder la objetividad y proporcionalidad que deben guiar cada una de nuestras actuaciones. La pena, con todas sus consecuencias y su alto costo, tiene que reservarse para los casos de mayor gravedad, en donde sea imposible aplicar cualquier salida alterna”. INS

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